En mayo funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) encabezados por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentaron un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Propone hasta veinte años de prisión y para no punibles menores de trece la “internación” para la “readaptación social”. Dicen velar por los derechos: al introducir a niños, niñas y adolescentes (NNyA) al sistema penal asegurarían derechos y garantías procesales; en realidad el Estado debería garantizar sus derechos como una política estatal bajo pactos internacionales de derechos humanos (DDHH) incorporados a la Constitución Nacional.

Países vecinos conocen los riesgos. Políticas cortoplacistas satisfacen el clamor popular de mano dura sin quitar beneficios al sistema penal y la estructura neoliberal. De no haber reformas institucionales significativas, se podría producir un aumento de la delincuencia y la violencia.

La cárcel no es un momento más en la vida. Si se sale del encierro y consigue un trabajo es una excepción a la norma, y no por el efecto de la cárcel; más aun con las tasas de desocupación.

La cadena punitiva dentro del sistema penitenciario utiliza la tortura; práctica sistemática y generalizada para obtener información, castigar, intimidar o discriminar. Las secuelas de la violencia institucional se arrastran en la psiquis y el cuerpo.

El Registro Nacional de Casos de Tortura y/ó Malos tratos relevo entre 2011 y 2022 60.000 torturas y/ó malos tratos por parte de policías o penitenciarios, padecidos por 17.000 victimas. A este sistema penitenciario quieren introducir NNyA de 13.

A su vez funcionarios públicos de LLA y condenados por crímenes de lesa humanidad lleva a cabo un plan para vulnerar leyes con el objetivo de la impunidad; quieren prisión domiciliaria para quienes no corresponde según la normativa porque a su entender no viven en las condiciones adecuadas.

Su principal estrategia: el proyecto presentado por Beltrán Benedit y Alida Ferreyra. Junto con el mensaje reivindicatorio, y desmantelamiento de áreas y políticas de memoria, se llevó a cabo la visita de diputados de LLA a condenados por crímenes contra la humanidad.

Esconden los datos que evidencian la razón: la impunidad. De los detenidos por delitos contra la humanidad el 80% (580) tiene el beneficio del arresto domiciliario y el 20% (128) cumple su condena en el servicio penitenciario. De los 127 procesados, 115 se encuentran en arresto domiciliario, y de los 12 que se encuentran en el servicio penitenciario, 10 están en la prisión VIP de Campo de Mayo.

Organismos de Derechos Humanos denunciaron las irregularidades que presentaba dicha visita y la generación de una comisión para investigar delitos de incumplimiento de deberes públicos.

Sostienen que esto representa un obstáculo para sancionar penas apropiadas a responsables de crímenes contra la humanidad

¿Por qué solo algunos deben estar presos? Porque el sistema penal, herramienta de consolidación neoliberal, es selectivo por la política criminal que decide adoptar LLA. Para el partido de la ultraderechista francesa Marine Le Pen “libertad, seguridad, fraternidad”, que es compartido por LLA; la igualdad no existe cuando el crimen y la inseguridad solo se atribuyen a sectores marginados.

Hoy, el crimen es el mayor mal que conciben. El temor lleva a funcionarios y la sociedad a discutir políticas e implementarlas sin información o análisis complejos y rigurosos.

La respuesta es agrandar el sistema penal, lo cual lleva paz social a quienes acumulan capital, pero no contiene la enorme inseguridad social de bajos sectores de la población, excluidos del mundo laboral.

Consigue un aparente control de la inseguridad criminal, pero consolida la desigualdad social al no atender sus causas. La actuación policial suele ser de mayor pena que la de la víctima. Es sistemática, generalizada y selectiva: sólo persigue, sobrecontrola y subprotegue a jóvenes pobres y morochos.

No lo hace con condenados por la última dictadura. No busca a quienes afectan a toda la sociedad generando daños en el tejido social. La mentira del Estado mínimo tiene un escudo discursivo.

El Estado flexible es para los criminales que defienden, y grande para controlar la población que sufre la inseguridad social. La negación por parte de la sociedad, funcionarios y medios hegemónicos; junto con la construcción de un discurso justificativo en las acciones de las víctimas, y la naturalización de la impunidad, son continuidades de tiempos dictatoriales defendidos por LLA.

*Estudiante avanzada de Historia, Unco.