El plazo para la postulación vencía esta semana y eso aceleró el proceso. Ahora -tal como estipula la normativa- el tema será eje de una audiencia abierta a la ciudadanía, y luego será tratado por la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado.

Si pasa esos filtros, el pliego llegará al recinto, donde el oficialismo tiene mayoría.

Gabriel Balsells Miró, titular de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública.jpg

El abogado y procurador Gabriel Balsells Miró.

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Qué es la oficina de ética pública

Se trata de un organismo que se creó en 2017 con el objetivo de «controlar el efectivo cumplimiento de las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública para su responsable, honesto, justo, digno y transparente desempeño«.

Para ello, se analizan las declaraciones juradas de bienes y se revisan las situaciones en las que puede haber, por ejemplo, superposición de cargos.

Balsells Miró asumió por primera vez propuesto por el entonces gobernador Alfredo Cornejo. Y no era un novato. Ha sido diputado provincial en el periodo 2015-2018, miembro titular integrante del Consejo de la Magistratura, docente universitario, director de Asuntos Legales de la Ciudad de Mendoza, concejal de la Ciudad; y subsecretario de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, entre otros cargos.

Ahora el nuevo pliego ingresó a la Legislatura. La audiencia pública podría realizarse la semana que viene y la votación -previo despacho de la comisión de LAC- tendría lugar durante la siguiente.

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Algunos debates

Son varios los casos en los que la Oficina dio su opinión. El más reciente es el del médico y concejal de Tunuyán Luis López (UCR), quien según un dictamen de Balsells Miró incurría en superposición de cargos al trabajar en el Concejo Deliberante y en centros de salud. En consecuencia, se lo emplazó a abandonar uno de los dos cargos. López se decidió por la política y tras las PASO del 30 de abril se convirtió en candidato a intendente por Cambia Mendoza.

Pero no fue el único al que se emplazó a dejar trabajos por incompatibilidad. Otro concejal de Tunuyán, Marcelo Vidal (Frente de Todos), también tuvo que renunciar a su cargo en el hospital Scaravelli.

Y otro peronista, el guaymallino José Pozzoli -que era subgerente de Centro Regional Andino del Instituto Nacional del Agua-, debió abandonar el cargo nacional para centrarse en su rol como edil de su comuna.

Sólo en 2022, ingresaron a la oficina 971 pedidos. De esos -de acuerdo a números oficiales- el 91% tuvo respuesta efectiva, casi siempre dentro de los plazos legales.

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