El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos de la ciudad de Rosario, Miguel Moreno, acusó a los directivos Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Alejandro Gazze y Omar Scarel de ser jefes de una presunta asociación ilícita.
Además, imputó a los entonces miembros del directorio de Vicentin SAIC Máximo Padoan; Cristián Padoan; Martín Colombo; Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin; Yanina Colomba Boschi; Javier Gazze y Miguel Vallaza como presuntos miembros de la asociación con fines delictivos.
Moreno afirmó -en la lectura de la imputación- que los involucrados “operaron como grupo, de manera concertada, siguiendo un plan, con división de roles, durante un período prolongado de tiempo, en una dinámica interna que nada tenía que ver con el cometido ni la estructuración de los cargos societarios que detentaban, pero aprovechándose de ellos para realizar una serie de ilícitos”.
Según la imputación, a la que accedió Télam, la organización “desde el año 2017 puso en marcha una planificación destinada” por un lado a “simular el bienestar financiero y contable de Vicentin, mediante la ocultación del pasivo, de manera de conseguir las líneas crédito, obtener los desembolsos de los bancos, continuar con la captación y recepción de granos”.
Y “paralelamente comenzó a administrar infielmente el capital de Vicentin”, principalmente con el destino de la venta de acciones de Renova, una sociedad que Vicentin comparte con Viterra Argentina (exGlencore), operación que se realizó dos días antes de la declaración de cesación de pagos, según el documento.
Según las evidencias reunidas por el fiscal rosarino, las maniobras consistieron en alterar estados contables y los balances de los años 2017 y 2018 de Vicentin para aparentar una situación financiera que no era real.
En el concurso preventivo de acreedores, iniciado en febrero de 2020, se verificaron deudas de Vicentin SAIC por unos U$S 1.500 millones.
El fiscal también les imputó a los acusados 37 hechos de estafa cometidos entre enero de 2017 y diciembre de 2019 por medio de “la utilización de un plan de puesta en escena de empresa solvente y confiable de Vicentin, destinado a generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores”.
Para Moreno, los proveedores fueron “engañados” por esa simulación y “entregaron toneladas de granos a Vicentin bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, fijo y en depósito sin contrato, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas”.
Otro de los casos atribuidos al directorio de Vicentin fue un hecho de estafa al Banco Macro por 508 millones de pesos.
De acuerdo a la imputación, se acusa a los directores Javier Gazze y Miguel Vallazza de entregar documentación con información contable falsa, «ocultando la realidad económica de la empresa, se produjeron el 25 y el 30 de de septiembre 2019 “con el fin de obtener asistencia crediticia bajo engaño, a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos”.
La extensa imputación, de 238 páginas, contiene también un caso de presunta administración fraudulenta en perjuicio de la propia Vicentin.
«Según las evidencias reunidas por el fiscal rosarino, las maniobras consistieron en alterar estados contables y los balances de los años 2017 y 2018 de Vicentin para aparentar una situación financiera que no era real. En el concurso preventivo de acreedores, iniciado en febrero de 2020, se verificaron deudas de Vicentin SAIC por unos U$S 1.500 millones».
El fiscal acusó al directorio y al síndico de que “al momento de presentar la nómina de acreedores de la empresa Vicentin SAIC al 10 de febrero de 2020 en el proceso concursal, haber asumido una deuda ajena de U$S 12.900.366 que originalmente correspondía a la empresa Renova SA en virtud de entregas de soja que la empresa Commodities supo hacer en esa firma en carácter de depósito” en el segundo semestre de 2019.
La deuda contraída por Renova por el depósito de granos pertenecientes a la firma Commodities (del grupo Grassi), fue reconocida como propia por Vicentin en el concurso a través del legajo 440, lo que implicó incrementar su pasivo en más de 12 millones de dólares.
Entre las múltiples acusaciones realizadas por el fiscal también existe una por administración fraudulenta de $1.589.265.278, que según la imputación fueron “transferidos a la cuenta Citibank de Renova en cinco pagos realizados entre el 4 y el 5 de diciembre de 2019”, es decir, el mismo día que Vicentin hizo público, a través de un comunicado, su cesación de pagos, al que denominó “estrés financiero”.
“Estas transferencias estuvieron dirigidas a saldar deudas que Vicentin contrajo con Renova, por supuestas prestaciones de servicio, no sabemos la fecha ni motivo exacto”, sostuvo Moreno, para agregar sin embargo que “fueron condición para que Renaisco (una empresa radicada en un paraíso fiscal y controlada por la multinacional Glencore) abone la suma de U$S 29.400.000 que le restaba pagar por la compra del paquete accionario” de Renova, operación realizada entre el 2 y el 3 de diciembre de ese año, 24 horas antes del default.