Pese al malestar que generó que la decisión del Gobierno de reglamentar la reversión del impuesto a las Ganancias sin atender los reclamos sindicales, la CGT definió que por ahora no avanzará con un nuevo paro general contra la gestión de Javier Milei en el afán de preservar la unidad entre los diferentes espacios de la entidad. Pero si resolvió endurecer su posición con el Ejecutivo ante la falta de respuestas a sus reclamos: así enviará solo a sus equipos técnicos (no a sus dirigentes) la semana próxima a la reunión convocada por el Ejecutivo por la reglamentación de los cambios en materia de trabajo incluidos en la Ley Bases, pero rechazó sumarse a un diálogo tripartito para discutir una reforma laboral más profunda, como alienta el sector empresario con un guiño de la Casa Rosada.
La posición cegetista fue convenida este jueves en la extensa reunión del consejo directivo que sesionó en la sede de Azopardo al 800 con la participación de dirigentes de los grupos más moderados de la entidad, encabezados por Héctor Daer y los denominados «independientes», y de los sectores combativos, el frente que componen Pablo Moyano y los gremios K.
En ese marco, y pese a las diferencias entre quienes sostienen la necesidad de mantener el diálogo abierto con el Gobierno y aquellos que pugnan por endurecer la posición sindical, se acordó una estrategia conjunta que volvió a postergar la definición de medidas de fuerza, resolvió la convocatoria a un plenario de todas las regionales de la CGT y sumarse a la movilización convocada por las organizaciones sociales para el próximo 7 de agosto por la celebración de San Cayetano.
A la par, y en un mensaje de endurecimiento con la Casa Rosada, se fijó que serán los equipos técnicos de la central y no los miembros de la conducción sindical los que irán el próximo miércoles a la Secretaría de Trabajo a la reunión para debatir la letra chica de los cambios laborales establecidos por la Ley Bases. Pero los sindicalistas desestimaron cualquier posibilidad de negociar a partir de un marco tripartito una reforma laboral de alcance más amplio.
“El Gobierno no ha dado una respuesta positiva a dos temas que para nosotros eran fundamentales”, reprochó Daer al término de las deliberaciones del consejo cegetista en alusión al planteo sindical para que el nuevo piso de Ganancias se actualice por la inflación acumulada el último semestre y el pedido para que el Gobierno deje sin efecto la apelación ante la Corte por el fallo judicial que frenó el capítulo laboral del megaDNU de Javier Milei.
Las definiciones de la CGT tuvieron lugar un día después de que el Gobierno, a través del secretario de Trabajo, Julio Cordero, anunció la puesta en marcha de una mesa técnica destinada a analizar la reglamentación de los cambios de la normativa laboral incorporado en la Ley Bases, como había solicitado la conducción cegetista semanas atrás, y la apertura de un espacio de diálogo tripartito que -en línea con el reclamo empresarial- avance en la discusión de una reforma laboral más amplia y con eje en el articulado en el polémico DNU, actualmente frenado por la Justicia.
En cuanto al debate por la reglamentación del capítulo laboral de la ley votada por el Congreso, cada sector tiene sus propias urgencias. Los sindicalistas que visitaron a Cordero concentran su preocupación en dos artículos clave: por una parte el que define la creación de la figura del trabajador independiente con hasta tres colaboradores autónomos a cargo. Y, por otro, el que establece la penalización de los bloqueos y tomas de empresas al considerarlos “grave injuria laboral”, lo que habilita a los empleadores a despedir con causa a quienes participen de ese tipo de protestas. «Hay aspectos muy dañinos para los trabajadores que es necesario atenuar y resolver» en el decreto reglamentario, advierten en la central obrera.
A su vez, los directivos empresarios de G6 que visitaron el miércoles al funcionario, se pararon en la vereda de enfrente de la posición sindical y reclamaron acelerar la implementación de los cambios laborales de la Ley Bases. En particular, los que establecen la reformulación del sistema de multas laborales, o el que permite la adopción del denominado Fondo de Cese como alternativa al regimen indemnizatorio consagrado en la Ley de Contrato de Trabajo.
Además, sobre la controversia por la penalización de los bloqueos y tomas de establecimientos, los empresarios rechazan discutir con los gremios cualquier esquema que desnaturalice el sentido de la medida y flexibilice sus efectos concretos. «Es muy claro lo que votó el Congreso y queremos que se mantenga ese espíritu en la reglamentación», señaló a Clarín el directivo de una de las cámaras del G6.
Una reforma laboral profunda
Un escenario mucho más complejo supone la pretensión empresaria -compartida en buena medida por el Gobierno- de amplificar el diálogo tripartito como instancia para negociar una reforma laboral más profunda que los cambios fijados por la Ley Bases.
La intención es poner en la mesa de discusión parte de los 42 artículos eliminados de la ley por presión de la CGT y la mayoría de las modificaciones laborales fijadas en el DNU 70/23 -por ahora frenadas por la Justicia a pedido de la CGT-, cuya redacción estuvo en manos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quién también podría sumarse a las negociaciones con empresarios y gremios en representación del Gobierno.
“Se fijará la agenda de forma tripartita. Una vez consensuada, esperamos debatir puntos de la reforma laboral que no fueron incluidos en la Ley Bases”, afirmó el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, a Clarin. En la misma línea se pronunció Mario Grinman, de la CAC, que indicó: “El DNU marcó una agenda que nunca se había hecho. La Argentina necesita que se creen fuentes de trabajo, el 50% está en la informalidad. Hay que adecuar los marcos” laborales, señaló.
El megadecreto contempla cambios en materia de relaciones individuales, colectivas y en la regulación de los conflictos colectivos de trabajo, abarcando la flexibilización de condiciones laborales, la reducción de las indemnizaciones y fija nuevas limitaciones al derecho a huelga, además de golpear fuertemente sobre la caja de recaudación de los sindicatos, entre otras medidas fuertemente resistidas por los gremios.
Justamente por su profundidad la conducción CGT judicializó el decreto y ahora aguarda por un pronunciamiento definitivo la Corte Suprema.