En su denuncia, el legislador de Juntos por el Cambio reseñó que «en un acto público realizado en el programa provincial «Por nuestra gente, todo», cuyo objetivo es utilizar todos los recursos estatales para la campaña electoral para la octava reelección como gobernador, realizado en la localidad de Pozo de Maza, el gobernador Gildo Insfran se refirió al ciudadano Félix Díaz sosteniendo que «Tengo la desgracia de tenerlo a ese tipo de vecino…», «…Ahora es macrista… Por favor!! Si ese es el dirigente que lo maneja a ustedes..: déjense de embromar!…», «…Ya se volvió porteño, y los porteños nunca lo van a aceptar. Por más que quiera ser porteño va a seguir siendo indio…».
Carbajal explicó al INADI que Insfrán concretamente «se refirió en estos términos respecto al Sr. Felix Diaz que es públicamente conocido por ser un referente de los pueblos indígenas del norte argentino».
También aludió a un acto «de campaña política en la localidad «El Potrillo», el pasado 2 de mayo, donde el Gobernador, en su discurso se refirió de manera discriminatoria y despectiva hacia los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, llamándolos «porteños», precisando que «en sus dichos refirió que «…los porteños son unos reverendos hijos de su madre…».
Carbajal aseguró que «no es la primera vez que Insfrán se refiere de manera racista hacia los pueblos originarios, y de manera despectiva y violenta hacia ciudadanos de otra región de nuestro país, sino que viene de larga data».
En un tramo de los fundamentos de su denuncia, Carbajal sostiene que «la acción llevada adelante por el Sr. Gildo Insfrán encuadra directamente en un acto discriminatorio, desigual y, en consecuencia, es una violación a la Ley 23.592 y a los principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos con Jerarquía constitucional».
«Este tipo de conductas son especialmente graves, ya que generan un clima de exclusión y de violencia que atenta directamente contra la dignidad de las personas. El Estado tiene el deber de perseguir estos delitos y en consecuencia, respetar y garantizar a todas las personas el ejercicio de los derechos humanos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición social», exigió el legislador nacional.