YUBA, Sudán del Sur (AP) — Las negociaciones de paz en Sudán del Sur, que estaban a punto de completarse, encontraron un obstáculo cuando grupos opositores exigieron que se derogara una nueva ley que permite hacer detenciones sin órdenes de detención para firmar la propuesta de acuerdo.

Kenia acogía desde mayo las reuniones de alto nivel iniciadas entre representantes del gobierno y grupos rebeldes de oposición que no participaron en el acuerdo de 2018 que puso fin a cinco años de guerra civil, en la que murieron 400.000 personas y millones se vieron desplazados. pese al acuerdo, los brotes de violencia son habituales en el país de 9 millones de personas.

Pagan Amum Okiech, negociador de la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur, dijo el martes por la noche a The Associated que “no tendría sentido firmar cualquier acuerdo si el presidente promulga la draconiana Ley de seguridad nacional”.

El parlamento votó la semana pasada a favor de la propuesta de 2015 y el presidente, Salva Kiir, tendrá que aprobarla en un plazo de 30 días para convertirla en ley. El país celebra sus primeras elecciones el 22 de diciembre.

“Esta ley viola las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos sursudaneses, elimina el espacio político y civil”, dijo Amum. “No puede haber paz ni democracia bajo una ley así”.

A las negociaciones de paz asistía el director ejecutivo de la Organización de Empoderamiento de Comunidades por el Progreso, una organización sin fines de lucro en la que participan a estudiantes universitarios y recién graduados. Su representante, Edmund Yakani, criticó la ley de seguridad y dijo que “crea un espíritu negativo para las negociaciones”.

También Human Rights Watch ha pedido al presidente Kiir que rechace la controversial norma y afirma que socavará más los derechos humanos y reforzará a agencias de seguridad nacional que tienen un historial de abusos de derechos continuados.

Las negociaciones —apodadas Tumaini, o “esperanza” en suajili— han producido un borrador de acuerdo que propone ampliar el periodo transicional del país y posponer las próximas elecciones para permitir que se completen la constitución y las leyes electorales, así como establecer los límites de distritos electorales y una fuerza de seguridad unificada, como se propuso en las conversaciones de paz de 2018.

Algunos enviados occidentales también recomendaron aplazar los comicios “para garantizar unas elecciones libres y justas”.

Kiir se ha mostrado decidido a celebrar la votación en diciembre y rechazó los comentarios de los enviados.