La fiscal Sonia Cornejo imputó este martes al diputado kirchnerista Emiliano Estrada por el delito de intimidación pública, a raíz de la investigación que se realiza por la divulgación de videos de Tik Tok a través de cuentas falsas para sembrar desorden público.
Cornejo está a cargo de la fiscalía especializada de ciberdelitos de la Provincia de Salta y, en conferencia de prensa, explicó este miércoles que “lo que se investiga en estas situaciones es un delito en donde no hay víctimas físicas, no hay personas físicas”. “Acá no hay víctimas, la víctima es el orden público, es el orden constitucional y la estabilidad de los poderes del Estado”, completó.
Ante la aparición de los videos, la Fiscalía pidió información a Tik Tok sobre los usuarios anónimos que divulgaban esas piezas y dio con cuentas de Gmail vinculadas a dos asesores del diputado, Florencia Bustamante y Alonso Allemand. Según fuentes salteñas, los implicados reconocieron en sede judicial que Estrada “ordenaba qué contenidos realizar, enviaba los guiones y validaba los videos ya editados que se repartían en tres cuentas de Tik Tok: ‘La Casta Salteña’, ‘La Casta de Sáenz’ e ‘Informante Salta’.
El tercer imputado es Juan Capisano, a quien se atribuyó la creación de la cuenta “Casta Salta” y habría declarado ser empleado del empresario de medios Federico Mena Saravia.
Investigan a diputado salteño por campañas sucias en TikTok
Estrada se convirtió esta semana en el cuarto imputado, quien publicó una solicitada en el diario El Tribuno de Salta en la que denunció “persecución” por parte del gobernador Gustavo Sáenz. “Durante los últimos días estoy siendo objeto de una persecución política, judicial y mediática, orquestada y dirigida por el Gobernador Gustavo Sáenz y sostenida con los recursos que pertenecen a todos nosotros, los salteños”, alertó.
Además, el legislador dijo que estaba impedido de usar sus redes sociales y por eso apelaba a la solicitada. También deslizó que omitía cualquier comentario sobre sus empleados porque habrían sido extorsionados por el intendente de Cerrillos, Enrique Borrelli, a quien acusó de transmitir el mensaje de Sáenz para instarlos a que declaren algo en contra suya si no querían “ir presos”.
La fiscala aclaró en su intervención ante la prensa que la causa no investigaba una afectación a la libertad de expresión ni tampoco un eventual delito de calumnias e injurias, algo sobre lo que su jurisdicción provincial no tendría competencia.
Fuentes del peronismo salteño, por su parte, reconocieron que “Estrada está complicado” por haber apelado “al anonimato”. “No es que lo que se afirmara en sus videos fuese falso pero haber operado todo con cuentas anónimas lo compromete mal”, señalaron.
Acá no hay víctimas, la víctima es el orden público, es el orden constitucional y la estabilidad de los poderes del Estado.
Cornejo aclaró que “este delito busca desestabilizar causando temor en la población”, y distinguió el objeto de su investigación de una condena a las “fake news”. “Las fake news no son delito, y dan lugar a una posible acción civil o una querella por calumnias o injurias”, precisó.
Por último, adelantó que lo que sigue es el peritaje de los dispositivos telefónicos de los tres imputados inicialmente. Estrada, por su parte, tiene fueros como diputado nacional y puede no presentarse ante la fiscala a la citación prevista para este jueves.