El remate de una suntuosa vivienda que había sido adquirida con bienes mal habidos por el exintendente kirchnerista mendocino Luis Lobos tiene, además de un enorme significado simbólico, una consecuencia tan justa como práctica: lo recaudado por la venta de la mansión será destinado a reparar escuelas de la provincia. Como se sabe, una de las formas de desbaratar a las organizaciones criminales es desarticular y recuperar su principal objetivo: las ganancias.
La recuperación para la sociedad de bienes producto de la corrupción ha sido posible en Mendoza por la existencia de la ley de extinción de dominio, que habilita al Estado a recuperar bienes adquiridos de forma ilícita mediante una acción civil que extingue la propiedad del acusado sobre el bien adquirido mediante la comisión de delitos.
Se trata de la primera vez que se aplica esta norma en ese distrito. La subasta fue posible a partir de la decisión de la jueza María Paz Gallardo de poner la propiedad en cuestión a disposición del Estado. Ya en 2021, la magistrada se había expedido en favor de la constitucionalidad de la ley de extinción de dominio que la defensa de Lobos había cuestionado.
El exintendente de Guaymallén entre 2013 y 2015 fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta tras constatarse que desvió fondos de la municipalidad para el proyecto inmobiliario finalmente rematado en 172 millones de pesos.
Una de las formas de desbaratar a las organizaciones criminales es desarticular y recuperar su principal objetivo: las ganancias
En el orden nacional, el país se adeuda una norma de similares características. En distintas oportunidades, varias fuerzas políticas presentaron proyectos en la materia, pero no llegaron a convertirse en ley. Esa demora llevó a que en 2019 el entonces presidente Mauricio Macri firmara un decreto de necesidad y urgencia por el que quedó establecido un régimen para la acción civil de extinción de dominio vinculado a actividades delictivas, referido a bienes cuya legítima adquisición no pueda ser demostrada, sin necesidad de una condena penal previa. El DNU, como sucede con muchos de esos instrumentos presidenciales, fue motivo de controversias interpretativas.
A partir de la ratificación de las condenas penales por parte de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad, Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich deben devolver al Estado alrededor de 85.000 millones de pesos por el fraude a la administración pública, como consecuencia de la matriz de corrupción instaurada en las licitaciones de rutas en Santa Cruz. El monto deberá ser actualizado porque ya ha transcurrido tiempo desde su determinación en la causa que derivó en las condenas.
La ley de extinción de dominio de Mendoza debería ser inspiración y modelo para el país
En lo que respecta a la expresidenta, su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción consigna que contaba con 249 millones de pesos repartidos entre cajas de ahorro, acciones en empresas, un plazo fijo y un automóvil. Actualizada a la fecha, rondaría los 505 millones de pesos.
Respecto de los bienes que son secuestrados y decomisados, la Corte Suprema de Justicia creó en 2013 una base de datos a partir de las informaciones suministradas por las cámaras federales de todo el país. El problema es que nunca se logró sistematizar la infinidad de información disponible, crear registros públicos que faciliten el entrecruzamiento y agilizar los procesos de decisión sobre el destino de los bienes mal habidos, pues –como ya hemos sostenido desde estas columnas– no existen criterios objetivos para determinar cómo utilizar este instituto en los diferentes juzgados y tribunales del país.
A raíz de la aplicación del DNU de Macri fue posible, por ejemplo, que la Prefectura comenzara a utilizar como parte de su flota el ostentoso yate que perteneció al exsecretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime, detenido en la cárcel de Ezeiza desde noviembre de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena a seis años de prisión por la tragedia de Once, en la que murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas. Pero no es el único pronunciamiento judicial que lo culpabiliza. Ya suma media docena por delitos diversos, todos por casos de corrupción. El 9 del actual, por caso, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó las quejas presentadas en la causa donde se investiga la malversación de caudales públicos en la línea de trenes Belgrano Norte, dejando a Jaime, el principal imputado, a un paso del juicio oral.
Precisamente en 2019, cuando la embarcación del exsecretario de Transporte –cuyo nombre original era Altamar Sixty Four– ya había sido ploteada por la Prefectura con la leyenda “Embarcación recuperada de la corrupción”, LA NACION pudo recorrerla. Todavía se mantenían los detalles originales en la nave, valuada en un millón de dólares: sillones de cuero, pisos alfombrados y revestida con madera importada de la India. Contaba además con un camarote en suite con cama matrimonial, el techo escalonado tapizado en fino cuero y un baño con jacuzzi. Además de otros tres camarotes, sumaba un living con sistema de sonido envolvente para ver películas, la parrilla en el flybridge al aire libre y el puente de mando interno alfombrado. Un ambiente digno de una escena hollywoodense que la demora en recuperar la unidad se encargó de deteriorar. Los años de abandono que soportó el barco en Uruguay, antes de ser devuelto a la Argentina por orden judicial, provocaron esos desgastes.
La Prefectura usó el equipamiento tecnológico de la nave, que contaba con radares, sondas y sensores de última generación, para capacitar cadetes en los institutos de formación en Zárate. El crucero del exfuncionario también fue utilizado como aula flotante por alumnos para formarse en el que era el navío más moderno de la fuerza.
Los aviones decomisados a Lázaro Báez, condenado por haber lavado dinero y por integrar una asociación ilícita durante la era kirchnerista, corrieron otra suerte. Para la misma época, un Learjet 35A que había sido de su propiedad, valuado en 575.000 dólares, fue recibido por el Estado para ponerlo a disposición de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el paso del tiempo ya lo había tornado inoperable. De allí la necesidad de que una ley de extinción de dominio no se demore más.
En 2021, los dos aviones que habían pertenecido a Báez fueron finalmente vendidos en una subasta pública en poco menos de 30.000 dólares. Fueron adquiridos por una empresa de taxis aéreos. Usadas y en buen estado, el valor de ambas naves superaría el millón de dólares. Los que intervinieron en la operación ratificaron que el bajo precio se debió al muy mal estado en que se encontraban.
Hoy, muchos automóviles y motos decomisados patrullan las calles, pero muchos otros bienes permanecen guardados en depósitos y se convierten en chatarra a la espera de que se apruebe una ley que active el procedimiento y permita que el dinero de lo robado vuelva en obras y servicios a la sociedad.
La polémica de cuántos hay disponibles, en qué condiciones y qué procedimiento seguir se subsanaría con una norma que no deje lugar a dudas ni resquicios. Un proyecto legislativo fue vuelto a presentar el año pasado en el Congreso para retomar el debate. El Gobierno anunció también en 2024 que se volvería a la carga con el tema. El caso mendocino debería servir de modelo.
Es de esperar que ocurra lo mismo con tantos otros condenados que consiguieron enriquecerse ilícitamente utilizando dineros públicos para beneficio privado. Que los corruptos purguen su pena y que el daño que ocasionaron sea resarcido devolviendo lo robado en tiempo y forma.