El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, desestimó este jueves la denuncia presentada por la diputada mendocina Lourdes Arrieta contra miembros de su antiguo bloque, La Libertad Avanza (LLA), a quienes acusaba de haberla engañado y de presionarla y hostigarla tras la visita a represores de la última dictadura militar en la cárcel de Ezeiza en julio pasado.
Según fuentes judiciales, Kreplak coincidió con el análisis de los fiscales federales Sergio Mola y Diego Iglesias, quienes señalaron que no existía ningún delito para investigar. En su resolución, el magistrado destacó que esta discusión debía resolverse en el ámbito parlamentario, no en la Justicia. “Los entretelones de la visita oficial de los legisladores, representantes del pueblo, deben ser dirimidos en los espacios correspondientes al debate parlamentario”, expresó.
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Arrieta con los característicos patitos que lleva al Congreso de la Nación.
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Además de rechazar la denuncia, Kreplak también apartó a Arrieta de su rol de querellante y revocó la custodia policial que se le había asignado. De todas maneras, el fallo fue notificado a la Cámara de Diputados, para que determine si es necesario implementar alguna medida de seguridad adicional.
El origen de la polémica
El escándalo explotó luego de la visita que un grupo de diputados de LLA realizó el 11 de julio a la cárcel de Ezeiza para encontrarse con represores condenados por delitos de lesa humanidad, como Alfredo Astiz y Adolfo Donda Tigel.
La mendocina Arrieta mantuvo al principio un hermético silencio. Luego reapareció con el libro «Nunca más» en la mano, se peleó con los legisladores de su bloque y comenzó a decir que la habían llevado a Ezeiza engañada porque «al haber nacido en 1993» no sabía quién era Astiz.
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Al principio se abrió una causa para investigar si la visita había violado el reglamento del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Posteriormente, Arrieta presentó otra denuncia en la que acusaba a sus compañeros de bloque de coacción agravada, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. En su denuncia, alegaba haber sido manipulada y presionada para participar en la visita bajo el pretexto de mejorar las condiciones de detención de adultos mayores.
Lo que sí se está investigando
La Fiscalía, sin embargo, desestimó estos argumentos. El fiscal Iglesias explicó que lo ocurrido fue consecuencia de la actividad política de Arrieta y que no constituía un delito. “La querellante adoptó un posicionamiento político frente a una cuestión sensible y relevante para nuestro país, como el juzgamiento de responsables de crímenes de lesa humanidad”, señaló.
Kreplak avaló este criterio y afirmó que la intervención judicial en este tipo de asuntos solo distorsiona la misión constitucional del Poder Judicial. Además, subrayó que los intercambios entre los legisladores deben resolverse dentro del ámbito parlamentario, salvo que se trate de un delito penal.
Por otro lado, el juez mantuvo abierta la investigación sobre la posible violación de los reglamentos del SPF. En ese contexto, se realizó un allanamiento en la cárcel de Ezeiza, donde se retiró documentación. Los querellantes en esta causa son Carlos Pisoni y Virginia Franco, víctimas de delitos de lesa humanidad.