La comisión directiva de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) denunció a través de un comunicado una campaña de desprestigio que, según indicaron, estigmatiza y demoniza a la docencia en general y al gremio en particular.

La denuncia del gremio docente se da paralelamente a la divulgación de los resultados de una encuesta que se realizó a 800 neuquinos, a quienes se le consultó respecto a la ley aprobada de “incentivo al desarrollo docente” y sobre la educación pública en general.

Los datos que arrojó la encuesta que elaboró la consultora “Reyes & Filadoro” plantean que el 65 % de los neuquinos está de acuerdo con el “Incentivo al Desarrollo Docente”, que entró en vigencia el pasado 1° de julio. Además, la encuesta arrojó que el 63 % está de acuerdo con que se descuenten los días no trabajados por paro, mientras que el 34 % dijo estar en desacuerdo o expresó que tiene dudas.

En la encuesta también se indagó sobre la mirada que se tiene del sindicato que representa a los trabajadores docentes y los resultados establecieron que el 64 % de los consultados tiene una imagen negativa y solo para 29 % la imagen es positiva.

Ante esto, el gremio ATEN manifestó que en los últimos días observaron una presencia poco común del tema educativo en la agenda política y lamentaron que no haga eje en la falta de política en el área, ni en la necesidad de infraestructura y de escuelas seguras. El gremio planteó que no se habla de concursos o diseños curriculares y menos de planes de formación continua gratuita y en servicio, sino de la tarea de enseñar, de la “supuesta falta de capacitación e irresponsabilidad en el cumplimiento del trabajo docente”

Sobre la encuesta difundida, ATEN denunció que está direccionada y que no hace más que desprestigiar a la organización ante la sociedad y le exigió al Gobierno Provincial que cese con la “práctica autoritaria, que podría encuadrar en una acción persecutoria y discriminatoria hacia un colectivo por su actividad y posición gremial”.

Por último, manifestaron que el gobierno es el responsable del conflicto generado por romper e incumplir acuerdos de parte, por negar la incapacidad demostrada por sus funcionarios y funcionarias para proponer y discutir los problemas que tienen y por no dar respuestas serías a las falencias de infraestructura y presupuesto.