El Gobierno deberá afrontar el pago de una importante suma de dólares para que no le embarguen los bienes antes de noviembre.

Argentina tiene plazo hasta el jueves 21 de noviembre para pagar unos US$ 1.500 millones a un puñado de fondos buitre que vencieron en la causa “Cupón PBI” en los tribunales de Londres. Pasado ese plazo, y si no se liquida el dinero o se inician negociaciones, la justicia de ese país avanzará en la ejecución de las garantías por unos US$ 350 millones; dinero que ya está depositado en custodia en la city londinense. La decisión fue anunciada hace minutos por la Corte Suprema del Reino Unido, la que el 15 de octubre pasado había desestimado el pedido de la Argentina para que le permitiera apelar una sentencia que obliga al país a pagar ese dinero y que ya tenía sentencia firme tanto en primera como en segunda instancia. 

Este mes la Corte Suprema del Reino Unido (Supreme Court of the United Kingdom, (SCUK) definió así y de manera negativa la causa por la ahora definitiva (al menos para la justicia inglesa) manipulación de títulos públicos en el 2013 y el no pago del Cupón PBI correspondiente a ese año. Argentina había ya perdido el caso caso en primera y segunda instancia, en ambos casos con todos los votos de los jueves en contra, y acudió al máximo tribunal del Reino Unido como última alternativa jurídica para tratar de torcer la historia. Ahora el SCUK dejó en firme los fallos del juez Stephen Phillips y del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales a favor de los demandantes Palladian Partners y Norinver Capital, entre otros; que denunciaron a la Argentina por haber abonado intereses correspondientes por el mecanismo de los títulos Cupón PBI emitidos durante el canje de deuda de 2006 y que debían pagar dividendos cuando el país creciera más de 3,5% anual. 

No funcionó así la estrategia argentina para que para que la SCUK tome la causa, basada en el caso espejo en los tribunales de Nueva York de Loretta Preska, hubo un fallo favorable al país. Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York (el mismo donde obtuvo fallo negativo en el caso YPF), el país quedó liberado de pagar unos US$ 1.500 millones, al considerar la magistrada que las autoridades locales de aquel entonces, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Axel Kicillof, tenían el derecho de calcular la evolución del PBI según las estadísticas oficiales, y que un eventual cambio de metodología no implica delito financiero alguno. 

El fallo de Preska fue en sentido contrario del de Londres, donde en abril del 2023 se le reconocieron los derechos de varios fondos tenedores de bonos argentinos Cupón PBI, por no haber recibido pagos correspondientes al ejercicio 2013. Ya en marzo de 2024, el mismo tribunal manejado por Phillips, determinó que el país debía depositar en caución unos US$ 309 millones. La causa se encuentra ahora en segunda instancia, y ese dinero figura como garantía necesaria justificada ante el peligro que la Argentina no pague un fallo ya determinadamente negativo, y ante los muy malos antecedentes internacionales del país en su historia de juicios de este tipo. Phillips se mantuvo en el criterio jurisprudencial inglés, afirmando Argentina efectivamente alteró el PBI del 2013, perjudicando a los ahorristas que habían confiado en el bono emitido por el país para salir del default del 2002, y durante el canje de deuda del 2006.

Según la decisión del juez Phillips del 8 de marzo pasado, “las declaraciones posteriores al fallo (correspondiente a los cupones PBI en euros) de funcionarios argentinos reflejan la misma postura desafiante adoptada frente a los fallos a favor de los holdouts (tenedores de títulos de deuda soberana argentina) años atrás”. Y agregó: “Si bien es cierto que hay un nuevo Gobierno desde diciembre, aún no ha demostrado que adoptará un enfoque diferente para honrar los fallos de cortes internacionales. En particular, la nueva administración no se ha distanciado públicamente de los comentarios realizados por los antiguos funcionarios. También es digno de destacar que la República no ha abonado ningún monto del fallo [YPF] del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ni ha cumplido con las condiciones para suspender la ejecución (embargos) pendiente de apelación en ese caso”.

La causa original fue iniciada en Nueva York por el fondo buitre Aurelius en enero de 2015 por la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013; lo que derivó en una causa espejo en Londres, a partir de una presentación del fondo cautivo de Aurelius Novoriver a la que luego se sumó Palladian con un grupo menor de tenedores de deuda argentina. 

Según los demandantes, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no superara el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI. El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,9%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”.

Para los fondos que se presentaron en los tribunales de los dos países, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que hubiera tenido que pagar el Cupón PBI.  Estos argumentos fueron rechazados por Preska, pero tomados como válidos por Phillips; y a partir de hoy se sabrá qué considera la Cámara de Apelaciones de Londres. En paralelo, se sabe que Aurelius también apalerá su fallo en contra en la Cámara de Nueva Lork. 

En ambos tribunales Argentina se defendió con los mismos argumentos, diseñados en los años de Mauricio Macri. Durante el 2016,  cuando para que no prosperara la causa, se afirmó que la alteración del PBI de 2013 puede haber sido real, pero se aseguraba que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar la medición necesaria para el pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el Indec, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Preska determinó que no hubo “mala fe” y directamente rechazó el reclamo, negando que haya habido manipulación del PBI ese año. Y que eventualmente es derecho de la Argentina manejar sus mediciones macroeconómicas. 

Luego de la presentación del 2016, Preska había abierto el caso en febrero del 2019, a partir del reclamo original de Aurelius, al que luego se sumó Novoriver. Según recuerda el analista Sebastián Maril, “el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,22% que gatillaba el pago de cupón PIB. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”