La situación que atraviesa el país, el agravamiento del contexto social en relación al desbarranque de la economía, el desinterés del gobierno nacional por dar una lucha a fondo contra el narcotráfico y la liberación de presos durante la pandemia, sólo por poner algunos ejemplos, tiene alto impacto en materia de seguridad. Pese a todo eso, Mendoza ha sostenido un plan de seguridad y una política criminal durante los últimos 7 años. Dicho sea, Mendoza no liberó a ningún preso con la excusa de la pandemia.

En materia de robos simples y hurtos también nos mantenemos con números inferiores a los de las gestiones anteriores, aunque durante el último año observamos una tendencia a la suba debido al contexto social que he explicado.

Nuestro plan a lo largo de estos años ha sido claro. Trabajamos para reconstruir el sistema policial, darle una estrategia y recomponer la autoridad policial. Mejoramos el reclutamiento y la capacitación, por eso hicimos mucho más exigente el ingreso al Instituto Universitario de Seguridad Pública.

Con la reorganización y profesionalización de la fuerza, entendimos que debíamos poner énfasis en cuidar a nuestra policía y protegerlos en su accionar, ya que las políticas abolicionistas ponían siempre al policía como victimario y eso implicaba dudas al momento de tener que intervenir.

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Luego vino una etapa de recursos básicos para la fuerza, recordemos cómo era la realidad hacia finales de 2015. No existía stock de municiones, los chalecos estaban vencidos y las movilidades obsoletas. No se compraban movilidades. Todo eso cambió.

Luego llegó la nueva etapa que aún estamos transitando. Se trata de la modernización de los recursos con una verdadera revolución tecnológica. La tecnología aplicada a la seguridad es la clave para optimizar la operatividad de la fuerza y la calidad de las investigaciones. Durante los primeros años se incorporaron elementos como identificadores biométricos, patrulleros tecnológicos, video vigilancia, identificadores de patentes y actualizamos el sistema informático policial, además de sancionar la ley 8.916 de Creación del Registro de Huella Genética y constituimos el Banco de huellas genéticas más importante del país, reconocido por su excelencia a nivel internacional, el cual nos permite un altísimo grado de resolución de casos.

La decisión política de mantener una inversión estratégica y continua en tecnología de vanguardia nos ha permitido dar un salto de calidad en equipamiento y sistemas informáticos implementados en forma exclusiva a la seguridad ciudadana y pública durante el período 2022-2023.

Nos encontramos en proceso de dar otro salto tecnológico de magnitud que tiene como objetivo reemplazar el Sistema de Emergencias 911 por un sistema más moderno, robusto e integrable, que mantenga las fortalezas del sistema actual y genere un cambio tecnológico que permita incrementar las prestaciones de un sistema neurálgico para Mendoza. Planeamos tener implementado el sistema a fines del 2023.

A su vez, estamos proyectando terminar el 2023 con 300 patrulleros tecnológicos operativos. En materia del sistema de biometría dactilar, en la actualidad contamos con 309 equipos operativos, distribuidos en toda la Provincia. Nos encontramos con una licitación pública en curso para adquirir 100 dispositivos más por lo que prevemos cerrar el 2023 con al menos 400 equipos operativos. Durante el 2022, se logró identificar a más de 1.000.000 personas de las cuales 3.183 se pusieron a disposición de la Justicia por tener alguna medida pendiente activa.

Hoy podemos decir que tenemos una de las fuerzas mejor equipadas.

En materia de seguridad, siempre queda por hacer. Por eso no podemos estar nunca satisfechos. Tenemos nuevos desafíos ya que la crisis aumenta la violencia y delitos de ocasión, pero estamos preparados y tenemos respuestas.

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Se implementó el proyecto de Ampliación y Reingeniería del Sistema de Video Vigilancia que tuvo como principales objetivos el reemplazo de cámaras obsoletas, la ampliación de puntos de visualización mediante la colocación de nuevas cámaras, la creación de 4 centros integrales de gestión y monitoreo de última tecnología, el reacondicionamiento de todos los centros de monitoreo departamentales, la incorporación de 700 cámaras con tecnología de punta, la incorporación de 100 cámaras con reconocimiento automático de matrículas, capaces de detectar y alertar sobre patentes buscadas por la Justicia de todo tipo de vehículos, incluidas motos. También la incorporación de tecnología de Inteligencia Artificial sobre las nuevas cámaras a través de analíticas de tipo predictivas y forenses y la posibilidad de incorporar al sistema provincial la visualización de cámaras de municipios y terceros. En total aspiramos a monitorear cerca de 3.000 cámaras en toda la provincia.

Durante el 2022, se sumaron dos drones con tecnología de vanguardia equipados con dos cámaras, una de ellas dual de alta resolución y con capacidad de visualización térmica radiométrica. Se encuentran en proceso de compra dos drones más con funcionalidades de última generación, manteniendo la practicidad y utilización específica para tareas policiales. De esta manera se alcanzaría el objetivo planteado al inicio del proyecto, que consiste en equipar a la Policía de Mendoza con al menos 8 drones. Durante el 2023 lograremos tener una flota de 9 drones operativos.

Todas estas innovaciones tienen el objetivo de combatir todo tipo de delitos, pero especialmente los vinculados al narcotráfico ya que este delito, aunque es federal, potencia a los otros tipos de delitos especialmente violentos.

En Mendoza no hemos perdido la batalla contra el narcotráfico, la seguimos dando y hemos desarticulado todas las bandas organizadas profesionalmente.

Ahora bien, una política de seguridad no se reduce a todos estos elementos imprescindibles, sino que también hay que sumarle una política criminal acorde las líneas estratégicas del combate del delito. En esta área, estamos en las antípodas del gobierno nacional, que pone las garantías de los delincuentes sobre las de la población en su conjunto.

Con el objetivo de terminar con la “puerta giratoria” y asegurarnos de que los delincuentes cumplan con sus condenas, se aprobaron varias leyes que reforman el Código Procesal Penal y de ejecución de la pena para garantizar que los detenidos sólo puedan gozar de beneficios si trabajan o estudian.

Hemos hecho una gran inversión en el Sistema Penitenciario ya que desde 2008 no se había creado una sola plaza nueva. Desde 2016 en adelante, se construyeron nuevos complejos y colonias penales con talleres de producción y aulas para educación, de manera tal que se pueda contener una mayor cantidad de detenidos. Así, duplicamos la cantidad de plazas y aumentamos en un 40% la cantidad de detenidos, o sea que hoy hay 2.000 presos más que antes salían por la denominada “puerta giratoria”.

Hoy estamos trabajando en un nuevo complejo penitenciario en el departamento Luján de Cuyo, que se está llevando a cabo en el distrito Cacheuta. La capacidad habitacional es de 390 plazas.

El mensaje es claro. En Mendoza no da lo mismo cumplir o no cumplir la ley y eso es determinante para asegurar la cohesión social, establecer un marco de certidumbre sobre el contrato esencial que forja la vida social, y sostener la armonía y la paz pública.