La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa contra  Ricardo Gutiérrez Conde y José Gutiérrez Conde como coautores del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

La intervención de UDEC inició luego de que en marzo de 2023 ingresara una denuncia en contra de Ricardo Gutiérrez Conde, representante en Salta de la empresa Conde Automotores S.R.L.

Según lo manifestado, el acusado presentó una oferta en el marco de la Contratación Abreviada Nº 235/2022, tramitada por la Secretaría de Contrataciones del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta para la adquisición de dos camionetas, una marca Nissan y otra Renault. 

A pesar de que la oferta fue preadjudicada por $24.270.000 y se emitió una orden de compra por el mismo valor, los vehículos nunca fueron entregados.

La investigación realizada por la UDEC reveló que José Gutiérrez Conde, hermano del denunciado, también había actuado en la causa. Ambos recibieron la transferencia de dinero por parte de Tesorería de la Provincia, anularon las facturas de los vehículos y realizaron transferencias a terceros, como las empresas Grandote SA y Clama SA, además de efectuar pagos a particulares.

Todo esto se llevó a cabo mientras los acusados afirmaban falsamente que uno de los vehículos estaba en proceso de patentamiento a favor de la Provincia, solicitando un pago adicional injustificado con fines de para retrasar la entrega.

Hasta el momento, las unidades no fueron entregadas y, según la pericia contable realizada por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, el monto de adjudicación a Conde Automotores, pasó de los $24.270.000 en diciembre de 2022 a $124.713.822 en mayo 2024, ajustado según los índices del INDEC (IPC).