El reciente nombramiento de intendentes y algunos legisladores departamentales al frente de las llamadas Comunidades Regionales de Córdoba tiene que ver con una apuesta que realiza el gobernador Martín Llaryora: reflotar la ley provincial 9.206, que en diciembre cumplirá 20 años desde su aprobación, y potenciar el trabajo del municipalismo.
De esta forma, el Gobierno provincial apuntará a un trabajo regional liderado por los jefes comunales, con línea directa al Centro Cívico y sin diferencias en los abordajes de las problemáticas por departamento o por bloques o foros partidarios, sino por territorio. Algo que desde el entorno del gobernador aseguraron que se trata de una tarea con más llegada a los intendentes y más presencia en el interior.
Bajo este concepto, el Ministerio de Gobierno, a cargo de Manuel Calvo, ya comenzó el trabajo para refundar las comunidades que venían funcionando y apuntalar a las nuevas. Sobre todo a las que se acaban de conformar en Cruz del Eje, Ischilín y Totoral.
Esto implicará un trabajo de dos meses de capacitaciones en talleres para los intendentes y funcionarios municipales con el apoyo de universidades y con la asistencia técnica del Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (Copec) para definir por región las prioridades ya sea de obras, infraestructuras y recursos.
Esto le permitirá al Gobierno provincial tener un mapeo de las prioridades por comunidad, las que están integradas por intendentes y jefes comunales que deseen adherir siempre que estén asociadas a un territorio, pero no necesariamente a los límites políticos de los departamentos (26).
“Esta es la primera vez que todas las comunidades tienen sus representantes en un trabajo que apunta a innovar en la regionalización, trabajar con los municipios en encontrar soluciones comunes a los problemas”, dijo Calvo en diálogo con La Voz. “Y cuando hablamos de innovar es trabajar la cadena de valor de cada región, sea lo industrial, por ejemplo, y potenciarlo con otra comunidad regional colindante bajo una armonía del valor productivo, de políticas de Estado y de hermandad en la educación”, describió el ministro.
El espíritu de la puesta en valor de una ley -vigente desde 2005- es que cada una de las comunidades, integradas por intendentes que sólo deseen adherir, pueda tener un índice de desarrollo regional y una planificación con prioridades de obras o infraestructura necesaria. Por lo que en estos dos meses, el Gobierno apostará a la capacitación que el Copec, a cargo de José Emilio Graglia, brindará a los líderes locales. Tras esto se resolverá el mapeo de las prioridades con los pedidos obras o acuerdos entre municipios o Provincia.
Sobre este punto, desde el Gobierno explicaron que las municipalidades podrán ser aportantes de fondos de manera asociativa en una comunidad para realizar obras. Aunque también la ley prevé que se reciban fondos nacionales (algo poco probable en estos días) o provinciales, que es por donde apunta Llaryora.
Respecto de qué presupuesto manejarán, se explicó a La Voz que Provincia girará partidas para obras o infraestructura según prioridad y recursos, y se aseguró que serán giradas al Tribunal de Cuentas Provincial.
“Como en cualquier otra obra, deberán pasar por el Tribunal de Cuentas todo”, advirtió un funcionario provincial ante las primeras críticas del radicalismo sobre el uso de los recursos que ya se materializó estos días con un pedido de informe de la UCR en la Legislatura, advirtiendo de esta situación.
“Una cosa es articular con 426 gobiernos locales y otra es hacerlo con 25 asociaciones intermunicipales que son las comunidades regionales. Nosotros, desde el Copec vamos a asistir técnicamente a las 25 comunidades regionales para que elaboren sus planes de desarrollo regional definiendo prioridades en capital físico: vivienda, obras y servicios; en actividad económica, sobre producción y trabajo; en capital humano, en relación con educación, salud y ambiente; en capital social, sobre seguridad y convivencia. Eso está previsto en la ley, que tiene 20 años, pero que nunca se hizo en su totalidad”, confió Graglia.
La apuesta que pretende refundar Llaryora, con una llegada directa a los intendentes, no pasó desapercibida por aquellos que también hicieron una mirada política. “Se viene un año electoral y esto es trabajar con todo el municipalismo en serio y con planificación, qué intendente radical se opondrá”, confió un dirigente oficialista.
Las críticas de la oposición
Esto es lo que inquieta a algunos legisladores radicales que ven a esta posibilidad como un avance en “cooptación” de dirigente para el armado del partido cordobés al que hace mención el gobernador.
“Si se trabaja bien, es bueno porque estaría funcionando la comunidad regional, pero hay una intención política de discrecionalidad de los recursos inclinando la balanza para el peronismo. Y las comunidades regionales no pueden ser políticas, por eso el 99%, salvo una o dos, están representadas por el peronismo. Hay dos radicales nada más y esto porque a Llaryora le fue mal en el interior y quiere levantar… Eso se puede trabajar bien si no se politiza”, expresó el presidente del bloque de legisladores de la UCR, Matías Gvozdenovich.
Oscar Saliba, también legislador radical y exintendente de Huinca Renancó, sumó observaciones. “Algunas comunidades no venían trabajando bien porque habían dejado de lado a algunos intendentes de la oposición. Algunos se han ido y no es un trabajo ecuánime que se esté realizando bien. Hay que hacer una revisión general, cómo están formadas y trabajar para todos y no de manera discriminatoria”.
Los que apuestan
Entre los legisladores oficialistas que se sumaron a ser representantes de estos espacios, en cambio, advirtieron que se viene un trabajo de prioridades de los territorios. Victoria Busso, parlamentaria departamental y referente de la comunidad de Roque Sáenz Peña, expresó: “Ya tuvimos una primera reunión todos los representantes y esta fue la primera vez desde la sanción de la ley. En mi región ya se viene trabajando y es una práctica consolidada. Es para celebrar porque es una forma de que las políticas públicas provinciales estén más presentes. Y lo importante es lo que se habló: poder traspasar los límites departamentales y trabajar entre comunidades, sobre todo, en los municipios vinculados”.
Julieta Aquino, intendenta de Inriville y encargada de la Comunidad Regional Marcos Juárez, también coincidió que se trata de un espacio de tarea en conjunto. “Se puede trabajar con problemáticas que tenemos en común como, por ejemplo, el abordaje de la salud en materia preventiva… La Comunidad Regional Marcos Juárez viene institucionalmente trabajando desde hace muchos años. Asimismo es de suma necesidad ante la geografía departamental, agruparse en verdaderas regiones que no son necesariamente del mismo departamento. Creo este es el desafío que tenemos todos”.
“Lo departamental es, desde mi punto de vista, una división geográfica política… Y lo regional, como lo dice la palabra, tiene que ver más con nuestros corredores, rutas y producción”, insistió.
Sergio Avalis, intendente de Las Perdices y representante de la Comunidad Regional Tercero Arriba, agregó que esta forma de trabajo “es la única que permite al Gobierno provincial estar más al tanto de los problemas de los territorios”. “No es fácil atender 425 municipios y comunas individualmente y esta es una oportunidad”, dijo al advertir que es un desafío conjunto que tomará forma.