Esa es la espada que el libertario eligió para sostener su política de ajuste a los presupuestos universitarios, e incluso para argumentar el veto que le dio la estocada final a la ley de financiamiento a esas casas de estudios.
Sin embargo, y más allá de la construcción del relato libertario, hay un dato de la realidad que es irrefutable: hay universidades que acumulan varios años sin tener una sola auditoría externa que explique y detalle cómo usaron los fondos que les da el Estado nacional.
Aunque hay que acotar también que ese control está en manos de la Agencia General de la Nación (AGN) que depende del Congreso, y que las universidades no tienen ninguna injerencia en el ritmo de control de esa agencia. La AGN debe auditar 61 universidades de todo el país, y lo hace de manera aleatoria.
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En abril pasado, cuando aún se discutía el presupuesto de financiamiento a las universidades, en Mendoza se dio una multitudinaria marcha en apoyo a las casas de altos estudios.
El ejemplo más cercano es la Universidad Nacional de Cuyo, que fue auditada por última vez por la AGN en el 2015, hace 9 años y ahora integra la lista de las que volverán a ser analizadas en 2025. En abril, cuando comience esa nueva auditoría -que presumiblemente culminará en marzo del 2026- se habrán cumplido ya 10 años de la última pericia.
En aquel 2015, durante la presidencia de Cristinta Kirchner, el titular de la AGN era el abogado radical Leandro Despouy, porque como la AGN debe auditar el manejo de todos los fondos públicos, una condición para liderar esa agencia es no integrar el partido político del Ejecutivo.
Por tanto aquellos datos oficiales remiten a una realidad infinitamente distinta a la de la UNCuyo actual, en el medio pasaron las gestiones de Maurcio Macri y Alberto Fernández, es más ni siquiera se podría apelar a la memoria o el análisis de Despouy porque murió en el 2019.
En su autodefensa y como muestra de su apertura a mostrar sus gastos, desde la UNCuyo argumentarán que cuentan con una Unidad de Auditoría Interna, a cargo de la contadora y docente de Ciencias Económicas, Mónica González, que continuamente revisa íntegramente los movimientos financieros, de gastos, de compras y contrataciones, de personal que tienen cada una de las unidades académicas (facultades y colegios) que la conforman.
Esa auditoría interna tiene un plan bianual que define qué va a auditar cada año, y los resultados de cada informe le son girados a la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación.
«Por eso nos parece extraño que el Ejecutivo diga que desconoce cómo se gastan los fondos universitarios, porque al menos la UNCuyo remite esas auditorías y ese es el reflejo de todo el funcionamiento de cada facultad», retrucó Estefanía Villarruel, secretaria general de Rectorado de la UNCuyo.
En esos datos a los que tiene acceso la SIGEN, aparecen también la cantidad de matrícula que tiene cada facultad y hasta el registro de los proveedores que se contratan.
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La última auditoría interna de la UNCuyo analizó gastos del 2022
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La Rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, salió a refutar los dichos del presidente que afirmó que las universidades se niegan a ser auditadas. Ella marcó que la UNCuyo hace auditorías internas de forma permanente. Sin embargo, la última analizó las contrataciones del 2022.
«Se habla mucho de auditorías. Es como si se hubiese instalado un discurso de que las universidades no queremos ser auditadas. Nosotros estamos dispuestos y abiertos a las auditorías. Creemos que es obligación de todos los organismos públicos que reciben fondos públicos rendir cuentas de lo que hacen con esos fondos. Todos los años presentamos nuestras auditorías y para tranquilidad de todos les digo que nunca hemos recibido una no aprobación de nuestros informes”, respondió la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sanchez, ante la insistencia de Milei con las auditorías.
Sin embargo, según pudo constatar Diario UNO, la última de esas auditorías internas se hizo específicamente sobre las contrataciones del ejercicio 2022 con el objetivo de mostrar que el gasto que se hizo cumpla con la normativa que se exige, es decir que no hayan habido adjudicaciones sospechosas por ejemplo. Comenzó en abril del 2023 y terminó en agosto de este año. De hecho, ese informe de 51 páginas aún está bajo la revisión de los decanos.
Allí se analizaron 29 dependencias de la UNCuyo (son distintas facultades, colegios, institutos), y se tomaron como muestras algunos de los expedientes que se consideraron representativos del funcionamiento de esas unidades académicas.
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En las diversas conclusiones que se sacaron de cada facultad o colegio, sólo aparecen recomendaciones para que algunas de esas unidades académicas «incorporen manuales de procedimientos de cómo se hacen las contrataciones y las compras».
Tipos de contrataciones auditoría interna UNCuyo 2022.jpg
«De ese informe se ve por ejemplo que hay 0 contrataciones por emergencias o urgencias, lo que muestra que la universidad no se escuda en esas emergencias para hacer contrataciones», analizó Villarruel.
Y explico que en el 2022 hubo 151 casos de «pago legítimo abono (que son contrataciones de servicios que se hicieron para subsanar una situación con un acreedor) «porque muchas licitaciones se vencieron en el 2022 y 2021 y no se podía llamar a varias de esas licitaciones porque estábamos en medio de la pandemia. Igual en comparación, sigue siendo bajo en comparación con todas las contrataciones que se hicieron siguiendo la normativa habitual», justificó.
«No tenemos superávit, sobró dinero de contrataciones que se cayeron»
Luego de que el Gobierno comenzó a exigir que las universidades públicas mostraran en qué gastaban sus presupuestos, hubo versiones que marcaban que la UNCuyo había terminado el 2023 con un superávit.
Sin embargo, la secretaria general del Rectorado se encargó de rebatir esa versión y explicó por qué terminaron ese ejercicio con un excedente de dinero.
«No existe un superávit en la universidad. Es plata que no se pudo ejecutar porque desde agosto en adelante, la gran mayoría de las licitaciones que se hicieron se cayeron porque los presupuestos que se presentaban eran irrisorios. Osea esa plata tenía un destino pero no se pudo gastar. Son $3.600 millones de los cuales $1.000 millones eran para obras que no se pudieron ejecutar porque no había quien se presentara para hacerlas«, explicó Villarruel.
De ejemplo citó la obra del techo del colegio del Departamento de Aplicación Docente, el conocido DAD, y otra similar en el Instituto Balseiro, que tuvo 4 llamados, de los cuales 3 ya fracasaron y el cuarto incluye costos que no estaban previstos en el presupuesto del año pasado.
«Son obras que tuvimos que readecuar, porque con el paso del tiempo el costo no era el mismo por el efecto de la inflación y en algunos casos porque había elementos importados que debíamos adquirir», concluyó.