Cuando el juez Sebastián Casanello le preguntó en su indagatoria a Eduardo Belliboni sobre la emisión de facturas apócrifas y la utilización de «empresas pantalla” para una supuesta maniobra defraudatoria al Estado con el desvío de 361 millones de pesos, el líder del Polo Obrero contestó que era algo que iba a responder por escrito posteriormente, ya que eran “temas muy técnicos”. En tanto, la investigación suplementaria a cargo del juzgado detectó más irregularidades en las rendiciones de gastos que firmó el piquetero: compra de computadoras a valores triplicados, un apoderado chino y un comercio “oficina”.

Según se determinó en el marco del expediente penal, entre junio de 2020 y diciembre de 2022 el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor firmaron cinco convenios por una suma global de 361.087.500 pesos. El dinero que recibían vía transferencia bancaria era para la administración del programa social Potenciar Trabajo.

Ambas entidades se habían constituido en unidades de gestión y debían garantizar que los beneficiarios finales, siempre personas en estado de vulnerabilidad, recibieran el dinero correspondiente al principal programa de asistencia social que tenía el ministerio de Desarrollo Social. Por supuesto, debían rendir el uso de los gastos comprometidos.

Pero la plata se habría desviado hacia otros fines, y por eso a los responsables del Polo Obrero y El Resplandor están acusados por administración infiel.

A criterio de los investigadores se montó una estructura destinada a desviar fondos públicos. Casanello indicó que se utilizó una importante cantidad de facturas apócrifas que posibilitaron simular gastos que nunca se hicieron. Para que esto funcione, también se valieron de “empresas pantallas que carecían de giro comercial real, de sede y domicilio fiscal”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.

Esos fondos que debían terminar en manos de los beneficiarios de planes sociales, terminaron en el “sostenimiento y financiamiento” de actividades político-partidarias.

Una nueva firma «fantasma»

En su mayoría, las facturas apócrifas se emitieron a nombre de dos empresas: Coxtex, por 5,1 millones de pesos y Ediciones e Impresiones Rumbos, con 179 facturas por 31 millones de pesos.

La primera de estas compañías fue declarada por la AFIP como una usina de facturas truchas, sin sede social ni comercial. Como contó Clarín, el mismo grupo de profesionales que intervino en la constitución de Coxtex creó en el mismo año 2020 otras tres firmas: Recinsur SA, VSP Consulting SA y Ciriaco Shoes SRL, con otros datos que llamaron la atención de los investigadores.

En primer término, en la conformación de las cuatros compañías participó el mismo grupo de profesionales: la gestora Anahí Rivero, la abogada Lucía Agúndez y el escribano Juan Bautista Derrasaga. Este último no era un nombre desconocido para el juez Casanello, quien instruyó el caso conocido como la Ruta del Dinero K, donde Lázaro Báez (ex socio comercial de Cristina Kirchner) lavó 55 millones de dólares.

El otro dato que desentrañó el juzgado tiene que ver con los accionistas de las cuatro empresas. Se trata de personas “en situación de vulnerabilidad, que bajo ningún aspecto podían facturar lo que las empresas declaraban”, indicaron fuentes del caso a Clarín. En otras palabras, “eran socios ficticios”, se remarcó.

Ahora, el juzgado dio con otra empresa que sospechan, cumplía el mismo rol: ser una pantalla para la emisión de gastos inexistentes.

La compañía Miniso Trade SA, se creó en 2017 pero emitió su primera factura en 2022, con productos presuntamente vendidos al Polo Obrero.

Cuando el equipo del juzgado comenzó a investigar este dato, dio con más información. Por ejemplo, esta compañía brindaba los mismos servicios y productos que Coxtex -la firma calificada como una usina de facturas truchas por parte de la AFIP-. Se trata de software e insumos de computación, entre otros.

El apoderado chino

Casanello libró una orden de allanamiento al domicilio declarado por Miniso Trade SA y que figura en la información aportada por la Inspección General de Justicia (IGJ) que es donde se inscriben las empresas.

Cuando las fuerzas federales llegaron a la zona de Florida y Lavalle, dieron con una oficina. Los actuales inquilinos señalaron que Miniso Trade se había ido hace tres años, pero que tampoco se trataba de un local comercial. Aportaron un contrato de alquiler en el que figura el nombre de la compañía, pero quien rubrica los documentos de locación era “un apoderado chino”. Todavía no lograron dar con él.

“¿Tiene la empresa una sede comercial? No. ¿Tiene movimientos comerciales? No.” Fueron las primeras preguntas formuladas en el expediente alrededor de la compañía que le facturó al Polo Obrero poco más de tres millones de pesos. Ese documento figura en la rendición de gastos que firmó Eduardo Belliboni ante la Secretaría que dependía de Emilio Pérsico en el ministerio de Desarrollo Social.

Casanello obtuvo más datos. Los socios de la firma triangulaban los gastos: los cheques que recibían los enviaban a una tercera empresa. “Todo hace suponer que eran operaciones simuladas”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

Al igual que las otras compañías que la justicia calificó de “fantasmas”, Miniso Trade fue contratada para gastos que, bajo el grado de sospecha, “o se concretaron y que para que sea más sencilla esta simulación, los incluyeron en categorías amplias, como “materiales, indumentaria e insumos”, o bien “maquinaria, herramientas y equipamiento”, en las rendiciones.

Esos conceptos tan amplios y generales permitieron ocultar el desvío de fondos.

Otro de los datos que llamó la atención de los investigadores es que la factura que emitió Miniso Trade era por la adquisición de siete notebook Lenovo por 304.000 pesos cada una. “En el mismo Convenio, las mismas computadoras figuran adquiridas a una empresa real, por un precio sustancialmente menor: tres veces menos.

Al realizar el recorrido de estas contrataciones, se observó otro dato: los investigadores no se explican porqué el Polo Obrero cambió de proveedor y por un costo mucho más elevado para la adquisición de un insumo que estaba siendo adquirido por otra compañía, que tiene movimientos declarados ante la AFIP y un historial de venta que le adjudica la veracidad en sus operaciones.

Si se suma el dinero facturado a favor de Coxtex, la imprenta Rumbos y Miniso, estamos hablando de 39.144.418 pesos que habrían sido desviados.

Financiamiento partidario

De esa manera el Polo Obrero se armó de una “caja” para las actividades políticas, violando la letra del convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social, que le depositó en tres transferencias bancarias, el dinero que era exclusivamente para el programa Potenciar Trabajo.

Además, el Polo Obrero y El Resplandor contrataban servicios de publicidad digital o impresión de boletas y folletos que ofrecían otras empresas, como Makosen SRL. Acá se sumó otra acusación: parte del dinero se aplicó a la cobertura de gastos corrientes de la agrupación, como también actividades de prensa, militancia y campaña electoral.