La decisión del Gobierno de promover la nacionalización del litio, esto a través de un proyecto de ley que cobró forma a inicios de esta semana, ya encendió críticas y una reacción de rechazo en el ámbito de las mineras. El intento del Frente de Todos por declarar «recurso estratégico» al metal rápidamente cosechó el rechazo de entidades como la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que señaló a la propuesta como un marco que alejaría las inversiones en el sector además de remarcar que Nación no tiene potestad para definir el destino de las reservas detectadas en el subsuelo de varias de las provincias del norte.
El martes pasado, diputados nacionales del Frente de Todos, encabezados por el dirigente de la Corriente, Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, presentaron oficialmente un proyecto que propone declarar «recurso estratégico» a las reservas naturales que contengan litio.
«Es imprescindible que tomemos en nuestras manos la defensa de nuestra soberanía, y protejamos los intereses nacionales referidos a este recurso natural estratégico y avancemos en medidas concretas que permitan la industrialización en origen con los debidos resguardos ambientales y de respeto a los pueblos originarios», dijo Alderete respecto de la iniciativa.
Según el legislador, «esto no sólo es necesario, sino que es posible. Es el momento de romper con el modelo extractivista-exportador, modificar el código minero, modificar la ley de Inversiones Mineras y avanzar con un modelo de desarrollo nacional y de defensa de nuestra soberanía».
Nacionalización del litio: la propuesta de Alderete
El proyecto en cuestión declara «de interés público nacional la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados».
Establece, además, que todas las «concesiones ya otorgadas sobre el mineral litio, constituidas a favor de empresas privadas con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, están plenamente alcanzadas por la presente y deberán acogerse a sus disposiciones y normas que la reglamenten en el plazo de un año a partir de su promulgación».
Las empresas se oponen a la presencia estatal en el negocio del litio.
Durante la presentación de la propuesta de ley, Alderete remarcó: «Podemos decir que los monopolios extranjeros se llevan el litio y pagan migajas. No sólo no lo industrializamos en nuestro país, sino que nos saquean dejando contaminación y se lo llevan a precio de remate. Estamos regalando ese oro blanco».
Del lado de las mineras, la respuesta no se hizo esperar. Franco Mignacco, titular de la CAEM, aprovechó la presentación de la próxima edición de la exposición Arminera para explicitar la posición del sector ante el proyecto de Alderete.
«La región del NOA necesita inversiones para desarrollar la minería y estas se verían amenazadas por los proyectos de ley que buscan declarar de interés público al litio«, declaró el directivo, quien también remarcó que el nicho del metal atraviesa un momento de «estabilidad en las inversiones aunque el precio del mineral sigue muy volátil».
Litio: las mineras se oponen a la nacionalización
«Esperemos que no le den tratamiento porque impactaría directamente al desarrollo de la industria. Las provincias son las dueñas de los recursos», enfatizó Mignacco, en referencia a la propuesta de nueva normativa.
«Vemos al segmento del litio con un precio volátil, atado a los vaivenes mundiales. Es un momento en que las caídas bruscas afectan los precios, pero esto no pone en riesgo el desarrollo que tiene Argentina con dos minas en producción y ampliación, con seis en construcción y con nueve proyectos en etapa avanzada», añadió.
CAEM también viene de criticar la decisión de La Rioja de considerar estratégica la explotación de las reservas de litio detectadas en ese territorio. A principios de año, la entidad rápidamente mostró su oposición al intervencionismo provincial, reacción que ahora hizo extensiva ya al ámbito de Nación.
En ese momento, la entidad condenó la suspensión de permisos de exploración y las concesiones otorgadas en ese distrito previo al cambio de status legal dando señalando que decisiones de ese corte impacta «no sólo a las empresas que ya confiaron en la provincia, sino, además, generando señales negativas que atentan contra potenciales inversores, frenando la posibilidad de producción y generación de divisas…».
Un aspecto particular del negocio del litio radica en que, más allá de las declaraciones de inversiones efectuadas y por venir, los empleos creado y por generar, y la perspectiva de crecimiento general que pregona el sector minero, Catamarca, Jujuy, Salta y La Rioja, las provincias que hoy concentran el interés por la explotación del material, siguen ubicándose entre los distritos más pobres de la Argentina. Según estadísticas divulgadas por el INDEC a fines de marzo, en dichos territorios dicho flagelo creció 7 puntos respecto del año pasado.