Según informó la Secretaría de Transporte en un comunicado, esto se complementa con las más de 350 sanciones y 1.000 intimaciones que ya fueron dirigidas a las empresas.

El recurso judicial, impulsado por instrucción de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, solicita que la justicia ordene a la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI) que revea su incumplimiento al sistema de protección integral de las personas con discapacidad.

El derecho de las personas con discapacidad a viajar de forma gratuita en transporte de media y larga distancia sigue vigente y no fue modificado con la desregulación del transporte automotor.

“Desde el Gobierno Nacional se seguirá velando por ese derecho y se controlará que se cumpla la obligación que tienen las empresas de ofrecer esos servicios”, señalan.

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