Luego de que la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil ordenara una nueva tasación del complejo La Superiora por su expropiación y ordenara que el expediente judicial pase a manos de otro magistrado de primera instancia, la jueza que fue apartada cuestionó duramente el fallo, como así también a la parte que lo impulsó. Es que según manifestó Adriana Tettamanti a los micrófonos de Radio Light, la resolución que llevó a «foja cero» una disputa judicial de 12 años le generó, de mínima, asombro.

«Me sorprende que hagan una regresión procesal cuando no hubo un cuestionamiento de las partes ni de los peritos o consultor técnico, respecto a la evaluación (del Tribunal de Tasación)», indicó la titular del Juzgado Contencioso Administrativo, que también disparó contra la Municipalidad de Rawson que -según apuntó- se mantuvo 7 meses sin accionar y que, luego, realizó un planteo bajo el argumento del cambio de gestión.

La magistrado señaló que el fallo de la Corte de Justicia fue el que generó las nuevas incidencias y que ella actuó en consecuencia. Dijo que la máxima autoridad fue la que mandó a hacer una nueva tasación y, por tanto, no hizo más que obedecer tal cuestión. «Cumplí ajustándome estrictamente a la ley y a las órdenes del tribunal superior», declaró.

La sentencia de los jueces Josefina Nacif, Jesús Romero y Juan Carlos Pérez -que trascendió en las últimas semanas- pone en tela de juicio el proceder de la magistrado en dos cuestiones: en el curso de las notificaciones y en su actuación a partir de las directrices de la Corte, en 2023, cuando ordenó la anterior tasación.

Es por ello que explicó: «Dicen que debería haber notificado por cédula el dictamen del Tribunal de Tasación, cuando hay un principio general que establece que todas las resoluciones se notifican por ministerio de la ley los martes, salvo las que expresamente deben hacerse por cédula y esta no es el caso».

Y continuó: «Por otra parte, dicen que yo no sustancié el recurso que planteó la Corte, pero la Cámara se aparta del (artículo) 228 del Código Procesal Civil, que dice que los recursos contra providencias dictadas de oficio o a pedid de la misma parte que recurre deben ser resueltos sin sustanciación y eso es lo que yo hice, y me lo marcan como si fuera un error procesal. La Cámara dice que violé normas que no cita».

Remarcó que la Ley de Expropiación dice que el juez tiene el deber de dictar sentencia, salvo que haya un error grosero de parte del Tribunal de Tasación que haya sido advertido por los peritos o los consultores. Sin embargo eso, según advirtió, no ocurrió. «Los integrantes del Tribunal de Tasación deberían dar las respuestas, al igual que los abogados de la municipalidad de Rawson, que recibieron el dictamen y no hicieron un cuestionamiento (inmediato)», expresó.

La autoridad argumentó que, desde su posición, no podía hacer modificaciones u observaciones sobre los montos definidos en tasación. Es que sostuvo que si marcaba que el monto era elevado o bajo, no estaría siendo equilibrada con las partes como su labor lo demandaba. En esencia, debía acatar lo que el tribunal tasador determinara y no discutirlo.

«En 33 años de ejercicio de la profesión y casi 12 en la magistratura, actué ajustada a la ley y jamás sentí presión o influencia por un elemento externo. Lo único que hice fue cumplir con una sentencia de la Corte y, después de 7 meses, quieren cuestionarlo solamente porque cambió el intendente. Eso viola todos los principios y normas del derecho», sentenció quien dijo haberse enterado de la resolución a través de los medios.

Consultada por el periodista Gastón Sugo, reconoció que nunca antes había sido testigo de una maniobra como la que la apartó de la causa, por una providencia simple, y anticipó que está lista para afrontar cualquier cosa, incluso un jury. «Seguramente me van a pedir un jury, es un escenario posible por los supuestos errores procesales que dicen que cometí. Quien se sienta afectado puede solicitarlo, los jueces estamos expuestos a eso, pero no le temo, estoy tranquila con mi tarea», concluyó.

El repaso de los acontecimientos, explicado por Tettamanti

Para pasar en limpio, la jueza realizó un repaso de los hechos situada en la línea del tiempo y recordó que todo inició en 2012, cuando se ejecutó la expropiación de la bodega, cuya utilidad pública había sido declarada para hacer un parque temático infantil. «La municipalidad toma posesión el 21 de junio de 2012; el Tribunal de Tasación ya había fijado el monto de la indemnización y el 6 de mayo de 2018 sale la primera sentencia de primera instancia, que definía las cuestiones controvertidas», detalló.

Antes de ingresar a la instancia de revisión, la Cámara de Diputados modifica la Ley de Expropiaciones y, por ello, la Cámara de Apelaciones confirma su sentencia en cuanto al capital de la indemnización expropiatoria y sólo cambia la tasa activa, que pasó a ser una tasa pasiva. Ya en instancia extraordinaria, la Corte de Justicia, el 13 de marzo de 2023, ordena una nueva tasación.

Eso, según puntualizó, sucedió en etapa de ejecución de sentencia, cuando el juicio ya estaba concluido en todas sus instancias. Es por eso que, con el dictamen de la Corte, Tettamanti destacó: «Ahí es cuando ordeno una nueva tasación actual del inmueble a la fecha de desposesión, es decir, a junio de 2012. Mando el expediente al Tribunal de Tasaciones, devuelve el expediente con el nuevo monto y se pone en conocimiento a las partes por un monto de 1.474.700.000 de pesos».

En ese marco aseguró que el municipio de Rawson no hizo una presentación. «No cuestionó, no pidió intervención con consultor técnico y así estuvo durante 7 meses el expediente, sin movimiento, hasta que el 7 de febrero (de este año) se presentó Vanesa Laciar como nueva apoderada de la municipalidad y solicitó el préstamo del expediente. Un mes después, el 8 de marzo hizo un planteo de nulidad de la tasación», agregó.

No obstante, informó que se lo rechazó en base al principio de cosa juzgada y de percusión procesal. «Tengo el deber de mantener la igualdad de las partes en el proceso, ya que eso significaba que iba a asumir una posición favorable a la municipalidad tras 7 meses de inactividad procesal, que hacía un planteo», aseveró y añadió: «La excusa era que había una nueva gestión municipal, a lo que le dije que no tenía nada que ver por el principio de continuidad institucional, ya que un gobierno que asume no puede desconocer los hechos del gobierno anterior».

Fue por ese motivo que se interpuso un recurso de reposición, con apelación en subsidio contra su providencia, y otra vez rechazó tal reposición. «Le deniego la apelación porque le digo que es una providencia inapelable y por eso se fue en queja directa a la Cámara de Apelaciones, que habilitó la queja y ahora ese tribunal fue el que falló», describió.