Por sus manos pasan sumas de dinero siderales. También los asuntos delicados que le interesan al Poder Ejecutivo. A sus órdenes trabaja un ejército de abogados, por lo que puede decirse que encabeza el estudio más grande de la provincia con costo cercano a cero. Tiene ojos y oídos en los tres poderes del Estado. Lleva 24 años ininterrumpidos -récord histórico- en uno de los sillones estratégicos para hacer política en el más amplio de los sentidos. Sin embargo, es casi un desconocido para la inmensa mayoría de la ciudadanía de Neuquén, que no saben cuánto gana, si paga impuesto a las Ganancias o si presenta Declaración Jurada de bienes.
Raúl Miguel Gaitán, de 59 años, es el fiscal de Estado de la provincia de Neuquén. Es fácil toparse con su nombre cuando se habla de temas tan disímiles como deudas impositivas, juicios por regalías mal liquidadas, negociaciones con comunidades originarias o designaciones en el Poder Judicial. Pero es difícil encontrarlo para una entrevista.
Río Negro lo llamó varias veces el jueves para esta nota. Se le explicó, a través de un canal oficial del Gobierno, que el objetivo era transparentar la actividad de la fiscalía de Estado.
Fue como pararse frente a un vidrio opaco. Gaitán hizo saber que sólo respondería un cuestionario por escrito. Le fue enviado ese mismo día, con la aclaración que que habría repreguntas en caso de ser necesario y que la nota se publicaría el domingo. A las 24 horas, a través del mismo canal oficial, pidió plazo hasta el lunes o martes. Las preguntas son sencillas para alguien con su experiencia, las respuestas debería conocerlas de memoria. Cuando envíe la contestación, y se le puedan hacer repreguntas, se publicará. ¿No era más fácil una entrevista y ya, como el día que irrumpió en medio del diálogo de este diario con el exministro Abel Di Luca?
Camino de ripio y con tranqueras
Como el camino hacia la fuente principal es de ripio y con tranqueras, este medio habló con gran cantidad de abogados de diferentes líneas políticas -algunos que ocupan u ocuparon cargos públicos-; recurrió a documentos oficiales y a opiniones calificadas. Hubo muchos que no contestaron el llamado cuando se enteraron el motivo de la consulta.
Es difícil obtener información sobre este «órgano de contralor extrapoder e independiente de la Administración Pública Provincial» (decreto 362/12) que ni siquiera tiene página web.
Antecedentes y designación
Gaitán fue designado fiscal de Estado el 13 de diciembre de 1999 por Jorge Sobisch, apenas asumió su segundo gobierno. El cargo se encontraba vacante y lo nombró «en comisión» hasta tanto la Legislatura le prestara acuerdo (la Constitución de entonces lo permitía).
La relación entre Sobisch y Gaitán venía de antiguo: había sido Asesor General en el último tramo de su primera Gobernación, desde octubre de 1994 a diciembre de 1995. Su recorrido por la administración pública incluye funciones como asesor en la subsecretaría del Menor y la Familia del ’89 al ’91 y en el Ministerio de Gobierno; fue director general de Asesoría del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y también trabajó en el Tribunal de Tasaciones de la provincia.
Los memoriosos recuerdan además un paso por el Concejo Deliberante durante la presidencia de Zulma Reina (1995/1999).
Para ocupar el cargo de fiscal de Estado se exigen los mismos requisitos que para ser vocal del Tribunal Superior de Justicia en cuanto a edad y antigüedad mínimas en el ejercicio de la profesión, pero la Constitución lo exime del aval de una mayoría agravada en la Legislatura. El pliego de Gaitán fue tratado el 29 de diciembre de 1999 en una sesión presidida por Jorge Sapag y recibió 21 votos a favor (del MPN y el PJ) y 13 en contra (de la Alianza, que por entonces gobernaba a nivel nacional).
El número Dos
Dos años después ingresaría por decreto a la fiscalía de Estado el abogado Alejo Bolan, quien con el tiempo se agregó el apellido de su madre: Reina, la expresidenta del Deliberante. Ella acaba de ser electa diputada provincial por la lista de Rolando Figueroa; él pasó de tener un contrato de locación de servicios en 2001 a ser designado por decreto, en 2020, coordinador general del organismo.
«Raúl y Alejo son uno solo. Hablar con uno es hablar con los dos», se escucha decir.
Quizá valga la pena recordar que Zulma Reina fue ministra en un gobierno de Jorge Sapag, y en 2010 su subsecretario fue Mariano Gaido. A Neuquén siempre lo caracterizó ese aire de calidez familiar.
Sólo juicios
«Lo más grave de la fiscalía de Estado, desde el punto de vista institucional, es que resignó el control de legalidad de la provincia y se dedica solamente a hacer juicios», opina un abogado ante una consulta para esta nota.
Repite, sin saberlo, uno de los ejes del debate legislativo en la sesión del 29 de diciembre de 1999. El entonces diputado de la Alianza Jorge Taylor dijo aquel día: «nuestra Constitución le asignó al fiscal de Estado una triple función: representar al Estado en los juicios; demandar la nulidad de toda ley, decreto, contrato y resolución contrarios a la Constitución o que, de cualquier manera, perjudiquen los intereses fiscales de la Provincia; e intervenir en los procesos que se formen ante el Tribunal de Cuentas. Es evidente que el fiscal de Estado sólo ha cumplido con la primera de las funciones que yo creo que, desde el punto de vista institucional, no es la más importante». Los problemas son circulares en la provincia.
Amplia competencia
¿Y en qué juicios interviene la fiscalía de Estado? Su competencia es amplísima.
Según la ley 1575 de 1984, «el Fiscal de Estado, como encargado de defender el patrimonio del Fisco conforme al articulo 136 de la Constitución Provincial, será parte legítima y necesaria en todos los juicios, cualquiera fuere su fuero o jurisdicción en que se controvierta y/o afecten directa o indirectamente los intereses de la Provincia, Municipios, Organismos Autárquicos, Entidades Descentralizadas, Sociedades del Estado, Empresas del Estado y Sociedades Mixtas. Su intervención procesal obligatoria se promoverá de oficio o a petición de parte».
Honorarios, ¿cuánto es el monto?
¿Y cuánto percibe por honorarios? Es uno de los secretos mejor guardados.
A través de diversas consultas, Río Negro pudo apenas raspar la superficie de esa caja multimillonaria.
La fiscalía de Estado tiene garantizado un ingreso anual que proviene de los juicios para el cobro de impuestos provinciales a deudores morosos, los llamados apremios fiscales.
Pertenecerán al fiscal del Estado los honorarios que a cargo del vencido devenguen cualquier representación judicial dependiente de la fiscalía de Estado, por sentencias consagratorias del derecho invocado por el fisco. Exceptúase de la presente al Poder Ejecutivo o alguna otra autoridad pública, en que no podrá haber condenación en costas».
Artículo 18, decreto ley 1290/62. Un abogado con oficio en litigar en varios fueros hizo una estimación a pedido de este diario. Explicó que cualquiera sea el monto de inicio de la demanda (que en la inmensa mayoría, no superan los 50.000 pesos), hay un honorario mínimo para el abogado que es de 7 jus, la unidad de medida arancelaria que representa el 1% del sueldo de juez de primera instancia.
A enero 2023 el valor jus era de 9.804,68 pesos, pero hay que actualizarlo con los aumentos salariales de marzo y abril. Es decir que 7 jus equivalían a 68.632,76 pesos.
Proyectos al cajón
Paréntesis: existieron dos proyectos para modificar esta percepción de honorarios regulada por la ley 1594, que ya se verá a cuánto asciende por el volumen de causas que maneja el organismo de Gaitán. Uno fue presentado en 2009 por las diputadas Soledad Martínez y Paula Sánchez, propiciaba acreditarlos al presupuesto de Salud.
El otro, de Lorena Parrilli presentado en junio del 2022, establece que los abogados percibirán «como máximo tres ius, los que no podrán exceder del 35% del monto del capital, aplicando el que resulte menor». Ambos fueron bloqueados por el Movimiento Popular Neuquino, dijeron las legisladoras Martínez y Parrilli; el primero ya perdió vigencia.
El piso de honorarios, hoy
En la práctica, Rentas (para seguir con el ejemplo) no otorga el libre deuda hasta que no esté saldado el pago de honorarios. «No está establecido pero es de práctica: los primeros pagos se imputan a los honorarios profesionales», dijo una abogada.
Si el contribuyente debe 12 cuotas de un impuesto, se le inician 12 juicios distintos, y le cobran honorarios por cada uno.
Los 102.000 pesos el contribuyente lo paga en dos etapas: la primera hasta la sentencia de trance y remate, después que ocurre la notificación y el embargo, y una segunda etapa desde la sentencia hasta el cobro efectivo después de hacer una planilla para sacar la plata embargada.
Calculadora en mano
Hora de sacar cuentas. La fiscalía de Estado interviene en unos 10.000 apremios por año (la cifra ha variado desde un piso de 8.000 hasta un techo de 15.000. Una investigación de este diario que abarcó hasta 2018 corrobora las estadísticas).
A razón de 102.000 pesos de honorarios por juicio, es una fuente potencial de honorarios que al cálculo de hoy supera los mil millones de pesos al año.
¿Cuánto es cobrable? Se habla de un 60% o 70%. Pero vale la pena tener en cuenta que la fiscalía de Estado no es un estudio de abogados cualquiera: no paga alquiler, empleados, insumos ni servicios. Todo eso lo afronta la Administración Central. Los honorarios que percibe son limpios de gastos.
Regalías mal liquidadas
Esto es lo que en la jerga se conoce como el quiosco de la fiscalía de Estado. Porque por otras ventanillas ingresan montos infinitamente superiores. Por ejemplo, los juicios por regalías mal liquidadas, que son la verdadera crema del negocio.
Quienes conocen la relación entre la provincia y las petroleras señalan que entre 2018 y 2021 hubo al menos 8 expedientes casi gemelos caratulados «Provincia del Neuquén c/ YPF SA s/ Apremio».
La estimación es que generaron no menos de 130 millones de pesos de honorarios para la fiscalía de Estado por litigar en primera instancia, Cámara y Tribunal Superior de Justicia. La cuenta la pagó la petrolera, porque cuando pierde la provincia, Gaitán no cobra.
La planta de personal
La planta de personal es otro secreto. Fue una de las preguntas que se le hicieron llegar a Gaitán. Hay estimaciones de que trabajan 120 abogados, pero corresponde que informe cuántos son de planta permanente, cuántos de planta política, cuántos contratados por la modalidad de locación de servicios, qué sueldo perciben y si cobran un porcentaje de los honorarios.
Lo que sí puede rastrearse es que la fiscalía de Estado no discrimina: ha contratado -lo sigue haciendo- profesionales de las más diversas ideologías.
También está documentado que salieron de ese organismo varios funcionarios judiciales: jueces y fiscales sobre todo. Ocurrió en la época en que Luis Manganaro era el hombre fuerte del gobierno de Sobisch.
Del mismo modo, ahora hay muchos apellidos conocidos en puestos estratégicos: algunos son parientes de los que antes ocuparon cargos políticos o en el Poder Judicial y están jubilados o a punto de. Se detectan además pases de la fiscalía de Estado a la Legislatura. Es parte de ese aire de calidez familiar.
Lo dicho; Raúl Gaitán y Alejo Bolan Reina tienen ojos y oídos en todos los rincones del Estado.
Para comentar esta nota debes tener tu acceso digital.
¡Suscribite para sumar tu opinión!
Suscribite