Delante de los ojos de Nicolás Maduro se han abierto por estas horas dos frentes de tormenta diplomáticos simultáneos: Estados Unidos y España. La salida de Venezuela del opositor Edmundo González Urrutia no hizo más que acelerar las tensiones. El ministro de Exteriores Yván Gil, ha llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez. A la vez, convocó a la sede ministerial al embajador español en Caracas, Ramón Santos, «para expresar la postura contundente del Gobierno venezolano» de rechazo a las recientes declaraciones de la ministra de Defensa Margarita Robles. El encuentro se realizó bajo un sigilo solo roto por Gil en Telegram. «No permitiremos ninguna acción injerencista por parte del Gobierno de España en asuntos que son de competencia exclusiva de los venezolanos y venezolanas». A la vez aseguró que el Palacio de Miraflores «adoptará las medidas necesarias, en el marco del derecho internacional y la Diplomacia Bolivariana de Paz, para proteger su soberanía».
En su mensaje previo en Telegram, el ministro hizo referencia al «deterioro» de los vínculos y a las «insolentes, injerencistas y groseras declaraciones» de Robles, quien había calificado al Gobierno venezolano de «dictadura». Lo llamativo del mensaje es que «citaba» al embajador Robles a «comparecer», un verbo que por lo general alude a la presentación ante una autoridad judicial y que fue utilizado por el fiscal general Tarek Willam Saab cuando decretó la orden de captura de González Urrutia.
El comunicado oficial de este viernes no menciona ninguna acción concreta, pero parece mantener latente la amenaza del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, de romper «todas» las relaciones comerciales, diplomáticas y consulares con Madrid. «Que se vayan todos los representantes del Gobierno español, que se acaben esos vuelos», bramó Rodríguez, en un acto de ira seguramente avalado por el presidente.
El límite de la escalada
Las fricciones bilaterales se intensificaron después de que el Congreso de Diputados aprobara a instancias del PP un llamamiento al jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, para que reconozca la legitimidad electoral de González Urrutia. Sánchez solo lo ha recibido, lo mismo que sus antecesores Felipe González y Mariano Rajoy, gestos que han fastidiado a un madurismo que solo encuentra respaldo en Rusia, China, Turquía e Irán, además de Nicaragua, Bolivia y Cuba.
Para el diario caraqueño ‘El Nacional’, España «optó por rebajar la tensión» con las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cuando fue consultado por RNE sobre la llamada a consultas de la embajadora venezolana en Madrid. «Convocar a un embajador y llamar a consultas son decisiones soberanas de cada Estado y, por lo tanto, no hay nada que comentar». También, se remarca, eludió calificar a Venezuela de dictadura.
No han faltado por estas horas los analistas que se preguntaron hasta dónde es capaz de llegar el Gobierno venezolano en su controversia con España, que arrastraría detrás suyo a la UE. Unas 136.000 personas viven en el país sudamericano. Las relaciones comerciales bilaterales se han acotado a los 146 millones de euros en 2023, frente a unas importaciones que ascendieron a 619 millones y que prácticamente se limitan al petróleo que extrae Repsol, de acuerdo con el último informe de ICEX España Exportación e Inversiones. El petróleo representa el 88,6% del total de importaciones, seguido por los camarones (5,5%), los productos semielaborados de aluminio (2%) y el ron (1,2%). Venezuela, en tanto, ocupa el lugar 98 como país de destino de la exportación española. Además de Repsol, operan en territorio venezolano Telefónica, Zara, BBVA, Mapfre, aerolíneas como IAG o Plus Ultra o la propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).
La crisis con Estados Unidos
En tanto, la Casa Blanca advirtió también este viernes a Maduro, que de no hacer «lo correcto» y publicar las actas de los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio que oficialmente le otorgaron la victoria, Estados Unidos redoblará sus medidas de presión. Veinticuatro horas antes había sancionado a 16 funcionarios venezolanos por «su responsabilidad en el fraude electoral» del pasado 28 de julio. Entre ellos se encuentran miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional Bolivariana y el Servicio de Inteligencia.
Las sanciones dadas a conocer ayer provocaron una reacción en cadena. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, habló en nombre de los militares. «Rechazamos contundentemente las medidas unilaterales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos». Padrino López relacionó a Estados Unidos con la «oposición fascista» que no reconoce los resultados del 28 de julio.El ministro y general aseguró que Washington ha vuelto por la senda de la «burda agresión» y «el mecanismo extorsivo» pero, aseguró, «los soldados de Bolívar y (Hugo) Chávez no somos objeto de chantaje» del «imperialismo».
El enardecido mensaje de uno de los principales sostenes de Maduro evitó cualquier mención a España y al momento actual de las relaciones. Tampoco lo hicieron el CNE y el TSJ al rechazar las sanciones en contra de sus principales integrantes. «Ninguna sanción ilegal en contra de la institución la ha alejado del mandato constitucional que corresponde», dijo el organismo electoral. «Las acciones injerencistas de Estados Unidos en los asuntos internos de la República al imponer medidas coercitivas unilaterales son ilegítimas e ilegales», sostuvo la principal autoridad judicial, Caryslia Rodríguez.
Contra Guterres
El madurismo amplió el campo de batalla discursiva más allá de Madrid y Washington. El propio ministro Gil consideró que el secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se pone del lado de quienes «sancionan ilegalmente» a Venezuela. «Evita condenar la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, es una afrenta al mandato que le han dado los Estados, todo por defender a los agresores de Venezuela». En lugar de solidarizarse con las «víctimas del bloqueo» se ubica con los «mentirosos y victimarios, de los fascistas que violan derechos y desconocen el Estado venezolano».La vehemencia del canciller le hizo quizá pasar por alto que el propio Guterres rechazó las sanciones a través de su portavoz, Stéphane Dujarric. «No creo que ayuden», subrayó Dujarric en su nombre. Pero también expresó su preocupación por «el respeto a los derechos humanos» y «la falta de transparencia» relacionada con los comicios.