«De lleno» y «en persona». Con esas dos descripciones, una alta fuente de Casa Rosada adelantó a Clarín una de las principales ocupaciones del presidente Javier Milei en estos días. ¿A qué se refiere? A la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los capítulos clave de la Ley Bases aprobada semanas atrás en el Congreso.
«El trabaja de lleno y en persona en este tema. En la reglamentación, punto por punto. Quiere evitar que un cambio de gobierno, como una eventual vuelta del kirchnerismo, genere problemas en este programa«, aseguró el funcionario a este diario.
Más allá de la complejidad jurídica que pueda tener la redacción de la norma, la razón de la preocupación es bastante simple: establecer los parámetros de tal manera que una próxima administración de otro color político no cambie las reglas de juego. Una debilidad de las distintas fuerzas que fueron gobernando este país.
El tema se discute en un momento híper sensible de la economía. Este mismo fin de semana, desde Estados Unidos, Milei anunció un cambio central para cortar la emisión de pesos y reducir la brecha cambiaria. Esa modificación afectará la acumulación de dólares. Allí es donde debería empezar a abrirse el grifo de las inversiones.
«También se está discutiendo el trazo fino del blanqueo, para que sea lo menos restrictivo posible, incluso para los que blanqueen más de 100.000 dólares», amplió la fuente a Clarín.
Para tener una idea de la dimensión del RIGI, ya se desató una disputa entre dos provincias para que las petroleras YPF y Petronas (la compañía estatal de Malasia) instalen en sus territorios una planta de Gas Natural Licuado (GNL). Son Río Negro y Buenos Aires. Se habla de la «inversión más grande de la historia», unos 30.000 a 50.000 millones de dólares en los próximos 8 años, hasta 2031.
El gobernador Alberto Weretilneck se adelantó y logró que la Legislatura rionegrina apruebe la adhesión al RIGI. Inmediatamente promulgó la norma. Un paso legal para garantizarles a las petroleras (y otras compañías) que la administración provincial respetará las exenciones de la ley nacional y no inventará impuestos o restricciones locales.
Axel Kicillof, por su parte, aunque declaró de interés provincial el proyecto de GNL, tiene un serio problema político de fondo. El se opuso al RIGI y los bloques de Unión por la Patria en el Congreso votaron en contra.
Esto motivó una jugada de la oposición bonaerense. El jefe del bloque PRO de diputados, Agustín Forchieri, presentó un proyecto de ley de adhesión al RIGI. «Estamos haciendo el trabajo que el gobernador Kicillof debería impulsar, pero no lo hace», señaló a este diario.
Hay tres iniciativas más dando vueltas en ambas cámaras provinciales. Y el libertario Agustín Romo también presentó un proyecto de declaración para que Kicillof adhiera y garantice la inversión, que se haría en Bahía Blanca.
«Esto brinda mayor seguridad jurídica porque impide que se creen gravámenes locales en contra de estos proyectos. Es decir, si aprobás la adhesión blindas para que la gobernación local no invente impuestos a las grandes inversiones, por ejemplo», explicaron desde el PRO.
Y ampliaron: «El RIGI no tiene la lógica jurídica de necesitar el acuerdo de todas las provincias para que quede establecido como la ley de coparticipación. La adhesión brinda mayores certezas a los inversores y las empresas para impedir que el día de mañana se creen nuevos impuestos a estos proyectos».
La pelea por el RIGI en el Congreso
El debate por el RIGI fue uno de los más acalorados y operados en el Congreso, por la plata que implica. La versión original del proyecto oficialista pedía exenciones por 30 años para cualquier sector. Luego se acotó a “grandes Inversiones” en forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
En el Senado también se incluyó una modificación para incluir a las pymes: el plan de desarrollo de los proveedores locales. Se establece que cada gran inversión superior a los US$ 200 millones tendrá que proponer al menos un 20% de la totalidad de inversión en proveedores de organizaciones nacionales.
Entre los beneficios para esas inversiones que tienen un monto mínimo de 200 millones de dólares hay una rebaja del impuesto a las Ganancias (de 35% a 25%) y el impuesto al Cheque es 100% computable como pago a cuenta de Ganancias. .
Además, se otorgan exenciones de derechos de importación como de exportación luego de transcurridos 3 años de la adhesión al RIGI. En cuanto a los incentivos cambiarios, se establece que no es obligatorio ingresar o liquidar en el mercado de cambios los aportes de capital o los préstamos.
Y se garantiza «estabilidad por 30 años» en materia tributaria, aduanera y cambiaria desde la adhesión al RIGI. Es esta prometida «estabilidad» la que Milei quieren tabicar de cara al futuro.