Ante los crecientes reclamos de vecinos de diferentes puntos de la provincia, la Defensoría del Pueblo de San Luis emitió una resolución dirigida a las autoridades nacionales y provinciales, en respuesta la situación crítica de familias que no pueden hacer frente a los elevados costos del servicio eléctrico. La resolución busca atacar de raíz los problemas ocasionados por el esquema tarifario actual, que ha llevado a sectores vulnerables de la sociedad a una situación de indefensión.

La Defensoría no sólo exige la derogación de estas tarifas, sino que propone soluciones concretas para asegurar que todos los ciudadanos de San Luis puedan mantener el acceso a la energía sin comprometer sus condiciones de vida.

Los puntos destacables de la resolución son:

– Requerir la derogación del actual esquema tarifario resultante de las Resoluciones N° 234 y N° 283 del 2024 de la Secretaría de Energía de la Nación. Dicho esquema ha excluido a una gran parte de la población de San Luis, en especial a los sectores más vulnerables, del acceso a la energía eléctrica.

– Instar a la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica (CRPEE) a implementar un cuadro tarifario alternativo con carácter de emergencia, que permita el acceso a la energía eléctrica sin comprometer las economías familiares, principalmente en los sectores más desfavorecidos.

– Sugerir la modificación del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica, eliminando los intereses punitorios y ajustando los intereses por mora para los usuarios residenciales de manera progresiva según su categoría.

– Solicitar un informe a la distribuidora EDESAL S.A. sobre los ingresos obtenidos por cobro de intereses punitorios y moratorios en los últimos dos años, con el fin de garantizar transparencia y evitar abusos financieros.

Notificar al Gobernador de San Luis y sugerir la declaración del estado de emergencia en el sistema de distribución de energía eléctrica en la provincia, dada la gravedad de la situación.

La resolución se fundamenta en los múltiples reclamos de ciudadanos que han experimentado aumentos desmedidos en sus facturas de electricidad, en algunos casos superiores al 100%. Las familias afectadas, muchas de las cuales carecen de gas natural y dependen de la electricidad como único medio de calefacción, enfrentan dificultades para pagar estas tarifas, las cuales se ven agravadas por los altos gastos financieros, poniendo en riesgo su acceso a un servicio esencial.

La Defensoría ha enfatizado que el derecho a la energía está respaldado por instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, que reconocen este acceso como un derecho fundamental para una vida digna.

Además, se ha señalado la falta de gradualidad y razonabilidad en los incrementos tarifarios, principios que deberían guiar las políticas en este ámbito. La Defensoría ya había advertido sobre el impacto negativo de estos aumentos en las audiencias públicas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), subrayando que las tarifas actuales afectan desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.

En conclusión, la Defensoría hace un llamado a las autoridades provinciales y nacionales para que implementen medidas urgentes que aseguren el acceso universal a la energía eléctrica y protejan los derechos de los ciudadanos.