La interna en el Partido Justicialista se ha intensificado esta semana, luego de que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentara impugnaciones contra la lista encabezada por la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia se basa en presuntas irregularidades detectadas en algunos candidatos de la lista, lo que ha generado una reacción en cadena dentro del panorama político del país.

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La denuncia, presentada por los apoderados de Quintela, Jorge Yoma y Daniel Llermanos, pone en cuestión la legalidad de la lista de Fernández de Kirchner, argumentando que al menos tres de sus candidatos no cumplen con los requisitos estipulados en el artículo 7 del Anexo I, que exige la afiliación al Partido Justicialista. Además, señalan que Alejandra Silvana Rodenas, registrada como candidata a consejera suplente por Buenos Aires, en realidad pertenece a Santa Fe, lo cual constituye otra irregularidad.

Este aspecto técnico complica aún más una competencia interna ya de por sí ajustada, ya que ambos sectores deben resolver estos temas antes de que venza el plazo para reemplazo de candidatos, fijado para mañana. Frente a estos desafíos, la junta electoral del PJ, bajo la conducción de Armando Cabrera, se prepara para una reunión virtual crucial que busca desenredar la compleja maraña de presentaciones cruzadas.

Desde la campaña de Fernández de Kirchner, sus representantes Anabel Fernández Sagasti, Teresa García y Gustavo Arrieta, han solicitado un «criterio amplio y no restrictivo», en respuesta a las impugnaciones presentadas. Este pedido, sin embargo, ha sido fuertemente criticado por el equipo de Quintela, quienes consideran que es un intento por legitimar irregularidades y un ardid para desprestigiar el proceso electoral.

El documento presentado junto con la queja formal por parte del equipo de Quintela titulado «Sin ruidos y sin chicanas administrativas: en el PJ vamos a tener elecciones», critica duramente lo que llaman «métodos y estrategias» que afectan la imagen y transparencia del partido en un momento decisivo de cambios.

Además, las dudas han sido incrementadas después de que se señalara que durante la noche anterior, un grupo de militantes que no poseen cargos operativos, fue visto manejando documentación delicada sin supervisión de las autoridades competentes. Este incidente provoca desconfianza respecto a la integridad y veracidad de los procesos establecidos, levantando un manto de sospechas sobre la imparcialidad del sistema.

Faltan apenas unas horas para el cierre del plazo para subsanar las irregularidades denunciadas, y mientras los dos grupos políticos continúan el cruce de acusaciones, cada una de sus acciones podría determinar el desenlace electoral y el futuro inmediato del PJ.