Catorce y quince años. Esa era la edad que tenían dos de las menores víctimas de la trama de prostitución infantil que ha sacudido a la opinión pública murciana cuando las recogieron en las inmediaciones de su colegio de Murcia para ser trasladadas ante Juan Castejón Ardid: expresidente y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), exvicepresidente de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM) y empresario que en aquellas fechas cumpliría los 64 años.
Castejón también abusó de otra niña que, con 15 años, publicó una oferta para trabajar de cuidadora en ‘milanuncios.es’ y recibió la respuesta de una de las ‘madames’ condenadas por la trama. Esta mujer, que hacía de intermediaria entre víctimas y clientes, le argumentó a la menor para convencerla que «no pasaba nada» cuando esta le intentaba explicar que solo tenía 15 años y era virgen.
Las cortas edades de las víctimas menores no solo no disuadían a Castejón. Al contrario: ‘El Petrolero’ era «uno de los clientes que pedía siempre que fueran menores».
Razón por la que a su cuarta víctima, que ya contaba con 17 años, la misma ‘madame’ le pedía que dijera que «tenía 15 o 16 años, ya que a los clientes esto les daba más morbo», tal y como han reconocido los condenados en la Audiencia Provincial para llegar a un acuerdo de conformidad.
A diferencia de la quinta víctima, también menor, y que fue captada mientras «pasaba por un momento de dificultades económicas, lo que le hacía más fácil que pudiera ceder«, Castejón era por aquel entonces un destacado -y pudiente- miembro de la patronal cartagenera. También era presidente, consejero delegado y consejero de tres empresas: Pradem S.A. (hasta agosto de 2015), Promociones Sierra Minera (hasta agosto de 2018) y Eslabon Inmobiliaria (hasta agosto de 2018).
Pero no fue hasta febrero de 2015 cuando, empujado por el Comité de Ética y Buenas Prácticas de la patronal murciana CROEM tras conocer su imputación, Castejón dimitió a regañadientes por sus vínculos con la trama de prostitución de menores mientras seguía defendiendo su inocencia delante del resto de empresarios.
Casi diez años después, Castejón ha salido a pecho descubierto, sonriente y con la cabeza bien alta del Juzgado de Murcia tras ser condenado por cinco delitos de prostitución de menores.
A diferencia del resto de proxenetas que lo acompañaban en la vista -y que intentaron esconder su rostro detrás de gafas de sol y mascarilla- el promotor no ha querido ocultarse.
El apodado como ‘El Petrolero’ pisaba la calle con alivio, sabiendo que no iba a entrar en prisión. Así lo decidió el juez en una sentencia que ha encendido a la sociedad murciana y que lo ha condenado a cinco meses de cárcel y 2.000 euros de multa por cada víctima después de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía -que pedía antes de la vista del pasado miércoles entre 4 y 24 años de prisión para los empresarios, según el número de delitos- y obtener la reducción de las condenas por «dilaciones indebidas«.
Junto a Castejón han sido condenados seis hombres más: José Antonio Arce López (70 años, Beniaján), Juan Peque Álvarez (72 años, León), José Jara Albero (68 años, Alicante), Antonio Giménez Pelegrín (81 años, Lorca), Antonio Morales Nicolás (92 años, Murcia) y Juan Martínez Fernández (73, Murcia).
Este último, Martínez Fernández, trabajó como enterrador en Alhama de Murcia y Totana y es un destacado miembro de la comunidad de este último municipio, donde ha recibido varios homenajes por su participación en la Semana Santa de la localidad o por sus logros académicos.
Su pena también ha sido rebajada y ha sido condenado por un delito de prostitución de menores a cinco meses de cárcel (que, como el resto de acusados, no pisará) y a pagar 1.000 euros a su víctima.
Los intermediarios
Las penas más altas han sido para los seis intermediarios: las personas que cobraban una comisión por prostituir a menores de entre 15 y 17 años y que se encargaban de captarlas en la puerta de sus colegios o discotecas juveniles y ponerlas en contacto con los empresarios y clientes.
Las cuatro condenadas que actuaban como ‘madames’ (captadoras, facilitadoras e instigadoras de esta trama) son Yesenia Mercedes Balladares Cusme, Nelly Paola Céspedes Pedriel, Ruth Karina Dorado Toledo y Manuela Pérez Poveda.
Mientras que Martin Galo Dorado Toledo y Walter Giovani Dominguez Melgar han sido condenados como autores -cooperadores necesarios como parte de esta pieza-.
El fiscal pedía de 21 a 56 años de prisión. Nada que ver con unas penas que suman 16, 12 y 6 años de cárcel y todo apunta a que tampoco entrarán en ella para pagar por sus delitos.
Casado Mena: «Hay un claro culpable: el mal funcionamiento de la Administración de Justicia»
«La gente se ha echado a la calle con la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ porque iban a soltar decenas de violadores, pero en España sucede algo así cada día en todos los juzgados penales: el atenuante de dilaciones indebidas. Eso significa que por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, un altísimo porcentaje de condenados no entran a la cárcel, pese a ser culpables«, esta es la lectura que hace el abogado penalista y doctor en derecho Antonio Casado Mena sobre la sentencia a los siete proxenetas acusados de tener relaciones sexuales con menores de edad a cambio de dinero.
Las dilaciones indebidas que han evitado la entrada en prisión de los siete condenados por el caso de prostitución infantil -que el Fiscal Superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera ya está estudiando debatir en una Junta de Fiscalía– ha provocado un intenso debate en la sociedad murciana.
Este atenuante, que explica el por qué de unas condenas tan bajas como polémicas, consiste en una reducción que se aplica cuando los procesos judiciales se alargan mucho, y puede provocar que se bajen las penas hasta dos grados si las dilaciones indebidas son muy cualificadas.
Para Casado Mena, aunque la defensa haya jugado muy bien sus cartas, la reducción de las condenas es culpa de que la Justicia se retrase «por falta de medios», por lo que «hay un claro culpable: el mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Eso no puede ser. Es vergonzoso«.