4 de mayo de 2023 – 07:40
Es un hecho que al Gobierno le cuesta más digerir porque quedó en evidencia con los avatares de la investigación del crimen del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, pero la reforma judicial que propondrá a la Legislatura es la admisión de que su política para este servicio elemental ha fracasado.
El epicentro de esta frustración es la Comisión Evaluadora con la que suplantó en 2020 al Consejo de la Magistratura como dispositivo para conformar las ternas de aspirantes a fiscales y jueces que el Poder Ejecutivo propone al Senado.
El oficialismo ejecutó el cambio en dos pasos. Primero, eliminó el Consejo con una operación parlamentaria relámpago en la que también amplió de cinco a siete el número de miembros de la Corte. Luego, el Gobierno creó por decreto la Comisión, cuya novedad era la erradicación del elemento legislativo del circuito y la incorporación de la Universidad Nacional de Catamarca.
Al margen de lo unilateral de la decisión, el mecanismo no era malo en sí mismo. De ningún modo puede sostenerse que el Consejo de la Magistratura haya sido virtuoso en la configuración de una Justicia eficaz.
A mediados de 2020, cuando se lo derogó, el Poder Judicial estaba conmocionado por la video-denuncia que determinó la renuncia como integrantes de la Cámara de Apelaciones de Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales antes de enfrentar un jury por coimas. El incidente fue la cumbre más alta de una serie de escándalos protagonizados por funcionarios designados Consejo de la Magistratura mediante. El fiscal Laureano Palacios, fiscal original del Caso Rojas, es el primero sometido a Jury bajo el imperio de la Comisión Evaluadora.
Lo que pasó es que el oficialismo no pudo resistir la tentación de malversar el instituto por él mismo creado para colocar magistrados arbitrariamente, por compromisos facciosos o afectivos, aprovechando que, cuando los concursos quedaban desiertos, el Gobernador quedaba liberado para proponer a quien se le antojase. Así fue consagrado fiscal, precisamente, Palacios.
En la crisis detonada por el asesinato de Rojas, se reformuló el reglamento de la Comisión Evaluadora para convocar a un nuevo concurso en caso de que el primero quede desierto. Tarde, como es de rigor, aunque también debe consignarse que a nadie se le ocurrió legislar al respecto antes.
Tampoco la corporación judicial hizo observación alguna sobre el defecto, acaso porque los criterios del Gobierno para encumbrar magistrados no son demasiado distintos a las que ella utiliza para designar funcionarios y determinar ascensos.
Ahora el Gobierno en falta buscará darle rango de ley a la Comisión Evaluadora. El paquete de la reforma incluye procurar hacer efectiva la autonomía económica del Ministerio Público Fiscal y la creación de la carrera judicial.
Dados los precedentes, ésta última iniciativa cobra singular relevancia en tren de comenzar a constituir un Poder Judicial eficiente y valorado por la sociedad. Es la piedra angular para terminar con arbitrariedades que desalientan la capacitación en beneficio de la búsqueda de padrinos influyentes, sea en la política o en la propia Justicia. Centenares de empleados judiciales ven sus expectativas de hacer carrera frustradas sistemáticamente en beneficio de paracaidistas sin ningún tipo de experiencia.
Ninguna reforma obtendrá resultados si no contempla este vicio, que ha poblado los tribunales de incompetentes que no cuentan con el respeto del personal más experimentado y comprometido con el prestigio de la institución judicial.
El Gobierno está a tiempo de revertir el fracaso, para no sumarlo al de la reforma educativa.