martes, 8 de octubre de 2024 12:29
El abogado y exdiputado provincial Oscar Romero anunció a El Esquiú Play su intención de solicitar un Jury para el fiscal penal de Santa María, Carlos Contreras. «La situación amerita este Jury de Enjuiciamiento a este funcionario, no solo por la morosidad judicial, sino por la desaprehensión para el ejercicio de la magistratura», afirmó Romero.
El conflicto se origina en un desacuerdo con la municipalidad sobre la ubicación de trailers comerciales, ya que buscan que ciertos comerciantes se trasladen “por intereses creados, o porque vieron que era importante el lugar”. Según Romero, la municipalidad ejerció presión indebida, incluyendo cortes de luz y amenazas. «Hay audios que dicen, ‘te voy a cobrar una multa, la segunda, la tercera, no vas a poder funcionar más’», denunció.
El exdiputado expresó su preocupación por la falta de acción del fiscal ante amenazas y abusos por parte de autoridades municipales.
“Acá se está pidiendo el amparo porque tienen que trabajar. Hay una mujer divorciada, tiene un hijo incapacitado, la otra joven es soltera, tiene una nena”, explicó.
Además, afirmó que teme por su seguridad y la de su entorno cercano: “Yo con esta denuncia estoy en peligro, voy a estar en peligro porque sé que son revanchistas, sé que son de armas llevar y que, si te han mandado 20 patoteros para una joven y dos niños, ¿qué puede pasar conmigo? Lo hago responsable al municipio, por lo que me pase a mí y a mi familia, porque están acostumbrados a hacer lo que quieren”.
“Hago la denuncia por amenaza, ¿el fiscal qué hace? Al mes, archiva la causa. ¿Por qué? Porque eran compañeros de trabajo. Él ha sido empleado municipal, fue asesor municipal”, sostuvo Romero. También señaló que el sistema judicial de Santa María presenta serias fallas: “Es indudable que ese municipio es un trampolín para ingresar a la Justicia. La Justicia penal en Santa María no funciona».
“Estamos con miedo todo el tiempo”, admitió al respecto una de las afectadas.
Finalmente, el abogado propuso que los funcionarios judiciales no deberían ser de su lugar de origen para evitar conflictos de interés. “Lo ideal sería que sean de otra jurisdicción”, concluyó.
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