Una semana frenética se vivió puertas adentro de Tribunales. El fiscal Eduardo “Jimmy” Quattropani difundió dos comunicados oficiales: en uno se quejó y dijo que el aparato administrativo no trabaja en la tarde poniendo en peligro el correcto funcionamiento de flagrancia y en el otro, informó una operación comunicacional en su contra. La respuesta de la Corte no fue oficial: hubo ministros que respondieron en off. La disputa entre los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Corte no es nueva pero la grieta es cada vez más insalvable. El manejo del poder está en constante pugna y los dardos cruzados no cesan. Un racconto necesario y datos reveladores.

El Poder Judicial se financia con recursos del Presupuesto General de la Provincia y es la Corte de Justicia la que administra ese dinero. El Ministerio Público Fiscal se maneja con los recursos que asigna el máximo tribunal, mientras miran como deseable funcionar como un extra poder y disponer de recursos propios, como lo hacen en Mendoza, Buenos Aires y Córdoba. Es más, indicaron que durante los fines de semana y los feriados son los propios fiscales los que tienen que sacar dinero de su bolsillo para pagar la nafta para llegar adonde ocurrió el caso por el cual se los convoca. “La administración del Poder Judicial es absolutamente incompatible con el modo de trabajo del Ministerio Público. Hoy si necesitan –los fiscales y ayudantes fiscales- un presupuesto el sábado, lo ponen de su propio bolsillo hasta que armen un expediente y se les reintegre”, apuntaron.

Si el Ministerio Público Fiscal no dependiera del Poder Judicial, además de manejar presupuesto propio también debería hacerse cargo de la administración del personal. Hay quejas en este sentido: desde Fiscalía dicen que tienen personal que no asciende desde hace años. “Muchas personas dentro del Ministerio Público que están en condiciones de ascender, según lo que le hemos presentado a la Corte”, alegaron.

Por el personal, habló Quattropani. Lo hizo en agosto pasado cuando dio a conocer las estadísticas del sistema acusatorio. En conferencia de prensa, expuso que las Unidades Fiscales de Investigación (UFI) estaban trabajando al límite por falta de personal. “Al borde del colapso”, se lo escuchó decir. En la Corte, refunfuñaron por las formas. “Antes debería haber pedido formalmente, pero eligió hacerlo primero público”, alegaron. Finalmente, se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para crear 81 cargos judiciales, destinados íntegramente a prestar servicios dentro del sistema acusatorio.

¿Es posible una reforma judicial de este tipo? La Corte tiene la sartén por el mango porque solo el tribunal posee el poder de la iniciativa legislativa. De igual modo, fuentes internas de la Corte aseguraron que lo invitaron a Quattropani a armar un borrador para cambiar la legislación y no hubo respuesta.

El trasfondo de esta interna, que traspasó a la esfera de lo público, se remite a un viejo pedido de personal realizado por Quattropani. Indicaron que el Fiscal General solicitó 15 trabajadores para la UFI Delitos contra la Propiedad y que desde la Corte le habilitaron cinco. Los chispazos escalaron y el encontronazo que tuvo como protagonistas al magistrado Guillermo De Sanctis y a Quattropani en el 2020 generó nuevas disputas entre Fiscalía con Daniel Olivares Yapur en el 2021 -por el laboratorio forense-, con Juan José Victoria -por el manejo de fondos- y con el secretario administrativo de la Corte, Javier Vera.

El 3 de mayo la batalla escaló luego de que trascendiera a través de los medios de comunicación que existía una acordada que habilitaba el pago de un extra a administradores e informáticos. La acordada no se hacía pública todavía y estalló el escándalo con comunicados de por medio porque desde Fiscalía interpretaron que quisieron ensuciarlos en la jugada indicando que también estaban incluidos los fiscales.

En julio, Quattropani pidió una auditoria por la designación de tribunales en múltiples causas. Esa investigación interna aún está en stand-by.

El último cruce se produjo luego de que el Fiscal General cuestionara que el sistema de flagrancia no tiene magistrados en el turno tarde. “El aparato administrativo, por razones que se desconocen, ha prescindido de fijar audiencias en horario vespertino, cuestión que complica severamente la actividad del Ministerio Público Fiscal”, alegó. Consultados sobre el tema, desde la Corte dijeron que el sistema viene funcionando bien, que, si hay audiencias en la tarde y que cuando hubo que reforzar el turno vespertino, se hizo –y pusieron de ejemplo lo que pasó durante la pandemia-. Para reforzar, enviaron una planilla estadística. La famosa planillita fue interpretada por el Fiscal como una operación comunicacional en su contra y emitió un nuevo comunicado denunciándolo.

Desde hace varios años viene in crescendo la tensión entre la Corte y el Ministerio Público Fiscal. Es más, no está bien visto que los empleados judiciales que dependen del máximo tribunal se pasen a Fiscalía y viceversa. Tiene casi carácter de traición y es motivo hasta del inicio de una mala relación con sus antiguas autoridades. Así lo informaron desde el propio gremio.

Las idas y vueltas, cada vez más picantes, prometen nuevos capítulos de una interna a cielo abierto. Desde la Corte siguen de cerca cómo Quattropani engrosa su poder dentro de Tribunales, pero ellos saben que continúan siendo los dueños de la lapicera.

Datos

-Guillermo De Sanctis: juró como ministro de la Corte el 28 de diciembre del 2016, durante la gestión de Sergio Uñac. Ocupó cargos legislativos en los ’90, fue convencional constituyente en 1994 y se desempeñó como Fiscal de Estado de la Provincia, cumpliendo un papel clave en el inicio de la causa Expropiaciones.

-Adriana García Nieto: juró como ministra de la Corte el 16 de mayo del 2018, durante la gestión de Sergio Uñac. Es la primera mujer en integrar el máximo tribunal de la Provincia. Trabajó como docente y durante la gestión de Sergio Uñac como gobernador fue Asesora Letrada del Gobierno. También fue Subsecretaria General de la Gobernación.

-Juan José Victoria: el 26 de noviembre del 2019 juró como ministro de la Corte, durante la gestión de Sergio Uñac. Trabajó como asesor letrado en la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Santa Lucía, fue designado Fiscal General en Rawson por el ex intendente Juan Carlos Gioja. También se desempeñó como juez de la Cámara Civil, Comercial y Minería de la Sala I.

-Daniel Olivares Yapur: juró el 26 de noviembre como ministro de la Corte, durante la gestión de Sergio Uñac. Ingresó al Poder Judicial en 1982. Fue titular del Octavo Juzgado Civil y de Minería y luego juez de la Cámara Civil, Comercial y Minería de la Sala III.

-Marcelo Lima: juró como ministro de la Corte el 3 de marzo del 2020, durante la gestión de Sergio Uñac. Fue vicegobernador durante la gestión de José Luis Gioja y de Sergio Uñac, dos veces intendente de la Ciudad de San Juan.

-Eduardo «Jimmy» Quattropani: asumió como Fiscal General en diciembre de 1993, durante la gestión de Juan Carlos Rojas.