El expresidente de Bolivia Evo Morales.
La exfiscal de la región de Tarija, Sandra Gutiérrez, fue la responsable de emitir la orden de arresto contra Evo Morales. En declaraciones a la prensa local, Gutiérrez afirmó que había sido removida de su cargo por el fiscal general, Juan Lanchipa, como consecuencia de la acción legal contra el exmandatario y se abstuvo de proporcionar detalles sobre el caso que se le está investigando.
Periodistas de Infobae lograron obtener una copia de la orden de arresto que expone los pormenores del caso. De acuerdo con el documento, el 31 de mayo de 2018, en un registro civil de la localidad fronteriza de Yacuiba, en el departamento de Tarija, se emitió el certificado de nacimiento de una menor. Este registro señala a Cindy S.V.P., quien en ese momento tenía 18 años, y a Juan Evo Morales Ayma como los padres de la niña.
Aunque el certificado de nacimiento fue emitido en 2018, se registra que la niña nació el 8 de febrero de 2016, lo que indica que la madre tenía 16 años en el momento del parto y que su relación con Evo Morales tuvo lugar cuando ella tenía 15 años. Actualmente, la hija de la pareja tendría ocho años.
Evo Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019.
Conforme a la orden de captura, un reporte de inteligencia enviado a la Fiscalía el 26 de septiembre detalla “las circunstancias” en las que se habría llevado a cabo la concepción de la menor. Este informe indica que entre 2014 y 2015, el entonces presidente Evo Morales estableció, a través de diversas organizaciones, la llamada “Guardia Juvenil”, compuesta por jóvenes de entre 14 y 15 años provenientes de distintas regiones del país.
Se alega que los padres de Cindy S.V.P. habrían inscrito a su hija en esta organización con el fin de obtener beneficios, “es decir conseguir lo que deseaban a cambio de su hija menor”, señala el documento y añade “como poder obtener cargos privilegiados, estabilidad económica y beneficios políticos”.
En consecuencia, la menor habría sido “prácticamente forzada a mantener un acceso carnal con el ciudadano Evo Morales Ayma”, se lee en el documento. La investigación acusa también a los padres de la adolescente, identificados como Idelsa P. y Emetrio V., y señala que ambos obtuvieron cargos públicos “como parte de pago”.
En la imagen un registro del expresidente de Bolivia Evo Morales, en Buenos Aires.
Con esta información, la Fiscalía de Tarija decidió iniciar un proceso legal en contra del expresidente Evo Morales por los delitos de trata de personas y estupro, además de señalar que las sanciones se intensifican si la víctima resulta embarazada.
Orden de captura ante supuesto peligro de fuga
El informe menciona dos riesgos en la pesquisa. El primero es que Evo Morales podría entorpecer el avance del caso, ya que, tras haber sido presidente durante más de 13 años, “tiene influencias de poder” que le permitirían alterar, destruir u ocultar pruebas que evidencien su culpabilidad en esta situación.
Por otro lado, indica que el acusado carece de un domicilio estable, lo que podría generar un riesgo de fuga. La orden de captura especifica que su cédula de identidad no detalla la ubicación de su residencia. Asimismo, se destaca que no se tiene conocimiento sobre su empleo actual y que es una persona que realiza constantes viajes dentro y fuera del país. Por último, se menciona que el líder cocalero dispone de “los medios necesarios e influencias” que le facilitarían mantenerse en la clandestinidad o abandonar el país.
El miércoles por la noche se conoció que el ex mandatario de Bolivia es investigado por los delitos de estupro y trata de personas.
A partir de esos fundamentos y al considerarlo “un peligro efectivo para la sociedad”, los tres fiscales que llevaron a cabo la investigación deciden ordenar la detención de Evo Morales.
Sin embargo, esta orden de arresto fue anulada tras la presentación de una acción de libertad por parte del equipo legal de Evo Morales, la cual fue aceptada. “No me extraña ni me preocupa. Todos los Gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo. No me callarán”, expresó Morales en su cuenta de X luego de la difusión del caso.
Su equipo legal denunció ante la prensa que se trata de una cacería judicial orquestada por el Gobierno de Luis Arce. Este asunto surge en el contexto de la confrontación entre ambos líderes por el dominio del partido y la nominación para las elecciones de 2025.
La orden de aprehensión, que quedó sin efecto por un recurso legal, revela los detalles del caso.
Otras vinculaciones
Es la tercera ocasión en que el expresidente Evo Morales es asociado con menores de edad. La primera vez fue con Gabriela Zapata, con quien supuestamente tuvo un hijo cuando ella contaba con 18 años. Más tarde, Zapata se convirtió en gerente de una firma china que establecía contratos millonarios con el Estado durante la presidencia de Morales. Este asunto salió a la luz en 2016.
Años después, tras su salida del poder, surgieron imágenes y grabaciones del líder del MAS con Noemí M., una joven que tenía 19 años en 2020, pero que había mantenido una relación con Morales desde los 14. De acuerdo con informes policiales, la joven realizó tres viajes para reunirse con el exmandatario en México y Argentina, donde se había refugiado tras renunciar a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019.
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