La resolución publicada el lunes que habilita a prepagas y obras sociales con planes cerrados a exigir que las recetas de remedios u órdenes médicas sean hechas por profesionales de cartilla, rige desde ayer. ¿Cómo se controlará que así suceda? Nadie lo tiene claro todavía y desde el Gobierno adelantaron que podrían sacar una norma aclaratoria para acotar explícitamente la medida a los medicamentos de alto costo.
El hecho concreto es que nadie puede prohibirle a un paciente que vaya a cualquier médico, sea o no de cartilla, y el profesional le haga una receta. Una vez que el interesado tiene ese documento en su poder, concurre a la farmacia. ¿En esa instancia sería rebotado si el médico no figura en el padrón y su plan es cerrado?
Fuentes de la Confederación Farmacéutica Argentina se mostraron dubitativas. Dijeron no saber por ahora cómo se implementaría ese control. Las farmacias tienen en su sistema los descuentos que le corresponden a cada afiliado, pero no -salvo excepciones de algunas obras sociales- el padrón de médicos de cada prepaga.
¿Qué pasaría entonces si la farmacia recibe una receta fuera de la norma? ¿La prepaga de plan cerrado u obra social no la reconocería como válida y eventualmente no le abonaría al farmacéutico la parte de la bonificación que le corresponde?
Desde una de las principales prepagas del país dijeron que estaban trabajando para implementar estos controles, ya que con las recetas comunes -las que no son de medicamentos de alto costo o algunos tratamientos crónicos-, los pacientes no deben pasar por las empresas para autorizarlas. “Estamos viendo los mecanismos”, fue la respuesta.
Si bien desde el Gobierno dijeron que en espíritu de la nueva norma apunta a controlar la prescripción de los medicamentos de alto costo -que sí tienen un control directo de las entidades-, el texto tal como está mete en la misma bolsa a todos los medicamentos. No discrimina. Y en las prepagas admitieron que la resolución oficial serviría también en el sentido más amplio, para evitar abusos.
Sin embargo, a partir de las dudas surgidas la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) (SSS) adelantó que la norma en cuestión «será ampliada en los próximos días mencionando el conjunto de enfermedades definidas como de alto precio o catastróficas, entre las cuales se encuentran las oncológicas graves, enfermedades poco frecuentes, trasplantes, atrofia muscular espinal, ELA y enfermedades fibroquística, entre otras».
En este sentido, desde la SSS dijeron que la nueva medida «no representa ninguna modificación en los medicamentos, tratamientos o atención médica de la gran mayoría de los argentinos que utilizan el sistema de salud».
Una fuente de la industria apuntó a lo que considera el corazón de la medida, algo que muchos sostienen pero nadie puede probar: “La industria opera incentivando médicos, que no figuran en cartilla, para que prescriban determinados medicamentos. Este es el núcleo que busca atacar la decisión oficial. Los profesionales que no están contratados por las prepagas son más operables por la industria, vía fundaciones, asociaciones de pacientes o directamente con laboratorios que pagan por paciente”.
Luego de esta serie de dudas alimentadas por la propia resolución desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial, fuentes del Gobierno dijeron que se dictará una nueva resolución aclaratoria de la primera para acotar la cuestión sólo a las drogas de alto costo.
No sería la primera vez que este Gobierno emprolija sobre la marcha sus iniciativas. Sin ir más lejos acaba de pasar con los monotributistas y la posibilidad de libre elección de un Agente del Seguro -prepaga u obra social-. Esa libertad terminó el último lunes cuando un decreto aclaró que habría un registro especial de entidades que aceptará a esta población cuyos escaso aporte al sistema no alcanza a cubrir el costo del Plan Médico Obligatorio.
PS