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La venta de desaladoras portátiles crece con fuerza para evitar los efectos de una posible sequía

Aunque las últimas lluvias han aliviado a todos los sectores, especialmente al turismo, los efectos de la sequía todavía están a la vuelta de la esquina en el comienzo del verano. En Cataluña han anunciado han retirado las medidas restrictivas tras repuntar los niveles de capacidad de los embalses de la zona, mientras que Canarias está al borde de la emergencia hídrica. Andalucía, por su parte, ha permitido el llenado de las piscinas de los hoteles, pero ha prohibido hacer lo mismo a particulares y comunidades de vecinos. El Consejo de Ministros aprobó la modificación del convenio de gestión de Acuamed, la empresa estatal de aguas, para que se construyan dos desalinizadoras en Cataluña y luego se cedan a la compañía ATL (Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat), titularidad de la Generalitat de Cataluña. ¿El problema? Su entrada en vigor se espera para finales de 2028. La única solución a corto plazo para la falta de agua, y sobre todo para salvar la temporada alta, es la compra de desaladoras portátiles. Y las empresas que producen e instalan estas infraestructuras han notado el incremento de demanda: en tan solo un año las ventas en España han crecido entre el 10 y el 15%. Según el Consorci d’Aigües de la Costa Brava, las 12 desaladoras portátiles estarán operativas a finales de junio.

Las ventas se notan especialmente «desde el año pasado sobre todo para paliar la sequía», explica el division sales manager del sur de Europa de SMI Mobile Water Solutions, Manuel Gómez. Eso sí, las adquisiciones dependen de la urgencia de los sectores. Por ejemplo, en febrero y marzo, cuando la escasez de agua en los embalses era más acuciante, los pedidos se dispararon, pero ahora, con la relajación de las medidas, se han relajado. Aun así, este año algunas empresas que venden desaladoras portátiles ya no pueden aceptar más demanda: «Hay falta de activos para cubrir la demanda», apunta Gómez.

Las zonas más afectadas coinciden con los sectores que más sufren la sequía: la Costa Brava y el arco mediterráneo hasta Andalucía, donde se concentra el turismo y la industria que utiliza agua para su actividad, como la alimentación y las bebidas o los cosméticos. Si bien desde las administraciones municipales son los más interesados en estas infraestructuras, los hoteleros, ya sea de manera individual o en consorcios, se han movilizado desde hace meses. Por ejemplo, los hoteles de Lloret de Mar anunciaron a mediados de febrero la adquisición de una desaladora portátil para llenar de agua sus piscinas. En el sur, la Junta de Andalucía compró cinco desaladoras para abastecer de agua a la provincia de Málaga.

Más baratas y rápidas de instalar

No es de extrañar este interés repentino por estas infraestructuras si se miran las cifras de desalación en el país. España cuenta con 770 plantas desaladoras que producen más de 3 millones de metros cúbicos al día, según la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR). Para hacerse una idea, una población de 15.000 habitantes consume unos 230 metros cúbicos de agua al día. Hace un año se resolvió medidas regulatorias para la construcción de desalinizadoras en Cataluña y Andalucía, allí donde el cambio climático está atrayendo más los efectos de la sequía. El problema es que la construcción de una de estas infraestructuras conlleva un plazo de 3 a 5 años con un coste por encima de las decenas de millones de euros. Según las estimaciones de la patronal de la construcción Seopan, la licitación de obras en todas las administraciones públicas españolas estuvo en 2023 un 44% por debajo de las cifras registradas un año antes.

Desde el sector esperan que la demanda continúe al alza. «Va a crecer porque la desalación está en boca de todos», señala la directora general de SetaPHT y vicepresidenta de AEDyR, María del Carmen García. Ante los plazos extensos de construcción de las desaladoras normales, las portátiles ofrecen la ventaja de ser más baratas y de instalarse en seis meses. En comparación con las infraestructuras de gran tamaño, el coste de una portátil oscila desde los 80.000 euros hasta los 2 millones. «Emergencias de diferentes tipologías y la continuada crisis hídrica en ciertas regiones ha hecho mirar a esta solución como alternativa que arroja la ventaja de los plazos de disposición de agua comparada con tecnologías convencionales», resaltan desde Tedagua.