El diputado provincial Claudio Domínguez (MPN) defendió, en la comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura neuquina, una iniciativa que autoriza a la policía provincial a incorporar a personal que se haya desempeñado en otras fuerzas de seguridad.

En la ocasión, Domínguez justificó la necesidad de potenciar el ingreso de un recurso humano ya instruido, al indicar que la planta de agentes de la policía se mantiene estable desde 2015, a pesar de haberse duplicado la cantidad de habitantes en toda la provincia.

Al explicar la norma, el diputado sostuvo que en la actualidad se encuentran en servicio cerca de 8 mil agentes y estimó el déficit en más de 3 mil efectivos. Así lo sostuvo al remarcar que “la población de la provincia crece pero el número de policías en servicio se mantiene igual”.

De aprobarse dicho proyecto, se permitirá el ingreso a la fuerza provincial de agentes instruidos tanto en el Ejército o de Gendarmería como también de efectivos provenientes de la Policía Federal.

En ese sentido, Domínguez aclaró que será la propia fuerza provincial la que determinará la admisibilidad de cada postulante, no obstante advirtió que tendrán que presentar certificados que acrediten falta de antecedentes penales y buena conducta en su foja de servicios.

Al mencionar el atractivo que puede generar la normativa entre integrantes de otras fuerzas de seguridad, destacó la instrucción que reciben en el Ejército los soldados que se encuentran bajo un régimen de voluntariado y quedan dispensados con una base de conocimientos sobre uso de armas y defensa personal.

Desde los bloques Cumplir, DC-Comunidad, PRO-NCN y Arriba Neuquén apoyaron la iniciativa en términos generales pero solicitaron  información respecto de la necesidad real de agentes, la forma de ingreso y el límite de edad que fija la normativa en 40 años para no alterar el régimen previsional del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Al respecto, el presidente de la comisión, diputado Francisco Lepore (Avanzar) acordó pedir opinión al ISSN y a la Jefatura de Policía para que se expresen sobre el impacto en el régimen jubilatorio y sobre la viabilidad de la iniciativa respectivamente.