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El Gobierno está cerca de suspender las elecciones en AFA: ¿Qué hará Chiqui Tapia?

La confrontación abierta entre el gobierno de Javier Milei y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, llegará hoy a un enfrentamiento crucial y, posiblemente, determinante para el futuro. A menos que ocurra un imprevisto que no está contemplado por nadie, las autoridades nacionales se preparan para anunciar la anulación de la asamblea programada para el 17 de octubre.

Allí, el líder del fútbol argentino esperaba ser reelegido. Esta decisión colocará al dirigente de Barracas ante un dilema ineludible: obedecer o desafiar a la autoridad competente.

El presidente de la AFA decidió anticipar su reelección y quiere que se lo proclame el 17 de octubre.

El conflicto subyacente no se limita al rechazo de la Casa Rosada a la decisión de adelantar un año el proceso electoral con el fin de garantizar su permanencia en el cargo hasta 2028. Tampoco se reduce al hecho de que Tapia le otorgó a la oposición un plazo de apenas 15 días para presentar listas y respaldos. Ni siquiera se relaciona únicamente con los evidentes vínculos políticos del ex sindicalista con el peronismo.

La verdadera razón del conflicto en AFA entre Chiqui Tapia y el Gobierno

La verdadera razón detrás de la contienda radica en que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino está a la vanguardia de la oposición a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo que Milei promueve personalmente para facilitar la entrada de capitales privados en los clubes.

La señal sobre la resolución que adoptará el Poder Ejecutivo en respuesta a la solicitud de anulación de la asamblea presentada por el Club Talleres de Córdoba en la Inspección General de Justicia (IGJ) provino del ministro Mariano Cúneo Libarona. Este ministerio está a cargo de dicho organismo, el cual se encarga de gestionar el Registro Público de Comercio y de entidades y asociaciones civiles, así como de supervisar su funcionamiento.

El ministro Cúneo Libarona y Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ.

El funcionario reprochó la interpretación que realizó la AFA respecto al dictamen del juez Ricardo Pettis, quien desestimó la semana pasada una solicitud de medida cautelar para evitar que la IGJ cancelara la asamblea programada para el jueves. El magistrado afirmó que la asamblea podía llevarse a cabo, ya que no existía ninguna resolución que lo prohibiera, y los abogados concluyeron que el juez, en realidad, había asegurado su realización.

“La decisión final la tiene la IGJ, ya que es el órgano que controla a la AFA y otras entidades”, afirmó el ministro de Justicia y agregó: “La AFA está dando manotazos de ahogado porque saben que lo que están haciendo no está permitido”.

Desde AFA no contemplan la suspensión de las elecciones

Sustentados en la decisión emitida por el juez Pettis tras una solicitud del tesorero Pablo Toviggino, desde la AFA filtraron la semana pasada que la asamblea programada para las 16 horas del 17 de octubre —una fecha significativa para el peronismo— en el predio Lionel Andrés Messi, se llevará a cabo sin falta y que una suspensión no está contemplada por nadie, incluso si la IGJ decidiera lo contrario.

La convocatoria a la asamblea de la AFA.

Frente a la inminente posibilidad de una resolución desfavorable para los deseos de «Chiqui», el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino deberá determinar si acata o desobedece la decisión, especialmente porque no será hasta mañana cuando podrá presentar oficialmente un recurso ante la Justicia para modificar la determinación de la administración del organismo de control de las entidades civiles, que tiene su sede legal en la ciudad de Buenos Aires.

En este momento, el panorama que se presenta tiene un matiz más judicial que político o mediático. Esto se debe a que, si la IGJ impide que la AFA discuta en la Asamblea la reelección de las autoridades con un año de anticipación, y aun así la AFA procede con la asamblea, tanto Tapia como todos los asambleístas que asistan al evento y validen la elección de autoridades podrían verse involucrados en un delito penal según lo estipulado en el artículo 239 del Código Penal, que indica que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.

La guerra abierta entre el gobierno de Javier Milei y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, tendrá hoy una batalla clave.

Asimismo, los integrantes del Comité Ejecutivo de la AFA, así como gerentes y miembros del Consejo Directivo, podrían enfrentar acusaciones por la comisión del delito establecido en el artículo 301 del Código Penal, que menciona que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el director, gerente, administrador o liquidador de una persona colectiva que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o a los estatutos…”

Si la IGJ decidiera —como se anticipa— suspender la elección anticipada de autoridades convocada por la AFA, el único recurso disponible para la entidad sería apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la ciudad. Sin embargo, existe un requisito que complica aún más el proceso judicial: este recurso debe ser presentado ante la misma IGJ y, según lo estipulado en la ley 22.315 (artículos 16 y 18), debe ser concedido con efecto «devolutivo«. En términos concretos, la prohibición que podría imponer la IGJ permanecería en vigor durante todo el tiempo que dure la tramitación del recurso.

La Inspección General de Justicia anunciará si posterga o no la asamblea del 17 de octubre.

La posible estrategia de Tapia de desafiar una decisión desfavorable de la IGJ en este asunto, llevando a cabo la elección de todos modos “en rebeldía y desoyendo la posible resolución negativa” sobre la autorización de la asamblea, podría meterlo en una situación de gran riesgo. En el Gobierno han fijado su atención en el artículo 10, inciso j) apartado 2, de la ley 22.315, que podría incluso llevar a una intervención, aunque sea en circunstancias extremas. “Nadie contempla este escenario. Pero existe”, reconocieron las fuentes consultadas por colegas de Infobae.

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