El Gobierno concretó el llamado a audiencia pública para sostener a Gabriel Balsells Miró como titular de la Oficina de Ética Pública hasta 2028. Se concretará el próximo miércoles 24 de mayo en el auditorio del Edificio Margarita Malharro de Torres, en la Legislatura. Lo hizo a través de un llamado que se publicó este viernes en el Boletín Oficial de la provincia.
La solicitud fue hecha por el gobernador Rodolfo Suarez días atrás, pensando en prorrogar titularidad del ex senador al frente de ese organismo, que fue creado durante la gestión de Alfredo Cornejo, en 2018, y hasta ahora sólo ha tenido un único referente principal.
Su siguiente paso es avanzar hacia el interior de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, que es el espacio donde deben continuarse las tratativas para oficializarlo en el cargo.
“Se invita a la audiencia pública, en virtud del pedido de acuerdo elevado para designar auditor general de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública al Dr. Carlos Gabriel Balsells Miró. Podrá participar el público en general, pero sólo se concederá la palabra a quienes oportunamente hayan formulado adhesiones o impugnaciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 Bis”, reza el llamado, que al pie lleva la firma del senador Marcelo Rubio.
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Balsells Miró, a cargo de la Oficina de Ética Pública.
La Oficina de Ética nació hace cinco años, y de acuerdo a su misión institucional, debe velar por la transparencia en todas las áreas del Estado de Mendoza. Registra la evolución patrimonial de todo sujeto obligado a presentar esos datos, las investigaciones administrativas sobre dinero público y la vigilancia de que se cumplan los accesos a información pedidos por dirigentes y ciudadanía.
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Qué necesita el Gobierno para designar a Balsells Miró
Para volver a designar a Balsells Miró como auditor, el Gobierno debe hacer el llamado a la audiencia pública, y este es el primer paso para más tarde buscar el acuerdo del Senado. De ser favorable para el oficialismo esa instancia, el nuevo período lo tendría al frente de la entidad hasta mayo del 2028 (es decir, durante los primeros diez años completos desde que fue creada, el 14 de mayo de 2018). Sólo puede ser removido a través de un Jury de Enjuiciamiento.
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El Senado será la instancia donde se defina la última palabra sobre esa prórroga.
Su ámbito de acción es la totalidad del arco estatal: desde los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– hasta organismos descentralizados, entes reguladores, de control, administraciones municipales y concejos deliberantes de los 18 departamentos. Además, pone la lupa sobre representantes sindicales dentro del sector público y sobre privados que funcionen o hayan funcionado como proveedores del Estado.
Además del mencionado auditor, Ética Pública tiene una Coordinación de Relaciones Institucionales, una dirección de Informática, que está a cargo de Alejandro La Micela, y una dirección de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales, que está a cargo de Javier Fernández. A eso se suman órganos dedicados a tareas como el seguimiento de causas y sumarios y el tratamiento de pedidos de acceso a información pública.