Continúan las repercusiones por los disturbios ocurridos el último domingo en el boliche Zaigua, ubicado en Alto Comedero, donde estudiantes se descompensaron, otros terminaron demorados y finalmente, el local terminó clausurado. 

A la clausura preventiva e inmediata del boliche que se aplicó en la mañana de este martes, se suma la investigación para determinar las responsabilidades por la organización del evento pero también la justicia busca identificar a las personas que difundieron noticias falsas sobre los incidentes.

Minutos después de los disturbios en el boliche Zaigua, en algunas cuentas de redes sociales se afirmaba que por el tumulto y el gas pimienta había personas fallecidas, incluso se aseguraba que eran tres los muertos.

Por esto motivo, el ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy, Luis Martín, solicitó a la justicia penal que avance en la investigación para determinar la identidad de las personas que difundieron contenido falso.

«Le he pedido también a la justicia que actúe contra estos individuos malintencionados. Hablaban de tres muertos. Ya lo estaban despidiendo a Juancito a Pedrito que en paz descansen, actitudes totalmente reprochables. Es un hecho en donde no se puede jugar con la vida ni con la salud de las personas», expresó el titular de la cartera de Seguridad.

En ese sentido, el funcionario provincial aseguró que «estos individuos de las redes sociales muchas veces sensacionalistas y oportunistas serán citados a declarar para que se tomen las medidas que correspondan«.

Cabe recordar que quienes elaboren o den difusión a contenidos falsos incurren en el delito penal de «Intimidación Pública», cuya pena va desde los dos a los seis años de prisión efectiva, tal como lo prevé  el Código Penal de la Nación Argentina.

Clausuraron el local bailable de Alto Comedero donde se produjeron los incidentes

En la mañana de este martes y con la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia, Luis Martín, se clausuró el local bailable de Alto Comedero donde se produjeron los incidentes en el marco de una fiesta a la que asistieron cientos de estudiantes secundarios.

«La guerra de las promos», como se denominó al evento, finalizó con menores de edad descompensados y algunos demorados.

La fiesta que inició en horario de la tarde del domingo culminó luego de que el local excediera la capacidad autorizada y los responsables del boliche decidieran cerrar las puertas para evitar el ingreso de más estudiantes.

Alrededor del local bailable quedaron sin ingresar más de 200 menores de edad con entradas en mano, que al verse impedidos de ingresar, protestaron y algunos de ellos arrojaron piedras al edificio y al personal policial.

En esas circunstancias es que presuntamente personal de seguridad privada de Zaigua arrojó gas pimienta para apurar la salida de los estudiantes que estaban dentro del local y fue allí que se produjo una estampida de jóvenes que huían de los efectos del gas.

Por el tumulto, cinco menores se descompensaron y tuvieron que ser atendidos por el Same. Además, dos menores y uno mayor de 18 años fueron demorados por arrojar piedras y destrozar un móvil policial.

En la clausura del boliche estuvo presente el ministro de Seguridad de la Provincia, Luis Martín, quien manifestó que se investigan los hechos ocurridos el domingo por la noche. «Vamos a tratar de constatar una serie de contravenciones e irregularidades. Se va actuar con la justicia penal para analizar cuál es la tipificación de delitos que le pudiera caber al duelo del local y a los responsables del boliche».

«Hay niños que dicen que no los dejaban salir y eso podría configurar una privación ilegítima de la libertad. También hubo tumultos en el interior del boliche pero todo esto está supeditado a lo que disponga la justica penal tanto el juez de control como el fiscal especializado a este tipo de eventos», explicó el ministro de Seguridad.

Respecto a la documentación que sustenta la acción penal contra el dueño del boliche y los responsables del evento, Martín aseguró que «sobran las pruebas y los testimonios de menores de edad».

«Se van a tomar todas las medidas, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias tanto en el ámbito administrativo como en el penal para dirimir las respetabilidades que le pudieran corresponder a cada persona que tuvo alguna participación en la organización del evento«, subrayó el funcionario provincial.

Por último, respecto a las posibles imputaciones y condenas que le pueden corresponder a los responsables del evento, el ministro de Seguridad recalcó que son penas bastantes severas porque tumulto y privación ilegítima de la libertad son delitos que no son excarcelables.