En un anuncio que ha sacudido los cimientos del transporte ferroviario en Argentina, el gobierno liderado por Javier Milei ha decidido iniciar el proceso de privatización de la línea de trenes Belgrano Cargas. Esta decisión fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa especial realizada en la icónica Casa Rosada. La medida significa la primera privatización de una empresa ferroviaria en el país desde que Milei asumió el poder.
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Adorni, al presentarse frente a los medios, enfatizó que la privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística SA se enmarca dentro de un extenso plan de modernización y eficiencia estipulado por la «ley bases», que persigue reactivar la economía nacional mediante la reducción del aparato estatal. «Durante 2023, la compañía recibió un auxilio financiero estatal de u$s112 millones, fondos aportados por todos los argentinos», declaró Adorni, subrayando la necesidad de poner fin a un modelo que, según él, carece de resultados concretos.
El funcionario afirmó que la situación actual de la empresa refleja un largo historial de ineficiencias, con pocos avances tangibles a lo largo de las décadas. Según estadísticas proporcionadas durante el anuncio, la distancia media de los transportes realizados hoy en día es de 500 kilómetros, cifra que se ha mantenido igual por más de 50 años, subrayando las limitaciones operativas que han surgido bajo la gestión estatal de la línea. Estos argumentos buscan consolidar la necesidad del traspaso de su gestión al sector privado.
La implementación del proceso de privatización ha estado a cargo de Diego Chaher, jefe de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, quien delineó un ambicioso esquema para dividir y concesionar los distintos componentes de la estructura operativa. «Comenzamos el procedimiento con divisiones extensivas, trazadas sobre las líneas ferroviarias, locomotoras, vagones y talleres que actualmente operan en un total de 7.600 kilómetros», explicó Chaher, mientras remarcaba que las tierras y vías continuarán como propiedad del Estado.
En el marco de esta iniciativa, se estableció que tres áreas principales serán fragmentadas para concesiones: cajones, locomotoras y talleres, cada una bajo su respectivo proceso administrativo y de gestión que apunte a dar un impulso competitivo y de calidad al sector. El modo de implementación es parte de un experimento mayor, tratado como un campo de pruebas, para evaluar tanto los beneficios económicos como el traspié sociocultural que podrían derivarse.