Este sábado se realizará la audiencia pública para exponer los 34 proyectos de exploración de cobre que se busca realizar en el Distrito Minero Occidental en Malargüe. Tendrá una participación de 200 oradores y es el paso previo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que será enviada a la Legislatura para la aprobación -o no- del avance de la minería metalífera en Mendoza, un gran desafío del gobierno de Alfredo Cornejo.

Antes de uno de los pasos clave que dará el Distrito Minero Occidental en Malargüe, el director de minería, Jerónimo Shantal, se mostró convencido de que en materia minera «la oportunidad del cobre es hoy» haciendo alusión a lo que se pretende encontrar en toda el área del Distrito Minero Occidental.

«Tenemos un potencial de cobre enorme y del otro lado de la cordillera tenemos los proyectos mineros más importantes del mundo, que están en Chile», recalcó. E insistió: «La geología no tiene límites territoriales, como tampoco lo tiene el ambiente y tenemos muchos años de experiencia en el país vecino y han demostrado que pueden coexistir muchas industrias a la par».

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El funcionario explicó que la audiencia pública se convocó para un sábado para propiciar la participación de todos los malargüinos y se organizó una visita a Hierro Indio para que desde la comunidad se conozca de primera mano cómo es la exploración en un proyecto de minería metalífera.

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Este sábado se realizará la audiencia pública en Malargüe para explicar el proyecto del Distrito Minero. También se realizaron talleres explicativos con la comunidad.

Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Todas las opiniones complementarán los análisis sectoriales de las entidades que comentaron sobre el proyecto de exploración minera como son: Áreas Protegidas, Hidráulica, Patrimonio Cultural, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Las objeciones que condicionan el dictamen del Distrito Minero Occidental

El Departamento General de Irrigación, el Ianigla y la Municipalidad de Malargüe pusieron reparos en los informes ambientales que se remitieron desde la empresa estatal Impulsa. Entre las objeciones manifestaron que no había suficiente información y que tampoco se explicaba en detalle los métodos de exploración que se iban a implementar.

Entre las falencias que apuntan es el faltante de datos hidrológicos, como de ambiente.

En este punto, Shantal aclaró que ahora todos estos organismos deberán contestar más en detalle sobre las condiciones, las obligaciones que plantean y luego esta información será remitida a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

La facultad emitirá un dictamen, junto con lo que surja de visita al yacimiento de Hierro Indio y los dictámenes de la Dirección de Protección Ambiental y la dirección de Minería se enviarán a la Legislatura para que en el marco de la Ley 7.722 se ratifique o no.

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Infografía del área del Distrito Minero Malargüe Occidental.

El Distrito Minero tendrá su unidad de gestión ambiental para auditar la exploración

Shantal explicó que de tener los avales los 34 proyectos del Distrito Minero Occidental o parte de ellos, con los distintos organismos que participaron de los sectores se conformará la Unidad de Gestión Ambiental (UGA).

“Las condiciones que están presentando los distintos sectoriales en sus informes del MDMO se transformarán en requerimientos, que posteriormente pasarán a formar parte del plan de manejo de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y que los mismos sectoriales y la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) controlarán como parte de la UGA”, destacó Shantal.

La Resolución conjunta de la Autoridad Ambiental Minera (37/24 y 11/24) -que establece normativas y procedimientos para dar un marco regulatorio a todos los proyectos de prospección y exploración de minerales de primera y segunda categoría- incorpora la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), un instrumento que, como en el caso de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), permite que diversos sectores participen como controladores y evaluadores de los proyectos mineros.

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