Parte del presupuesto 2025 por el que espera aprobación el Gobierno corresponde a organismos de control. En ese tren, la decisión del Ministerio de Hacienda fue recortarle recursos a Fiscalía de Estado, sobre todo para fiscalizar a las empresas estatales de Mendoza.
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Parte del detalle del presupuesto presentado por Fiscalía de Estado en la Legislatura, que incluye reforzar el control de empresas públicas.
El funcionario presentó una pauta anual de gastos de más de $7.100 millones, lo que representa 0,10% de lo que requiere la administración central.
Al discriminar destinos, Simón expuso que un 60% del monto se necesita para «funcionamiento general y bienes de capital» de la Fiscalía de Estado. En tanto, algo más de $3.097 millones es el fondo para pagar juicios contra el Estado.
El dato es que un apartado importante no obtuvo financiamiento.
Fiscalía de Estado había declarado como un propósito la necesidad de fortalecer el control a las empresas con participación estatal. De las 8 inversiones planteadas ($155.154.642) ese destino representaría un 50%, pero desde Hacienda dijeron no.
Menos plata, menos control
Bajo la figura de SAPEM (Sociedad Estatal con Participación Estatal Mayoritaria) funcionan 4 empresas en Mendoza actualmente: Aysam, Emesa, STM (Sociedad de Transporte Mendoza) y la recientemente creada Impulsa Mendoza, la pata del Estado mendocino en el sector de la minería.
La solicitud concreta de Fiscalía de Estado fue contar con al menos $78 millones para poder ejercer un control más eficiente este año sobre ellas. Esa pauta incluía la compra de una camioneta y notebooks, entre otros recursos.
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Incluso también la contratación de al menos 5 profesionales especializados en este tipo de auditorías específicas.
El resto de los proyectos estaban relacionados con adquisición de equipamiento, renovación de mobiliarios y libros de consulta jurídica.
Los legisladores de la Comisión de Hacienda se comprometieron a estudiar el tema, en especial el financiamiento para control de empresas del Estado, y elevar el reclamo al Ejecutivo.
Motosierra en todo el presupuesto
Si bien fue llamativo ese ítem, en general durante la presentación de la pauta de gastos ante los legisladores Simón puso de relieve que el recorte presupuestario es general.
Incluso en pago de juicios pasó la motosierra.
Es que Fiscalía de Estado planificó, entre pago de capital e intereses, que se necesitarán $4.850.387.004, en base a una tasa UVA cercana al 400% durante los últimos años. Sin embargo el Ejecutivo le otorgó $3.097.745.554.
Así, y como conclusión, el responsable del órgano de control señaló que el 0,10% asignado a la Fiscalía de Estado ya representa de por sí un ajuste más. Y lo comparó con 2015, cuando representaba 0,35% del gasto provincial.