Cuando la justicia federal condenó a Lázaro Báez por lavado de dinero en relación a la compra del campo El Entrevero por 14 millones de dólares, se fijó como delito precedente -es decir el origen del dinero ilícito que se blanqueo-, las maniobras de evasión impositiva de 2010. El dinero usado para la adquisición del inmueble ubicado en Uruguay es parte de una porción mayor de dinero que corresponde a una evasión tributaria de más de 70 millones de pesos que al tipo de cambio del momento equivalen a 17,5 millones de dólares. Entre las empresas usadas por Lázaro Báez para emitir facturas apócrifas y mentir al fisco se encuentra Valle Mitre creada con un único fin: simular gastos y manejar uno de los hoteles de la familia Kirchner, el Alto Calafate.

La segunda condena por lavado de activos contra Báez se dictó en el marco del expediente que se concentró en la compra del campo El Entrevero, un expediente conexo a la Ruta del Dinero K, donde el dueño del Grupo Austral ya fue condenado (y confirmado por la Cámara de Casación) a diez años de cárcel por haber lavado 55 millones de dólares a través de Austral Construcciones, su nave insignia.

El campo situado en Uruguay cuenta con 152 hectáreas. Para su compra se aplicaron 14 millones de dólares. La sentencia explicó que para concretar la operación se utilizaron diversas empresas “pantallas” y prestanombres de Lázaro Báez, con el fin de ocultar a los titulares reales del inmueble.

En los fundamentos de la sentencia acusatoria, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), integrado por los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y la magistrada Gabriela López Íñige (quien votó en disidencia), explicó que los 14 millones de dólares utilizados para la compra de El Entrevero no integran los 55 millones de dólares lavados en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Justamente la condena contra Báez a 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa de la Ruta del Dinero K sirvió para que el GAFI no sancionara a la Argentina enviándola a la lista gris de los países no cooperantes del organismo internacional.

Un primer dato que se desprende de los argumentos brindados por el TOF 4 es que, al momento de ponderar la prueba desarrollada durante el juicio, se dio por corroborada la “libre disponibilidad de fondos generados a raíz de las actividades delictivas y su contemporánea expatriación mediante operaciones inmobiliarias que, no perseguían fines comerciales sino exclusivamente de canalización de dichos fondos bajo apariencia de licitud”.

Bajo esa premisa, se analizó algo que toda operación de lavado de activos requiere: el delito precedente, es decir el origen ilícito de los fondos que se volcaron a las maniobra de blanqueo.

Los jueces Néstor Costabel y Jorge Gorini, indicaron que la “proveniencia ilícita de los fondos objeto de esas operaciones estuvo generado a partir de las maniobras de evasión impositivas perpetradas por Lázaro Antonio Báez y su holding de empresas”. Esas maniobras generaron una gran disponibilidad de fondos espurios que luego “fueron canalizados en diversas operatorias de lavado de activos”.

En ese delito precedente entra Valle Mitre SRL, la firma creada en 2008 y que tuvo como único cliente a la familia Kirchner. Fue designada para administrar tres hoteles La Aldea de El Chaltén , Las Dunas y Alto Calafate. Pero principalmente, éste último por el que pagaba un canon a los ex presidentes.

El problema, determinó la justicia, es que la compañía no generaba ningún tipo de ingresos para hacer frente a esos gastos, algo que subsanó recibiendo dinero de Austral Construcciones que para 2010 ya se había erguido como una de las principales empresas de obra pública vial en Santa Cruz: tenía 43 de las 51 licitaciones otorgadas por el gobierno kirchnerista. Los préstamos intercompany superaban los 70 millones de pesos. Una disponibilidad de fondos que tuvo la constructora producto de la evasión fiscal.

El circuito fue el siguiente: el único cliente de Austral Construcciones era el gobierno presidido por el matrimonio Kirchner (en distintos períodos), parte de esos fondos que la justicia ya calificó de irregulares, iba a la simulación de contrataciones con Valle Mitre que tenía como única actividad, manejar los hoteles de los ex presidentes.

Además de que los canon por el manejo de los hoteles que nunca conocieron la ocupación hotelera se pagaba con fondos de origen irregular de la obra pública (direccionamiento de contratos, sobrecostos) Lázaro Báez también tenía disponibilidad porque evadía al fisco simulando operaciones con Valle Mitre SRL.

Para entender la maniobra, la justicia se concentró en el período fiscal 2010, que guarda -indicaron los jueces- absoluta compatibilidad con las operaciones de lavado que se analizaron alrededor de la compra de El Entrevero.

En dicha ventana de tiempo y considerando el calendario fiscal, se acreditó que el Grupo Austral, al no cumplir con sus obligaciones fiscales, generó “disponibilidad de dinero espurio producto de la defraudación al fisco nacional”.

Es por ello que los integrantes del TOF 4 indicaron que la disponibilidad de dinero espurio generado mediante la evasión tributaria del período fiscal 2010 –casi dieciocho millones de dólares- “se condice claramente con las operaciones de lavado probadas en la presente causa –un poco más de catorce millones de dólares”-.

Al momento de explicar la evasión tributaria los jueces se refirieron a una causa que tramitó en el fuero Penal Económico y que terminó con un procesamiento que tuvo su confirmación en la instancia superior, contra Lázaro Báez por el delito de evasión tributaria agravada en dos oportunidades.

Cuando el caso se elevó a juicio oral la fiscalía explicó que lo que se evadió al fisco fueron las obligaciones frente al IVA y a las Ganancias en el ejercicio 2010 de la contribuyente Austral Construcciones S.A. (ACSA), “mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas, en tanto omitieron exteriorizar operaciones gravadas y reflejaron compras inexistentes provenientes de la registración de facturas apócrifas emitidas por las firmas Constructora Patagónica S.A., Grupo Penta&Cia. S.A., Calvento S.A. y Valle Mitre S.A”.

El saldo de los impuestos omitidos ascendían a $23.959.038,84 para el IVA, y a $46.461.367,62 respecto al impuesto a las Ganancias.

Valle Mitre SRL, como un elemento indispensable en la maniobra, no podía respaldar los conceptos documentados, “teniendo las facturas, por el contrario, el destino de abultar los gastos y el crédito fiscal frente al organismo de control”.

Entre otras irregularidades se determinó la ausencia de capacidad operativa suficiente para haber realizado las prestaciones facturadas del grupo de empresas que incluía a Valle Mitre SRL, junto con la existencia de un circuito de cobranzas-depósitos-pagos totalmente irregular; la presentación de declaraciones juradas impositivas que “reflejan resultados extraordinarios para la actividad declarada y generadoras de importantes saldos a ingresar a favor de la AFIP que nunca fueron abonados”.

Al momento de detallar los delitos cometidos con la empresa que manejaba los hoteles de la familia Kirchner, en el fuero Penal Económico se explicó que Valle Mitre suscribió junto a Austral Construcciones un «Contrato de Consultoría Integral en materia hotelera y asesoramiento general para el desarrollo y/o apertura de nuevas unidades de negocio».

La finalidad era brindar un servicio de análisis de la potencialidad de desarrollo de unidades de negocios “destinadas a la prestación de servicios de hotelería en inmuebles de Austral Construcciones S.A. o que fueran administrados por dicha firma”. ACSA abonó a Valle Mitre durante 2010, la suma aproximada de $12.256.451,45 en concepto de honorarios.

La AFIP confirmó que no existió vinculación entre los gastos y créditos fiscales computados en la operatoria de Austral Construcciones S.A. y Valle Mitre y sus ingresos declarados.

Durante la investigación se concluyó que la firma no declaró ninguna actividad de asesoría comercial que fuera “taxativamente expuesta en el convenio celebrado con ACSA”, por lo cual el Fisco infirió que la firma se dedicó a la administración del Hotel Alto Calafate; pero, según su contabilidad, el monto total de lo facturado por Valle Mitre S.A. a Austral Construcciones S.A. ascendió a la suma de $12.256.451,45 -en virtud de la celebración del convenio señalado- y representó aproximadamente el 54,68 % de su facturación total en el ejercicio 2010.

En función de esas cifras se señaló que los ingresos computados por la actividad hotelera (que representaba el 42% de los ingresos totales de Valle Mitre S.A.) no resultaban suficientes para cubrir los costos de esa misma actividad, por lo que el convenio vino a disimular lo que fue una transferencia de fondos por parte de Austral Construcciones S.A. para compensar el desequilibrio existente.

En la investigación por evasión fiscal se indicó que la presentación de las declaraciones juradas presentadas por la firma que administraba el hotel Alto Calafate, fue “engañosa vinculadas con el impuesto a las ganancias y valor agregado por el ejercicio fiscal 2010 y la falta de ingreso de los pagos correspondientes por parte de los responsables de la sociedad”.

Los números fueron más abultados. La causa confirmó que los montos involucrados en la maniobra de defraudación fiscal fue por un total de $ 70.420.406,46 los que a su vez, considerando que el valor del dólar histórico al 30 de diciembre de 2010, conforme la web del Banco Central de la República Argentina, para la venta era $ 4,01, resultaban ser U$S 17.561.198,62, “suma que guarda correspondencia suficiente con los montos aplicados a la compra de la estancia “El Entrevero”; por lo que, la defraudación tributaria resulta compatible como nexo causal con los montos lavados”.