Pedro Sánchez fijó entre las prioridades del Gobierno para este curso político una reforma fiscal progresiva para aumentar los impuestos «a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas». Aunque en Moncloa presumen de tener una hoja de ruta clara y estar determinados a estirar la legislatura aun sin Presupuestos, reconocen que una parte de la reforma fiscal dependerá de que se aprueben las cuentas públicas. La otra de ellas, principalmente la que tiene como objeto modificar algunos de los impuestos extraordinarios para convertirlos en permanentes, precisará de la luz verde del Congreso. En este sentido, las mismas fuentes apuntan a la dependencia del PNV, concretamente en lo que tiene que ver con la reforma del impuesto a las energéticas.
A estas dificultades para impulsar subidas de impuestos dirigidas a las grandes fortunas, se añade que en estos momentos tampoco hay una posición consensuada entre los socios del Gobierno de coalición. Fuentes de Sumar admiten las discrepancias y avanzan que en las próximas semanas presentarán su propia propuesta de reforma fiscal. Un documento que pretenden utilizar como base para negociar con la parte socialista del Ejecutivo. Estas diferencias se dejaron entrever ya en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Mientras la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, apuntó a una reforma amplia y puso el foco en que «los servicios de lujo» y el IVA de la sanidad y educación pública, La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se limitó a explicar que «seguiremos trabajando en algún proyecto que ya tenemos y en alguna otra cuestión que se pueda plantear en los próximos meses», en referencia al impuesto extraordinario a la banca y las energéticas.
En el seno del Ejecutivo ya se produjeron diferencias respecto al impuesto extraordinario a las grandes compañías energéticas, que expira a final de año. Su extensión es uno de los puntos pactados en el programa del Gobierno de coalición, pero está pendiente en qué términos con la pretensión de asociarlo para permitir deducciones a las compañías por las inversiones en transición energética que realicen. Para ello es crucial superar las reticencias tanto del PNV como de Junts.
El Ejecutivo no tiene en estos momentos garantías de sacar adelante los Presupuestos de 2025, lo que limitaría el impacto de la reforma prevista. Asimismo, en lo referente a otras modificaciones fiscales al margen de las cuentas públicas, su alcance dependerá de la cohesión y el apoyo del bloque de investidura. Un bloque heterogéneo en lo ideológico, sobre todo en materia fiscal, y que además amenaza con retirar su apoyo.
Sin noticias de Junts
Este mismo martes, el Consejo de Ministros aprobó por segunda vez la senda de déficit, el paso previo imprescindible para la tramitación de los Presupuestos. Lo hizo sin cambios con respecto a la que tumbó el Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Junts, y sin la garantía de que cambiarán su posición. Fuentes de Moncloa explican que no tienen ninguna pista sobre lo que hará Junts. A lo que sí apuntan es a su esperanza de que rectifiquen para no perjudicar a los ayuntamientos en los que gobiernan, dicen estas mismas fuentes, que ven una puerta entreabierta porque por el momento no les han anticipado que no cuenten con ellos para negociar las cuentas públicas.
Aunque el Congreso vuelva a tumbar la senda de estabilidad, desde el Gobierno aseguran que no renunciarán a presentar los Presupuestos. Lo hará en este caso con la senda vigente, que obligaría a hacer esfuerzos a las administraciones autonómicas y locales en materia de reducción de déficit. Según los cálculos de la titular de Hacienda, supondría un «ajuste» a las comunidades autónomas y ayuntamientos de 11.500 millones en los dos próximos años.
«Avanzar ley a ley»
El jefe del Ejecutivo ya trasladó al Comité Federal del PSOE su intención de seguir adelante con la hoja de ruta del Gobierno «con o sin el concurso del poder legislativo». La imposibilidad de sacar adelante medidas como la reforma fiscal evidencia las dificultades para ello, aunque en el Ejecutivo matizan la intención de «avanzar ley a ley». En Ferraz, por su parte, interpretan estas palabras como un aviso más dirigido a Junts, a modo de aviso de que la retirada de su apoyo no quebrará al Gobierno.
Lo que también quieren dejar claro desde el Gobierno es que una nueva prórroga de los Presupuestos no pondrá fin a la legislatura. La única vía pasaría por una moción de censura para la que no solo no se atisba una entente entre el PP y Junts para derrocar a Pedro Sánchez, sino que precisaría que Vox entrase en la ecuación.