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Rodríguez Larreta denunció que la postulación de un candidato del peronismo «es ilegal»

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta llegó en el marco de su campaña presidencial a la provincia de Tucumán. Allí se reunión con el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Roberto Sánchez.

Más allá de las cuestiones propias de un acto de campaña, Horacio Rodríguez Larreta enfatizó sobre lo que considera la candidatura “ilegal” del ex jefe de Gabinete de Alberto Fernández, Juan Manzur, en las elecciones del 14 de mayo.

“Lo digo con todas las letras, la candidatura de Manzur es ilegal. Punto. Es ilegal. Hoy está en manos de la Corte, y yo siempre respeto la independencia de la Justicia, pero es ilegal. Ahora, también estoy convencido de que los tucumanos quieren un cambio y ese cambio se va a llevar adelante”, señaló el precandidato a Presidente.

Juan Manzur fue electo como gobernador en 2015 y en 2019. Pero en el período anterior al primero fue vicegobernador de José Alperovich. La carta magna provincial sostiene: «Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de Vicegobernador».

Como la constitución tucumana permite sólo una reelección consecutiva, la oposición denunció que Manzur está inhabilitado para postularse a ese cargo.

El Frente de Todos se apoya en otra parte del artículo 90 de la constitución tucumana que señala: “El vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido gobernador y ser reelecto por un período consecutivo”. No obstante, y más allá de la polémica, Manzur consiguió el aval de la Corte Suprema tucumana para acompañar a Osvaldo Jaldo en calidad de vicegobernador.

El caso debería pasar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero los tiempos están agotados. Además, el máximo tribunal de Justicia de Argentina dejó trascender, mediante voceros mediáticos, que no abordaría este año fallos que pudieran tener incidencia directa en ningún proceso eleccionario.