El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó a un hombre de 36 años, por los delitos de amenazas, resistencia a la autoridad y lesiones agravadas por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género.

Permanece detenido el hombre que protagonizó hechos en la localidad de Payogasta, a 150 kms de la capital salteña, el pasado 20 de octubre, en horas de la madrugada.

Según el informe policial, todo comenzó cuando un menor de 8 años, hijo del acusado, se presentó en el Complejo Deportivo de Buena Vista, donde se realizaba un evento, pidiendo ayuda a los gritos. El niño informó que su padre estaba golpeando a su madre en el domicilio familiar. Inmediatamente, el personal policial que se encontraba en el lugar, se dirigió al domicilio junto con el menor.

Al llegar, los policías ingresaron a la vivienda por la parte trasera y encontraron al acusado y a su pareja, forcejeando en el comedor. En ese momento, el hombre tomó un cuchillo e intentó autolesionarse en el abdomen, pero fue impedido por los efectivos policiales, quienes tuvieron que utilizar la fuerza para evitar que se lastimara. A pesar de esto, el hombre opuso resistencia, golpeando e intentando agredir a los oficiales con puños y patadas, además de proferir amenazas de venganza contra ellos.

Durante la intervención, los agentes observaron manchas de sangre en distintas partes de la casa y muebles desordenados. La víctima presentaba una mordedura en el brazo izquierdo y hematomas en el rostro, mientras que el acusado también tenía lesiones visibles.

La mujer, sin embargo, no quiso realizar la denuncia penal de inmediato, alegando que hablaría primero con su padre y que no quería denunciar al agresor por el bienestar de sus hijos menores.

Uno de los hijos de la pareja, relató que su padre amenazaba con matar a su madre durante la agresión, lo que llevó a que él y su hermano más pequeño intervinieran físicamente para detenerlo.

Finalmente, el hombre fue trasladado al Hospital de Cachi y luego a la dependencia policial de Payogasta.

A pesar de que la víctima no presentó una denuncia formal, el fiscal Escalante tomó la firme decisión de intervenir de oficio, comprendiendo la gravedad del caso y la necesidad de actuar en defensa del interés público. En su evaluación, no solo consideró el riesgo evidente para la integridad física de la mujer, sino también el profundo impacto emocional que esta situación podría tener en sus hijos, menores expuestos a la violencia.

*imagen ilustrativa

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