Hay varios proyectos que impulsan su cierre definitivo, entre ellos, el de la diputada del PRO, Silvana Giudici. Mientras, se nombrará a un interventor.
17 de julio 2024, 05:26hs
Hay varios proyectos que impulsan su cierre definitivo. Entre otros, el de la diputada del Pro, Silvana Giudici, que podría tratarse tras el receso invernal.
En los últimos días, la secretaría de Hacienda amplió su presupuesto en $1700 millones, lo que generó la reacción del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que además de impulsar su cierre, tomaría la determinación de designar un interventor normalizador del organismo, ante el vencimiento de las funciones de la periodista Lewin.
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Menem posteó en la red social X: “Que no queden dudas respecto a la ‘Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual’. Por lo establecido en la Ley 26.522 (ley de Medio), la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual tiene la potestad de proponer un defensor público con mandato de cuatro años. El 24/06/2020, Miriam Lewin fue nombrada como defensora por un mandato de cuatro años. Esta ‘defensoría’ tiene un Sistema Administrativo Financiero (SAF) propio, es decir, los fondos que le ingresan provienen directamente del Tesoro. Esto significa que ninguna de las Cámaras del Poder Legislativo tiene injerencia. Al vencimiento de su mandato, en primer lugar, el Congreso de la Nación nombrará conjuntamente un director interino para realizar una auditoría interna con el fin de saber en qué se gastaban los fondos y para qué funcionaba. En segunda instancia, este diputado de la Nación acompañará un proyecto para la disolución definitiva de esta defensoría”.
El texto no solo dejó en claro su postura a seguir, la de acompañar el proyecto de la diputada Silvana Giudici, sino también, echar por tierra los cuestionamientos, que desde dentro de La Libertad Avanza, o por fuera del oficialismo, respecto a responsabilidades del Congreso en los fondos destinados a la Defensoría.
El proyecto de Silvana Giudici
En su iniciativa presentada en diciembre, a pocos días de asumir su banca de legisladora, la diputada Giudici establece: “Disuélvase la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y transfiérase el personal que compone la planta permanente, los bienes, presupuesto, activos y patrimonio de la Defensoría a la Defensoría del Pueblo de la Nación”.
En sus fundamentos, la diputada señaló: ”La creación de la Defensoría implicó desde su origen una duplicación de funciones y recursos ya que las competencias asignadas se encuentran subsumidas tanto en las funciones propias de seguimiento, fiscalización y control atribuidas al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), como en las funciones propias del Defensor del Pueblo de la Nación”.
Con relación a la actuación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual desde su puesta en funcionamiento, se ha abocado principalmente al monitoreo de los contenidos emitidos por los medios de comunicación audiovisual –función que, ya se dijo, la ejerce el Enacom-, brindar capacitaciones vinculadas a los contenidos transmitidos y publicar informes respecto de lo que resulta aconsejable transmitan los medios de comunicación audiovisual, incluso a través de internet y redes sociales.
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“Los fondos que maneja la Defensoría no tienen correlato con la función que presta”, le dijo la diputada Silvana Giudici a TN. Dentro de los fundamentos, explicó, “la Defensoría tiene asignados $1506 millones, según el presupuesto nacional vigente. Al 30 de noviembre de 2023 la Defensoría recibió $903 millones por lo recaudado según la ley (de Medios). Según el presupuesto 2024 la Defensoría del Público tiene previsto y disponible para ejecutar $2575 millones”. Y destacó que cuenta con 140 empleados.
La defensa de Miriam Lewin
La extitular del organismo, Miriam Lewin, fue consultada por TN al respecto y dijo: “Me parece que es un perjuicio a los derechos de las audiencias cerrar la Defensoría del Público, donde tienen un marco en el cual hacer reclamos, de hecho recibimos muchísimos referidos a GH (al programa Gran Hermano). Esta medida se da en un marco en que además la libertad de expresión está en riesgo. La última iniciativa de restringir el acceso del periodismo a las conferencias del vocero (Manuel Adorni) ya en esa línea”.
También confirmó que su periodo al frente de la Defensoría terminó el pasado 24 de junio (fue nombrada por la comisión Bicameral del Congreso el 24 de junio de 2020 en plena pandemia), “unos dias antes presenté ante el personal de la Bicameral el informe de los últimos seis meses de gestión, instando a que se constituyera (las nuevas autoridades de la comisión) para que, de ese modo, iniciar el proceso de designación de un nuevo titular “, cerró.
Además fue un período marcado por una fuerte restricción presupuestaria significativa debido a que se replicó el presupuesto de 2023 en un contexto inflacionario, y una disminución de la recaudación del Enacom como consecuencia de la migración de la publicidad a las plataformas digitales y la suspensión de la pauta publicitaria oficial.
Informe de la Defensoría
El organismo continúa trabajando, pese a que desde el punto de vista técnico quedó acéfalo. En los últimos días recibieron cerca de 300 reclamos por dichos discriminatorios por parte de algún conductor. La directora de Protección de Derechos, Alejandra Iriarte, le señaló a TN: “A partir de las denuncias intervienen las áreas de monitoreo y de protección de derechos de las audiencias, pero no podemos emitir una resolución del caso (por no tener definida a la nueva autoridad)”.
En su sitio web, la Defensoría detalla: “Para el cumplimiento de sus funciones, la Defensoría del Público cuenta con fondos de afectación específica según lo dispuesto por el artículo 97 inciso e) de la Ley 26.522, ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que otorga un 5% de los fondos recaudados por la AFIP por el “gravamen proporcional al monto de la facturación bruta correspondiente a la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto”, abonados por “los titulares de los servicios de comunicación audiovisual”, referido al destino de los fondos recaudados.
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Dentro del Presupuesto Nacional, la Defensoría del Público funciona en el Programa Nº36 de la Jurisdicción Poder Legislativo que se denomina Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Servicio Administrativo Financiero. Detallando que el total de gastos pagados correspondientes al primer semestre 2024 fue de $1.301.716.723.
La Defensoría cuenta con una estructura de funcionamiento que nuclea a varias direcciones y departamentos: Dirección de Derechos y Asuntos Jurídicos; Dirección de Administración; Dirección de Comunicación Institucional; Dirección de Legal y Técnica; Dirección de Relaciones con las Audiencias; Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional; Departamento de Capacitación; Departamento de Promoción y Departamento de Producción e Investigación.