La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), minoritaria en la Carrera, ha decidido personarse en la causa penal abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, por un posible delito de revelación de secretos. Se investiga la posible difusión de correos electrónicos intercambiados entre la Fiscalía y la defensa de la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para alcanzar un acuerdo que evitase llegar a juicio por fraude fiscal.

En un comunicado difundido este lunes, APIF reconoce que no darían este paso si García Ortiz hubiera dimitido de su cargo, e inciden que «su imputación contamina, sin remedio, a toda la carrera». Con la necesidad de la dimisión coincide también la mayoritaria Asociación de Fiscales, mientras que la Unión Progresista de Fiscales, a la que el actual fiscal general perteneció y de la que fue incluso portavoz, discrepa de los argumentos dados por el alto tribunal para imputarle.

Para la APIF, sin embargo, «no parece que sea compatible ser jurista de reconocido prestigio con la situación procesal de imputado en causa penal». Agregan que además, al no dimitir, García Ortiz, priva a la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo «de contar con un Ministerio Fiscal que actúe bajo al principio de imparcialidad, tal como impone la Constitución Española», ya que resulta del todo punto imposible que, en estas circunstancias, la causa penal pueda ser llevada,» por cualquier fiscal, con la independencia que se le requiere, teniendo como imputado a su jefe»

En este sentido, afirman que su personación obedece a poder prestar esta actuación profesional, como fiscal sometido a los principios de imparcialidad y legalidad, a la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, «entendiendo que, en todo caso, a la vista del resultado de la prueba que se practique, formularemos escrito de acusación o nos apartaremos del ejercicio de la acción penal interesando la absolución», agregan.