«El hecho de que en el estado de Nueva York rijamos la mayoría de estos contratos de compra de deuda soberana, nos brinda la oportunidad de ejercer cierto poder y dignidad en favor de muchas de estas islas y naciones soberanas que se enfrentan a estas maniobras de los fondos buitre, que las endeudan hasta el extremo y obligan a adoptar medidas de austeridad en sus tierras y sus gentes», declaró la diputada demócrata Jessica González-Rojas.
Si bien, la deuda soberana global se negocia principalmente en Nueva York y Londres, el estado neoyorquino tiene conexión directa con Puerto Rico.
Este territorio estadounidense «soportó costosos litigios contra los fondos de cobertura para renegociar su deuda después de que su gobierno dejó de pagar algunas de sus deudas de bonos en 2016», precisó The Hill.
Por lo que, González-Rojas se refirió a la situación de dicho estado y expresó que «compran deuda en Puerto Rico y luego imponen medidas de austeridad en la isla».
Este primer proyecto impulsado por la legisladora y la presidenta del Comité de Finanzas, Liz Kreuger derogaría una ley estatal de 2004 que eliminó la doctrina Champerty para transacciones de más de 500.000 dólares.
«La doctrina Champerty es realmente un lenguaje antiguo de la ley inglesa que esencialmente prohíbe la compra de valores u otros instrumentos financieros con el único propósito de litigar», dijo González-Rojas.
Por lo tanto, la defensa del champerty evitaría que los fondos de cobertura compren deuda en situaciones dificultosas con un descuento y el propósito de obstruir las conversaciones de reestructuración para obtener ganancias.
«Se han desarrollado mercados para la compra y venta de reclamos, incluidas las reclamaciones que están en mora. La capacidad de cobrar estos reclamos sin temor a litigios de Champerty es esencial para la fluidez del comercio en Nueva York», escribieron los promotores del proyecto de ley de 2004.
El otro proyecto presentado por el senador estatal Gustavo Rivera (D) y Maritza Dávila (D) está basado en una ley modelo ideada por el profesor de la Universidad de Duke, Steven Schwarcz, que crearía protecciones similares a la bancarrota para los tenedores de deuda soberana, a través de una hoja de ruta que imposibilite prácticas depredadoras.
Asimismo, un informe de 2021 publicado por Hedge Clippers, reveló que las relaciones entre multimillonarios y gobiernos en países como Perú, Argentina y Ecuador, «han visto sus planes de reestructuración de deuda descarrilados por los especuladores», siendo el caso más notorio la batalla de 15 años entre Argentina y Elliot Management, un fondo de cobertura liderado por Paul Singer.
Respecto a ello, The Hill se comunicó con el fondo de inversión Elliott Management quien declaró que, «la batalla contra los fondos buitre fue muy perjudicial para la República Argentina, e incluso afectó negativamente la relación bilateral con Estados Unidos en ese momento».
También agregó que estos fondos utilizan como parte de su plan de negocios, «una campaña de demonización contra los gobiernos que son víctimas de sus acciones inescrupulosas y su propaganda», concluyó.