Laura Rodríguez Machado sostuvo que no se afilió a La Libertad Alianza, tal como lo hizo Patricia Bullrich y que en Córdoba aún no hay definiciones en ese sentido, “porque el partido está intervenido y no se puede hacer nada, no hay nada”. En diálogo con el programa “Punto y Aparte” (Punto a Punto Radio 90.7), la diputada habló del dictamen aprobado para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
-¿Firmó su ficha de afiliación a La libertad avanza?
-No, no. Yo no firmé nada. La ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) tomó una decisión que, en definitiva, reo que es natural, porque ella está trabajando para el Ejecutivo y forma parte de un gobierno. Lo que nosotros hemos decidido en el PRO, que integra o que integraba Bullrich, es tener una estrategia provincia por provincia en relación a nuestra definición política. Tanto el presidente del partido, Mauricio Macri, como las distintas líneas, estamos convencidos que hay que ayudar al presidente Javier Milet. La modalidad de esa ayuda está variando en relación a cómo son las negociaciones en cada provincia. Hay algunas, como Buenos Aires, en las que se ha producido una afiliación de algunos intendentes a La Libertad Avanza. En otras, como Santa Fe, no fue así. Y hay distritos que todavía no han tomado esa definición, como Córdoba, puesto que recién en agosto se van a tomar decisiones electorales que tienen que ver con cuáles van a ser los acuerdos de trabajo conjuntos. Lo que absolutamente está fuera de discusión es que el PRO, de las distintas maneras como se encuentra en la provincia, va a seguir apoyando al gobierno nacional.
¿En Córdoba no hay definiciones entonces?
-Primero, hay que decir que en la provincia de Córdoba el partido está intervenido. No hay autoridad, no hay nada. Lo único que hay es un interventor que todavía está tratando de revalidar su título en la Justicia, porque está la jueza Servini tratando de determinar si es válida o no esa intervención. Y también hemos revalidado la pertenencia de todos los diputados nacionales al bloque del PRO, y eso fue anunciado por el presidente del bloque, Cristian Ritondo.
Nuevo régimen pata la delincuencia juvenil
-Finalmente hubo dictamen para reducir la edad de punibilidad de 16 a 14 años con algunos cuestionamientos. ¿Cuáles son los principales motivos que están detrás de la baja de la edad de imputabilidad de menores?
-No sólo hemos aprobado en la Cámara de Diputados una baja de la edad de imputabilidad de menores, sino también un despacho, que es lo que luego va a ser tratado en el recinto para que sea validado o no con los votos a favor o en contra en general y en particular de todo el régimen penal juvenil en la Argentina. Hoy, ese régimen data de la época de la dictadura y durante 40 años el Congreso no se ha puesto de acuerdo para modificarlo. Los artículos actuales no han solucionado la problemática de la delincuencia juvenil. El termómetro social, la percepción y quienes han estado también bajo penas carcelarias, saben que el régimen actual es un fracaso. Entonces hemos reemplazado o intentamos reemplazar el actual por uno nuevo.
-¿Qué dice este nuevo?
-Además de actualizar la edad de imputabilidad, se analizó a partir de qué edad un joven o un adolescente, va a ser responsable por sus actos cuando estén en conflicto con la ley penal. Para eso llamamos a neurólogos, a psicólogos, médicos y todos unánimemente establecieron que la posibilidad de discernimiento y capacidad de interpretación ha bajado y está el número que nosotros entendimos que era de consenso y razonable: los 14 años.
-A partir de ahí el menor es responsable de sus actos. ¿Qué pasa con este régimen y con esta responsabilidad que ahora modifica la edad de imputabilidad?
-El juez penal va a tener a través de este régimen distintos procesos. Uno es el punitivo, es decir, qué sanción se le da. Esa sanción va a variar en función del delito que cometa. Si son delitos menores no va a ir preso, hay sanciones alternativas a la prisión. Pero si comete delitos de homicidio y los delitos que estamos viendo, sí va a tener un régimen de pena privativa y la libertad. ¿Dónde? En lugares para menores, no en cárceles comunes con adultos. ¿Cuánto tiempo? El tiempo máximo son 15 años. Va a depender, por supuesto, de los agravantes y atenuantes que existen en el derecho penal. Les vamos a dar a los jueces penales instrumentos que hoy no tienen. Vamos a generar distintas políticas de reinserción social que hoy tampoco hay.
-¿Qué instrumento va a garantizar que estos adolescentes imputados reciban efectivamente un trato diferenciado y adecuado a su edad en el marco de este sistema?
-Actualmente, los jóvenes que están en conflicto con la ley penal y que reciben pena tienen entre 16 y 18 años, Pero solamente les aplican una pena porque como en la ley actual no existe todo este procedimiento que nosotros estamos generando, además de penas alternativas, de proyectos, puede ser que algún juez ordene algo, pero no es una cuestión. Entonces no da resultado porque no existe. Intentamos que esos menores no sigan delinquiendo
-¿Tiene el estado los organismos adecuados para alojarlos? Eso porque se supone que con la baja de la edad de imputabilidad crecerá el número de penados.
-Pero también sabemos que hay menores de 14 que están detenidos sin ningún tipo de proceso y en un gris con alguna especie de tutela judicial. ¿Por qué? Porque nadie quiere soltarlos, ya que cometen atrocidades. Entonces, realmente cada provincia, porque la parte procesal es provincial, cómo mejora su sistema carcelario.