Los profesionales de Cancillería presentarán acciones ante la Justicia y evalúan medidas sin precedentes. Parte del salario en el exterior de los funcionarios queda alcanzado por la nueva reglamentación impositiva.
23 de julio 2024, 17:44hs
Tal como pudo constatar TN de distintas fuentes diplomáticas, estas modificaciones despertaron la furia de prácticamente todo Palacio San Martín, al punto de que presentarán acciones judiciales ante la Justicia, muchos funcionarios que están en el exterior evalúan pedir su regreso a la Argentina y hasta pusieron sobre la mesa la posibilidad de realizar un cese de actividades, algo que nunca sucedió en el ministerio.
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“Hay casos de diplomáticos con familia que viven en ciudades donde el costo de vida es muy alto y, con esta modificación, se les reducirá tanto el sueldo que posiblemente pidan el regreso al país”, ejemplificaron distintos funcionarios del Servicio Exterior de la Nación para intentar poner blanco sobre negro la situación de los diplomáticos que trabajan en el exterior.
En la actualidad, los miembros del servicio exterior de la Nación ya pagan ganancias en la Argentina por el “sueldo país”. Con los cambios introducidos desde ayer, ahora también estarán alcanzados por el impuesto en el tramo adicional por lo correspondiente a la representación en el exterior. La normativa empezará a regir desde los sueldos de julio.
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Por la nueva reglamentación, este adicional en dólares se transformará en pesos al tipo de cambio oficial y, sobre ese monto, pagarán la alícuota que corresponda. Aseguran que en prácticamente todos los casos será del máximo de 35%. El principal enojo del cuerpo profesional de Cancillería reside en que todos los diplomáticos, a excepción de los embajadores, al trabajar en el exterior ya de por sí se tienen que hacer cargo de los costos de vivienda, servicios, salud, escolaridad de sus hijos, entre otros. Si se lo compara con otros países, muchos de estos gastos no corren por cuenta del diplomático en otras cancillerías del mundo.
Entienden, además, que esta modificación termina perjudicando principalmente a los funcionarios de menor escala como los secretarios y consejeros, lo que puede derivar en un desincentivo para salir del país y desembocar en una oleada de pedidos para regresar a la Argentina. Cada movimiento de los diplomáticos tiene que ser firmado por el canciller a través de una resolución.
A pesar de las negociaciones que se entablaron durante las últimas semanas con el ministro Luis Caputo y su equipo, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores no lograron que se diera marcha atrás con esta fuerte medida. La vía que ahora queda es la judicial o, bien, una reforma a través de un decreto.
La decisión de iniciar acciones legales se tomó después de una reunión de emergencia del lunes de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN), que representa a más del 80% de los diplomáticos que forman parte de la Cancillería. Por estas horas se está definiendo qué vías tomar, si una única o distintas presentaciones judiciales.