En medio de un contexto de denuncias por irregularidades y la reciente renuncia del ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, Leandro Camani, conocido como “el rey de las fotomultas”, busca consolidar su negocio millonario basado en un sistema cuestionado por la validez de las infracciones emitidas.
A través de sus empresas Secutrans y Tránsito Seguro, Camani opera un esquema de control vehicular que incluye 1.500 cámaras distribuidas en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires. Este modelo genera ingresos de aproximadamente 1 millón de dólares diarios, pero está envuelto en una controversia por el alto porcentaje de multas consideradas inválidas.
Se estima que entre el 60% y el 70% de las infracciones emitidas contienen errores graves, como fotos que no corresponden al vehículo o su dominio, multas ficticias en lugares donde el conductor nunca estuvo, irregularidades en la identificación del infractor.
Estas fallas han motivado quejas recurrentes de los conductores y la intervención de los seis juzgados habilitados en la provincia para revisar estas infracciones.
En 2023 la empresa generó ingresos por $386 mil millones, y se espera que en 2024 esa cifra aumente en un 30%. Sin embargo, el dato alarmante es que entre el 60% y el 70% de las fotomultas emitidas son nulas, ya que presentan errores o irregularidades, como imágenes de vehículos mal identificados o con datos incorrectos.
Las fotomultas en la provincia de Buenos Aires son gestionadas por empresas privadas que, además de instalar las cámaras, procesan las infracciones. Aunque la normativa establece que las actas con errores no deben ser procesadas, Secutrans ha sido acusada de seguir adelante con el cobro de multas erróneas, pese al rechazo de los usuarios.
El negocio de las fotomultas se consolidó durante la gestión de María Eugenia Vidal, cuando Camani firmó un convenio de concesión, en noviembre de 2019. A partir de entonces, las cámaras se distribuyeron en diversos puntos clave, especialmente a lo largo de la Ruta 2, una de las más transitadas hacia la Costa Atlántica.
El empresario, conocido por su vinculación con el mundo del espectáculo y la farándula, también ha establecido importantes lazos políticos. Además, su empresa alimentó los vínculos con distintas figuras del transporte bonaerense, un factor que le permitió consolidar su dominio en el sector.
La polémica en torno a Secutrans se intensificó al revelarse que, a pesar de que las actas mal confeccionadas deberían ser anuladas en los juzgados de faltas, la empresa sigue procesando y cobrando multas inválidas. Una clara violación de la normativa, ya que la ley establece que en caso de duda, el beneficio debe ser siempre para el conductor.
El vínculo de Camani con la política, las denuncias por fraude en la gestión de espectáculos (compró los derechos de la organización de los Premios Martín Fierro) y su relación con cuestionados personajes de la farándula contribuyeron a que su figura se torne aún más controvertida. Mientras tanto, gracias a un sistema que parece estar diseñado para beneficiar a unos pocos a expensas de miles, el “rey de las fotomultas” sigue avanzando con su lucrativo negocio.
Municipios involucrados
El alcance del negocio de Camani incluye localidades clave como Lezama, Chivilcoy, Escobar, San Antonio de Areco, La Matanza, Morón, y Mar del Plata, entre otras. Este despliegue asegura un flujo constante de ingresos, pero también lo coloca en el centro de la controversia por la falta de transparencia y efectividad en el sistema.
Con el futuro de la concesión en revisión y un creciente malestar social, el modelo de negocio de Camani enfrenta un desafío crítico. Mientras tanto, miles de conductores continúan cuestionando la validez de las multas que alimentan este esquema millonario.
Embed