El Estado nacional prepara su desembarco en las represas hidroeléctricas privatizadas durante el gobierno de Carlos Menem, en la década de los ’90, y cuyas concesiones a 30 años comienzan a vencer a partir de agosto. Se trata de un negocio de entre 100 y 200 millones de dólares por año.

Según el sitio El Cronista, la decisión del Gobierno es que esas usinas sean propiedad de Nación por las inversiones que se hicieron en la década de los ’70 y ’80, aunque las provincias invocan la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que les transfirió la potestad de administración sobre los recursos naturales, como en el caso del agua, el petróleo y el gas.

Eventualmente, la Secretaría de Energía que encabeza Flavia Royón podría ceder la concesión de Operación y Mantenimiento a las empresas privadas como Central Puerto, Orazul Energy y las multinacionales AES (Estados Unidos) y Enel (Italia).

Hace unas semanas, la confirmación de Royón de que Nación se haría cargo de las represas generó un profundo malestar en Neuquén y Río Negro, que buscan captar la renta de las regalías, equivalentes al 12% de la energía eléctrica generada (en aquellas donde las plantas están en el límite de ambas provincias, es un 6% para cada una).

El 11 de agosto vencerá la concesión de las represas Alicurá (1050 MW de potencia, de AES), El Chocón (1417 MW, de Enel) y Planicie Banderita (472 MW, de Orazul), mientras que el 29 de diciembre será el turno de Piedra del Águila (1440 MW, de Central Puerto), que despachan energía eléctrica a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a un valor equivalente a entre 13 y 21 dólares por megavatio-hora (MWh), según fuentes del sector.

Diferentes criterios

Mientras la Nación desea bajar la remuneración para que las centrales hidroeléctricas no sean tan costosas, las provincias y los privados buscarán obtener una renta fija para obtener valor de los activos.

El Tesoro nacional remunera a los privados en pesos con una fórmula que en los últimos tres años perdió contra la inflación, por lo que obtuvo un ahorro fiscal en subsidios -al no trasladar el costo pleno a las facturas de hogares y comercios- pero retrasó inversiones prioritarias.

Solo estas 4 hidroeléctricas, sin contar las concesiones que caducan en los próximos años, suman 4379 MW y representan el 10% de la potencia instalada de todo el sistema eléctrico en la Argentina.

La empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) tomará las centrales a su cargo, posiblemente con una nueva sociedad compartida con las provincias y los privados. Fuentes de la industria aseguran que también las firmas que usufructuaron las represas tomaron con preocupación la decisión del Gobierno, ya que están perdiendo valor de sus activos. Una nueva concesión solo de Operación y Mantenimiento sería «puro riesgo, sin valor real», lamentó un ejecutivo.