La situación de Dino Rossignoli es cada vez más complicada. El ex comisario de la Policía Federal sumó una batería de imputaciones en su contra en el marco de la investigación que sostiene que recibió coimas de cueveros para que los dejara operar con tranquilidad en el centro mendocino. Detalles de un nuevo expediente que se desprendió del caso madre de las joyerías Stefano Canella.
El 19 de abril pasado el microcentro se vio colmado de efectivos policiales que concretaron 19 allanamientos que tuvieron como objetivo cuevitas financieras ubicadas en su mayoría en la galería Tonsa, aunque también en la galería Caracol y sobre calle Espejo y calle 9 de Julio. Entre otros elementos, se secuestraron aproximadamente $100 millones -entre moneda local y extranjeras-. Y trascendió que todo ocurrió en el marco de una segunda investigación que surgió contra el ex comisario de la Policía Federal Dino Rossignoli.
En los últimos días el juez federal Marcelo Garnica levantó el secreto de sumario de ese expediente y decidió imputar al principal sospechoso y a otra veintena de personas. Dino Rossignoli fue formalizado por 20 delitos de cohecho pasivo -recibir sobornos- mientras que la veintena de cueveros que habría pagado las coimas también fueron acusados en el expediente por cohecho activo -de 1 a 6 años de prisión-. Estos últimos quedaron en libertad ya que se trata de un delito que permite una condena excarcelable, según detallaron fuentes judiciales.
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El secuestro en los allanamientos en cuevitas financieras.
Los chats de Whastapp que fueron claves
Desde julio del año pasado Dino Rossignoli está detenido en la causa madre, que desbarató a las joyerías Stefano Canella y otros locales comerciales que eran una pantalla para funcionar como cuevitas financieras bajo la anuencia del entonces jefe de la Policía Federal de Mendoza. En esa megainvestigación hay una docena de procesados por asociación ilícita, entre los dueños de los establecimientos, socios y encargados de seguridad -ver más abajo-.
En ese contexto fue que secuestraron tres teléfonos celulares que tenía Rossignoli y fueron enviados para extraer información. Fuentes ligadas a la causa detallaron que no les costó mucho a los pesquisas obtener nuevos datos: el ex comisario tenía a simple vista varias conversaciones de Whatsapp con otros cueveros para acordar el pago de coimas. Por esto se decidió abrir un segundo expediente en su contra.
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La acusación sostiene que el modus operandi era similar al caso Stefano Canella: pagos en dólares, mensuales y que generalmente se concretaban en reuniones de café. Si bien en la causa madre se cree que los dueños de Stefano Canella abonaban 10 mil dólares por mes de soborno, en estos 20 casos se trataría de un monto sensiblemente menor y hasta cotizado en pesos argentinos en algunas ocasiones.
Los investigadores judiciales detallaron que hasta hay una conversación donde el entonces comisario coordinaba para reunirse en un café y el interlocutor le hacía recordar que en la última reunión ya le había pagado dos meses por adelantado.
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Las cuevas y las coimas en la Policía Federal
Durante los meses más duros de confinamiento por el coronavirus proliferaron varias joyerías en el centro mendocino bajo el nombre de Stefano Canella. Una en la galería Tonsa, otra en calle Catamarca y una tercera sobre calle Las Heras. Pero estos locales también estaban vinculados con otros tres similares bajo el nombre de Vía Roma y La Casa del Tesoro, todos en el centro mendocino.
La Justicia Federal comenzó a investigar que en realidad se trataba de pantallas para realizar operaciones ilegales de cambio de moneda extranjera, una práctica habitual en el centro mendocino pero prohibida por la Ley.
La investigación avanzó con tareas de seguimiento y escuchas telefónicas hasta que se realizaron unos primeros allanamientos en julio pasado donde se incautó dinero en efectivo, máquinas de contar dinero, teléfonos celulares y documentación importante.
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La mayor sorpresa surgió cuando quedó implicado Dino Rossignoli, jefe de la Policía Federal en Mendoza. De ciertas anotaciones y conversaciones nació la sospecha de que el comisario federal recibía coimas en dólares para hacer la vista gorda, no investigar las cuevas y además adelantar información sobre procedimientos policiales. En septiembre se realizaron nuevos allanamientos donde el uniformado fue detenido.
La acusación sostiene que la banda trasladaba oro oculto en camiones hacia Chile y luego traía las monedas extranjeras -principalmente dólares y euros- que cambiaban en el mercado informal. Con las ganancias comenzaron a comprar vehículos -dos autos Mercedes Benz A250, un BMW y un camión Scania- y propiedades -el boliche Praga, dos bares llamados La Rosa Club y una construcción en El Challao- en busca de blanquear el dinero ilegal.
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Ernesto y Nicolás Bazán, los dueños de las joyerías Stefano Canella vincualdas al caso de las Cuevas de las Coimas.
Los principales apuntados son Ernesto Bazán, su hijo Nicolás Bazán y Renzo González. También había otro eslabón de socios que tenían a su nombre algunas de las joyerías: Andrés Bauco, Félix Masera, Ezequiel Fernández, Juan Manuel Moral y su hermano Alejandro Agustín Moral.
El expolicía Marcelo Salcedo fue sindicado como jefe de seguridad hasta marzo de 2022, que fue reemplazado por Ángel Fava y Poroto Bustos. En tanto que María José Degregorio era una contadora que colaboraba con los documentos ante AFIP para aparentar legalidad al mecanismo.